El conflicto en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía ha escalado a la arena política tras la reciente irrupción de un contingente policial en el área protegida. El operativo, que buscaba dispersar a los sectores que custodian el ingreso a la reserva, ha generado una ola de rechazo entre diversas fuerzas políticas que buscan frenar las operaciones de la petrolera Petrobras en la zona.
Medidas legales y legislativas en marcha
La diputada por la Alianza LIBRE, Lissa Claros, fue enfática al señalar que se activarán todas las herramientas legales y legislativas necesarias para detener el avance extractivo. Según la legisladora, los enfrentamientos son una consecuencia directa del Decreto Supremo 5503, normativa que, aseguran, vulnera el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas originarias.
Por su parte, desde la Alianza Popular, Rolando Pacheco, confirmó que, una vez se retomen las sesiones legislativas la próxima semana, el debate sobre este polémico decreto será prioridad. La propuesta incluye:
Agendar el análisis técnico de la normativa.
Elaborar un proyecto de ley para su abrogación total.
Como alternativa, plantear la modificación de los artículos que atentan contra los derechos territoriales.
Críticas al silencio del Ejecutivo
Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana María Crispín, dirigió los cuestionamientos directamente al primer mandatario, a su criterio el equipo técnico que lo acompaña está haciendole cometer errores. Así también, Crispín criticó la falta de transparencia del Presidente, señalando que, si bien la disposición podría arrastrarse de gestiones pasadas, el actual jefe de Estado tiene la potestad y la responsabilidad de dejar sin efecto el ingreso de Petrobras para proteger el ecosistema.
Resistencia en el territorio
Mientras en la ciudad de La Paz se preparan las batallas legales, en Tariquía la resistencia civil se mantiene firme. Los comunarios y activistas han declarado que permanecerán en vigilia a la espera de que las autoridades nacionales respeten la Constitución Política del Estado (CPE).
La demanda central de los movilizados es clara: no se permitirá ninguna actividad de exploración o explotación de recursos naturales sin que se cumplan los procedimientos legales de consulta con los habitantes ancestrales de la zona.
RAMIRO CHARCAS
PERIODISTA DEL SISTEMA RTP
