
La seguridad y las condiciones de vida en los centros penitenciarios vuelven a estar bajo cuestionamiento: la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, observó el trabajo del Ministerio de Gobierno y de las instituciones encargadas de administrar justicia, tras el ataque armado registrado el miércoles 18 de noviembre en el bloque C del penal de máxima seguridad El Abra, en Sacaba, Cochabamba.
El atentado tuvo como objetivo al exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien logró salir ileso luego de refugiarse en el baño de su celda. El hecho abre nuevamente el debate sobre los controles y las garantías de seguridad para las personas privadas de libertad.
Ugarte también expresó su preocupación por la vulneración de derechos debido al incumplimiento del Jubileo penitenciario, situación que se suma a las protestas registradas el 11 de noviembre en el penal de Chonchocoro y al hacinamiento que enfrentan los recintos de San Pedro y Calahuma, en La Paz, donde realizó inspecciones en la víspera.
La representante cuestionó que, mientras se habla de justicia y rehabilitación, persistan problemas que afectan la dignidad de los internos y sus posibilidades de acceder a condiciones adecuadas dentro de las cárceles.
YENNY TICONA
PERIODISTA DEL SISTEMA RTP