Por Waldo Albarracín Sánchez
En Bolivia el 10 de octubre se celebra el Día de la Democracia, recordando que, precisamente en esta fecha, en 1982, se marcó un hito importante en la historia política del país, al jurar como presidente de la república ante el Congreso Nacional, un ciudadano elegido a través de procedimientos constitucionales, poniendo fin a las dictaduras militares que vulneraron los derechos humanos, que además dejaron como legado una crisis económica muy difícil de resolverla los años posteriores.
Desde entonces, transcurrieron varios gobiernos civiles que en su momento gozaron del respaldo ciudadano en las urnas para legitimar su estadía en el poder, sin embargo, la democracia no se consolida con la simple elección de candidatos, sino con la aplicación de una política de estado tendiente a la construcción de un sistema que genere igualdad de derechos y oportunidades, resguardo de las garantías constitucionales, extinción de toda forma de discriminación, transparencia en el manejo de la cosa pública, un sistema de justicia cuyos operadores gocen de la confianza y credibilidad ciudadana, independencia de poderes y respeto a los derechos humanos.
La sociedad política, independientemente de las siglas y tendencias, gobiernos de izquierda o de derecha, tiene una deuda con el pueblo boliviano, entendiendo que la democracia genuina, implica la consolidación de un conjunto de objetivos lo mismos aún no realizados, justamente por la mezquindad de los diferentes gobernantes que en su estadía en el poder, optaron por privilegiar intereses propios, en desmedro de las aspiraciones democráticas de toda una nación.
De las asignaturas pendientes mencionadas en el párrafo anterior, es importante concentrarnos en lo que preocupa a la ciudadanía en la actual coyuntura, el sistema de justicia y las instituciones cuyas atribuciones guardan relación con el tema, especialmente por lo que viene aconteciendo en el Ministerio Público, con las acciones penales instauradas contra el hasta hace poco Fiscal General del Estado, el Fiscal Departamental de Santa Cruz y otras autoridades.
Preguntarán, qué tiene que ver el título de este artículo con el encarcelamiento de estas personas?, mucho, porque el Art. 225 de la Constitución Política del Estado establece que: “El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública…” . Se prevé también el carácter autónomo e independiente de la referida institución. Ello significa que la persona que ejerza el cargo de Fiscal General, así como las funciones de Fiscal Departamental, incluido los fiscales de materia, debe ser la más idónea, en lo concerniente a calidad profesional, conocimiento jurídico, ética profesional, vocación de justicia y sensibilidad humana.
Resulta que estos requisitos son los que menos primaron en la elección del Fiscal General, quién ahora está preso, la prueba de lo afirmado radica precisamente en que está sometido a una acción penal, encarcelado por estar vinculado directamente con delitos de gran envergadura, como lo es la protección al narcotráfico, distorsionando sus altas funciones, lo mismo que sus compinches.
Surge la pregunta: QUÉ INSTITUCIÓN ELIGE AL FISCAL GENERAL, Respuesta: La Asamblea Legislativa Plurinacional. Cabe cuestionarnos: Con qué referencias. Al respecto, vale la pena recordar que, esta vieja y mala costumbre del Congreso de elegir al Fiscal General, bajo referentes negativos, no es responsabilidad exclusiva del MAS, antes de Evo también la elección para llenar este cargo de alta jerarquía, obedecía a intereses políticos.
Por consiguiente, la responsabilidad de este gran problema que hace daño y es uno de los factores que impide construir una democracia genuina, está en la misma sociedad política, hay responsabilidad compartida de todas las tendencias. Por ello muchos colegas abogados, de manera oportunista van cambiando de color para llegar al Ministerio Público y a la magistratura del Órgano Judicial, recorren desde la ultra izquierda hasta la ultra derecha, porque saben que, subiéndose al caballo del corregidor, encuentran el camino más expedito para copar estos espacios.
Por su parte los gobiernos y demás protagonistas políticos, ante la necesidad de ejercer control y dominio sobre estas instituciones, cierran el paso a juristas honestos, con ética profesional y vocación de justicia, pues un apóstol del derecho no aceptará instrucciones o presión para torcer fallos judiciales o requerimientos fiscales, por tanto, buscan los perfiles más nefastos, juristas comprables, sobornables, susceptibles de ser presionados o incentivados económicamente. Así lo hizo el MAS en los 20 años y los anteriores también, salvando honrosas excepciones como el caso del primer Tribunal Constitucional.
Finalmente preocupa que el Fiscal General Interino, en lugar de ir contra este tóxico procedimiento, incurra en el error de elegir fiscales departamentales que actualmente forman parte de una estructura institucional absolutamente contaminada, cuando de lo que se trata es de promover un cambio profundo en el Ministerio Público, alejando de dicha entidad a los responsables de este deterioro institucional.
Por este tipo de decisiones es que la democracia como forma de convivencia idónea y justa, seguirá siendo una quimera en Bolivia.