El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, denunció este miércoles ante la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que los bloqueos de caminos, que se extendieron en Bolivia por más de 50 días por parte de sectores radicales, dejaron de ser un mecanismo de presión para el diálogo y pasaron a operar como instrumento para paralizar el país.
Durante su intervención en la asamblea, Aramayo informó que durante las últimas semanas, Bolivia atravesó un periodo sostenido de conflictividad social que afectó la libre circulación de personas, el abastecimiento de bienes esenciales, el transporte, la actividad económica y, en general, la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
El conflicto comenzó como ocurre en toda democracia, con demandas diversas y, en muchos casos, legítimas. Pero lo que se vio fue algo más. Con el paso de los días, el eje del conflicto dejó de centrarse únicamente en esos reclamos y comenzó a desplazarse hacia una confrontación política de mayor profundidad. A medida que el Estado fue generando respuestas, la conflictividad no disminuyó; por el contrario, se intensificó.
“Los bloqueos dejaron de ser un mecanismo de presión para el diálogo y pasaron a operar como un instrumento para paralizar al país, afectar el abastecimiento, exacerbar el malestar social y generar un costo político creciente”, denunció.
Señaló que, en ese escenario, se puso a prueba algo esencial, la capacidad del Estado democrático de gestionar el conflicto sin quebrar el orden constitucional.
“Y en ese contexto, naturalmente, y dado lo ocurrido recientemente en Bolivia, lo que vemos es que se refleja con claridad los desafíos que hoy ocupa a esta Asamblea. Nos muestra de manera concreta cómo la defensa de la democracia, la estabilidad institucional y la capacidad de nuestros Estados para responder a crisis complejas están profundamente interconectadas”, señaló.
Subrayó que ello recuerda también que frente a escenarios cada vez más dinámicos y exigentes, ninguna democracia puede sostenerse en soledad y que el fortalecimiento de la cooperación sigue siendo un elemento indispensable para preservar la gobernabilidad y la convivencia en “nuestra región”.
“Por esa razón, Bolivia ha promovido en el marco de esta Asamblea una reflexión sobre los desafíos que enfrentan nuestras democracias cuando la conflictividad prolongada afecta simultáneamente a la institucionalidad democrática y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales”, sostuvo.
Añadió también que, durante estos más de 50 días de crisis en Bolivia, el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrentó una dificultad adicional, propia de una realidad distinta a la que conocieron generaciones anteriores.
“Me refiero a un escenario de creciente polarización social amplificada por el debate en redes, en el que el desacuerdo dejó de ser únicamente político para adquirir una dimensión profundamente emocional. En ese contexto, no solo se vivió una situación difícil de aceptar en sentido del reconocimiento de la opinión del otro, sino incluso convivir con ella, debilitando la posibilidad misma del diálogo”, puntualizó.
Remarcó que esta dinámica generó un “treno fértil” para la desinformación y la manipulación de la opinión pública, endureciendo posiciones y agregando complejidad a la gestión de la crisis.
Frente a ello, el gobierno optó, en una primera instancia, por la prudencia, priorizó el diálogo, buscó diferenciar entre quienes expresaban demandas legítimas y quienes impulsaban una lógica de ruptura, y evitó una escalada temprana en el uso de la fuerza.
“Esa decisión no fue casual. Responde a una convicción profunda. En democracia, el uso de la fuerza no puede ser el punto de partida, debe ser siempre el último recurso. Pero también es cierto que una democracia no puede sostenerse si acepta que las diferencias políticas se impongan mediante la coerción territorial y la afectación sistemática de los derechos de terceros”, enfatizó.
Continuó: “Y aquí un punto fundamental. La protesta pacífica es un derecho. La libertad de expresión es un derecho. La participación es un derecho, sin duda alguna. Pero también lo son la libre circulación, el acceso a la salud, a los alimentos, al trabajo y a la seguridad. Los derechos humanos no son selectivos, son integrales”.
Resaltó que cuando ambulancias no pueden circular, faltan medicamentos, se interrumpe el abastecimiento, se inmoviliza ciudades enteras, el conflicto deja de ser una expresión de un derecho y se convierte en una colisión entre derechos fundamentales.
“Y en ese punto es donde el Estado tiene la obligación de actuar. Por eso la experiencia reciente nos obliga a reflexionar sobre una pregunta que trasciende a Bolivia e interpela a todas nuestras democracias. ¿Cómo garantizamos al mismo tiempo la participación, la protesta y la expresión de las diferencias junto con el funcionamiento efectivo del Estado y la vida colectiva? Esto no es un debate teórico, es un desafío práctico que atraviesa hoy todo el hemisferio”, reflexionó.
Aramayo emitió estas declaraciones durante su intervención en la 56 Asamblea General de la OEA que se lleva a cabo en la ciudad de Panamá, entre el lunes y este miércoles, en un contexto en el que Bolivia enfrentó más de 50 días de bloqueos de caminos, entre mayo y junio. Tras la emisión del decreto de Estado de Excepción, la medida fue levantada y el país comienza a retornar, de manera paulatina, a la normalidad.
(ABI)
