Tras el colapso del pacto de paz de 2022, una inédita y heterogénea alianza insurgente de siete milicias encabezada por el Tigray busca derrocar al primer ministro Abiy Ahmed. El conflicto amenaza con internacionalizarse y arrastrar a todo el Cuerno de África a una conflagración sin precedentes.
La frágil tregua que en noviembre de 2022 detuvo una de las conflagraciones más mortíferas del siglo XXI ha saltado por los aires. En la madrugada del pasado 23 de septiembre de 2026, las fuerzas armadas del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) lanzaron una amplia y coordinada ofensiva en el norte de Etiopía, tomando el control de tres aeropuertos estratégicos regionales —Mekelle, la capital tigrayana, Axum y Shire—, forzando la suspensión inmediata de todos los vuelos comerciales de la aerolínea estatal Ethiopian Airlines y extendiendo los combates a las vecinas regiones de Afar y Amhara. Mientras las autoridades de Tigray justifican las operaciones militares como una “guerra defensiva” ante los constantes e incrementados ataques federales con drones, el Gobierno central del primer ministro y galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2019, Abiy Ahmed, califica el movimiento de “ofensiva total” e irresponsabilidad absoluta. En esta nueva conflagración, el mapa de lealtades políticas se ha invertido por completo: milicias y facciones que hace apenas cuatro años se enfrentaban a muerte en el campo de batalla combaten hoy unidas bajo una misma bandera contra el poder central de Adís Abeba.
Una geografía clave para el equilibrio regional
Etiopía es un gigante demográfico y geopolítico de más de 120 millones de habitantes, lo que lo convierte en el segundo país más poblado de África y en el corazón gravitacional del Cuerno de África. Su relieve, dominado por el vasto macizo etíope cortado de norte a sur por el Gran Valle del Rift, configura tanto una barrera natural como un complejo mosaico de microclimas y etnias aisladas. La nación es, además, la cuna del Nilo Azul, cuyas fuentes en el lago Tana aportan la inmensa mayoría del caudal que fluye hacia el norte, haciendo del control hídrico un asunto de vital importancia estratégica.
Desde que Eritrea se independizó en 1993, Etiopía se convirtió en un Estado mediterráneo, sin acceso directo al mar. Esta limitación geográfica ha condicionado de manera severa su política exterior y comercial, obligando al país a depender de forma crítica de la infraestructura portuaria de Yibuti, por donde transita prácticamente el 95% de su comercio internacional y abastecimiento de combustible. La estabilidad de Etiopía es el pilar sobre el que descansa el delicado equilibrio de la región; limita con Eritrea, Sudán, Sudán del Sur, Kenia, Somalia y Yibuti. Cualquier fractura de sus fronteras desencadena de inmediato un efecto dominó de refugiados, tráfico de armas e inestabilidad en zonas vulnerables como el estrecho de Bab el-Mandeb y la cuenca del mar Rojo.
Las raíces del colapso: la quiebra de Pretoria
Para comprender la magnitud de la crisis actual es necesario remontarse al estallido de la guerra civil de 2020-2022. Durante casi tres décadas, entre 1991 y 2018, el TPLF dominó con mano de hierro la coalición del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope que gobernó el país tras la caída de la dictadura del Derg. A pesar de representar a una minoría étnica que apenas conforma el 6% de la población nacional, la elite tigrayana concentró el poder político, militar y económico de la federación. Esta hegemonía se quebró con la llegada al poder de Abiy Ahmed en 2018, un político oromo que disolvió la antigua coalición, fundó el Partido de la Prosperidad y comenzó un proceso de recentralización y desplazamiento de los líderes tigrayanos.
Las crecientes fricciones desembocaron en noviembre de 2020 en una devastadora guerra civil que atrajo la intervención militar de la vecina Eritrea y de milicias amharas del lado federal. Aquel conflicto dejó un saldo trágico estimado en 600.000 muertos —principalmente a causa de la hambruna y el bloqueo humanitario— y más de cinco millones de desplazados internos. En noviembre de 2022, el Acuerdo de Paz de Pretoria, auspiciado por la Unión Africana, puso fin formalmente a las hostilidades, disponiendo el cese del fuego, el desarme paulatino del TPLF y el restablecimiento de la autoridad federal.
Sin embargo, el Acuerdo de Pretoria contenía gérmenes de su propia destrucción al excluir de las mesas de negociación a dos actores clave: el Gobierno de Eritrea y las fuerzas milicianas de la región de Amhara. Los territorios del oeste de Tigray continuaron bajo ocupación militar amhara, el proceso de desarme quedó incompleto y cerca de 750.000 desplazados tigrayanos se vieron imposibilitados de retornar a sus hogares. El detonante final sobrevino en 2025 y 2026, cuando el Gobierno federal intentó integrar a la fuerza a las unidades de seguridad regionales dentro de la estructura militar nacional y desplegó sistemáticos ataques con drones contra supuestos objetivos en Tigray. En mayo de 2026, la facción dura del TPLF restauró a Debretsion Gebremichael como presidente regional, rompiendo toda colaboración con la administración interina impuesta desde la capital.
Radiografía del frente rebelde y de las fuerzas federales
El mapa del conflicto actual destaca por su notable complejidad ideológica y territorial. La ofensiva de septiembre de 2026 fue precedida por el anuncio, el 20 de septiembre, de la formación de la Alianza de Fuerzas de los Pueblos Etíopes por la Supervivencia, conocida popularmente como la “Alianza de los 7 Ejércitos”. Esta heterogénea coalición agrupa a organizaciones insurgentes de seis regiones diferentes con el objetivo explícito de derrocar al Ejecutivo de Abiy Ahmed e instaurar un gobierno de transición:
- Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF): Encabezado por Debretsion Gebremichael y con Amanuel Assefa como vicepresidente, constituye el núcleo con mayor disciplina militar y experiencia táctica del frente. Aporta las curtidas Fuerzas de Defensa de Tigray (TDF) y el control operativo de la provincia septentrional. La formación ha declarado que el pacto de Pretoria carece de validez tras la ruptura de compromisos por parte de Adís Abeba.
- Movimiento Nacional Amhara Fano: Dirigido por Zemene Kassie —quien actúa como portavoz de la alianza—, agrupa a milicias nacionalistas de la segunda región más poblada del país. Paradójicamente, Fano luchó del lado del Gobierno federal contra Tigray en la guerra de 2020-2022. Sin embargo, se levantó en armas contra Abiy Ahmed en 2023 cuando el Ejecutivo buscó desarmar a las fuerzas regionales. Su ideología combina la defensa radical de la identidad amhara y la reivindicación de disputas territoriales.
- Ejército de Liberación Oromo (OLA): Dirigido militarmente por Jaal Marroo, sostiene desde 2018 una insurrección armada en Oromia, la región con mayor superficie y población de Etiopía. Reclama la autodeterminación del pueblo oromo y combate el modelo recentralizador de Adís Abeba.
- Frente Revolucionario de Unidad Democrática Afar (ARDUF / Ugugumo): Liderado por Ibrahim Osman Aliyu, opera en la franja nororiental. Su participación es fundamental para el avance insurgente hacia las localidades fronterizas de Abala, Erebti y Berhale, con la meta implícita de asfixiar las vías terrestres de suministro federal.
- Fuerzas suplementarias de la Alianza: La coalición la completan el Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF, de la región somalí), el Movimiento de Liberación Popular de Benishangul y el Movimiento Democrático Popular Gumuz. El único elemento articulador entre grupos tan dispares es el rechazo frontal a la figura del primer ministro.
Frente a la alianza insurrecta se erige el Gobierno federal y las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF), comandadas por el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Birhanu Jula. El Gobierno de Adís Abeba mantiene el respaldo de las autoridades locales de Afar, de unidades de la policía federal y de la facción moderada del TPLF alineada con Getachew Reda. Aunque las Fuerzas Armadas han sufrido reveses iniciales en tierra y la pérdida de plazas como Sekota y Alamata —esta última recuperada parcialmente en contraofensivas recientes—, la baza estratégica del Gobierno radica en su incontestable superioridad aérea. El despliegue sistemático de aeronaves no tripuladas (drones de combate de fabricación turca e iraní) le permite golpear la infraestructura rebelde a gran distancia, habiendo alcanzado la sede de la cadena regional Tigray TV en Mekelle y provocado cuantiosas bajas en los avances enemigos.
El ajedrez geopolítico: actores internacionales e intereses en juego
El conflicto de Etiopía trasciende las fronteras nacionales para convertirse en un tablero de ajedrez donde convergen los intereses de potencias regionales e internacionales.
Eritrea representa el factor más peligroso de internacionalización. Bajo el mando autoritario del presidente Isaias Afwerki, Asmara fue el aliado indispensable de Abiy Ahmed en la guerra de 2020-2022 contra su enemigo histórico, el TPLF. Sin embargo, tras quedar marginado de la tregua de Pretoria y ver con alarma las recientes pretensiones de Abiy Ahmed de obtener un puerto en el mar Rojo —que Asmara interpreta como una amenaza directa a su soberanía sobre Assab o Massawa—, las relaciones entre ambos Gobiernos se han roto por completo. Funcionarios etíopes acusan a Eritrea de financiar y coordinar a la Alianza de los 7 Ejércitos. Por su parte, la intervención directa de tropas eritreas con artillería pesada en las zonas fronterizas de Afar busca aislar el corredor de Yibuti para impedir el reabastecimiento de Adís Abeba.
En el flanco occidental, Sudán y Egipto miran el deterioro etíope bajo la lente del proyecto hidroeléctrico de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD). El jefe del Estado Mayor etíope, Birhanu Jula, acusó abiertamente a El Cairo y Jartum de suministrar pertrechos y soporte logístico a los insurgentes. Mientras las Fuerzas Armadas sudanesas del general Abdel Fattah al-Burhan mantienen lazos estrechos con Eritrea y Egipto, se reporta que combatientes tigrayanos han utilizado suelo sudanés como retaguardia logística. La posibilidad de que la guerra civil etíope y la sangrienta contienda interna sudanesa terminen fusionándose mediante corredores militares transfronterizos supone una amenaza sin precedentes para el noreste africano.
Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos han emergido como el sostén financiero y diplomático más firme del régimen de Abiy Ahmed, condenando las acciones del TPLF y garantizando el flujo de recursos militares al Gobierno federal. En el plano global, Estados Unidos, la Unión Europea y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) observan la situación con alarma, urgiendo una desescalada inmediata para no comprometer la seguridad de las rutas de navegación comercial en el mar Rojo. China, por su parte, siendo el principal inversor en infraestructura y acreedor de Etiopía, prioriza la preservación de la estabilidad del Estado central etíope y la seguridad de sus activos en la región.
La voz de los protagonistas y el clamor internacional
Las posturas vertidas por los líderes del conflicto reflejan la imposibilidad de encontrar, a corto plazo, un punto de encuentro diplomático. Desde el bando insurgente, el vicepresidente de las autoridades del Tigray, Amanuel Assefa, declaró con contundencia a los medios internacionales la gravedad de la situación: “Hay combates por todas partes. Ahora nos encontramos en una situación de guerra total”. En una línea similar, el analista de la Universidad de Oslo Kjetil Tronvoll explicó que la toma de aeropuertos y la penetración en Afar “reflejan la estrategia de cortar las líneas de suministro hacia Adís Abeba, buscando asfixiar la economía federal al interrumpir el flujo de combustible e importaciones que llegan desde Yibuti”.
Desde la cúpula gubernamental, la respuesta no ha dejado margen a la negociación. Getachew Reda, actual consejero del primer ministro, criticó con dureza la acción rebelde señalando que “la cúpula político-militar del TPLF ha llevado la irresponsabilidad a nuevas alturas al lanzar una ofensiva total y tomar aeropuertos federales”. El jefe del Estado Mayor militar, Birhanu Jula, reafirmó la tesis de la conspiración externa: “Estamos combatiendo fuerzas que están organizadas y aliadas para servir a los intereses de potencias externas. Ni Eritrea ni el TPLF pueden lograr nada por sí solos si no cuentan con el respaldo, el apoyo y el suministro de Sudán, Egipto y otras potencias”.
Entretanto, los organismos internacionales insisten en la vía del diálogo antes de que la catástrofe sea irreversible. El portavoz de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, enfatizó la preocupación del organismo “por el uso indiscriminado de drones y los ataques que causan daños devastadores sobre la población civil”. Asimismo, la investigadora de Human Rights Watch, Laetitia Bader, advirtió sobre las dramáticas consecuencias humanas: “La región ya afronta crisis devastadoras de derechos humanos y humanitarias. Vemos que el riesgo para la población se extiende en un momento en que la atención diplomática y el escrutinio sobre Etiopía han disminuido”.
Un futuro en la cuerda floja
Etiopía se encuentra atrapada en una trampa histórica derivada de su propio diseño constitucional. El federalismo étnico, concebido en los noventa para otorgar representación a las diferentes nacionalidades del país, ha terminado por institucionalizar las divisiones y armar a las identidades regionales. La Alianza de los 7 Ejércitos ha logrado canalizar el descontento heterogéneo contra el autoritarismo de Adís Abeba, pero adolece de fragilidades internas extremas: las históricas disputas territoriales entre amharas y tigrayanos no han desaparecido y amenazan con fracturar el frente insurgente en cuanto el enemigo común retroceda.
Si el Gobierno de Abiy Ahmed logra preservar el corredor logístico con Yibuti y hacer valer su poderío aéreo, la ofensiva rebelde podría ser contenida como una crisis de seguridad regional manejable. No obstante, si los frentes se consolidan, el corte de suministros se concreta y las potencias vecinas escalan su implicación, Etiopía corre el riesgo de precipitarse hacia la balcanización. En un Cuerno de África desbordado por las crisis humanitarias y la violencia, la caída de Etiopía representaría la pérdida del último ancla de estabilidad regional, abriendo un capítulo de consecuencias impredecibles para todo el continente africano.