Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos en El Salvador, ha detenido sus operaciones en el país centroamericano y se ha visto forzada al exilio debido al asedio por parte del Gobierno de Nayib Bukele. Así lo confirmó el miércoles a EL PAÍS su director ejecutivo, Noah Bullock. “Tuvimos que decidir entre la cárcel o el exilio y decidimos que no servimos de nada a las víctimas estando presos”, dijo. La salida de la organización, con 25 años de trayectoria, marca un precedente en la historia del país centroamericano y en la autocracia de Bukele.
El exilio de Cristosal ocurre en medio de una desbandada de defensores de derechos humanos y periodistas independientes que han huido del país por temor a ser capturados. Solo entre junio y julio, al menos 20 activistas y 40 periodistas han salido de manera preventiva. A finales de junio, decenas de voces críticas, activistas y periodistas recibieron mensajes de diferentes fuentes en las que se les advertía de la supuesta existencia de una “lista negra” con nombres de las personas capturar, lo que provocó la huida de muchos.
Durante el último mes, EL PAÍS ha hablado con quince exiliados de este grupo y todos aseguraron haber sido informados de estar en esa supuesta lista. El equipo de Cristosal también recibió esa información. “Hay rumores de listas negras que, ciertas o no, terminan siendo una amenaza directa a las personas”, dijo Bullock.
Otra importante defensora de derechos humanos, Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, anunció a principios de julio que se exilió por temor a ser capturada luego de enterarse de que padece cáncer. Escobar denunció que, días antes de salir del país, un grupo de policías se habían apostado fuera de su casa y le habían dado seguimiento durante varias semanas. En una de sus publicaciones en X mostró un video de las cámaras de seguridad de su domicilio donde se ve a un grupo de uniformados llegar en motocicletas y luego irse.
El temor de ser detenidos se sustenta en la última embestida autoritaria de Bukele en contra de las voces disidentes. En junio, durante su mensaje a la nación al iniciar su séptimo año en el poder, Bukele se dedicó cerca de una hora a atacar a medios de comunicación y organismos de defensa de los derechos humanos y añadió que le tiene sin cuidado que lo llamen “dictador”. En las semanas siguientes aprobó de manera exprés una ley mordaza con la que su Gobierno podrá decidir cuáles organizaciones o periódicos independientes pueden trabajar en el país o no bajo pena de ser acusados de lavado de dinero si siguen recibiendo fondos del exterior sin autorización.
En esas mismas semanas, Bukele capturó a un líder comunitario, un activista por la defensa del derecho al agua y dos abogados, entre ellos Ruth López, una de las principales directivas de Cristosal. López había liderado investigaciones denunciando desapariciones, torturas y muertes en el sistema de prisiones al que ahora ha sido enviada. Las capturas arbitrarias se extendieron también a doce empresarios de transporte colectivo por supuestamente desobedecer la órden del mandatario de dar transporte gratis a toda la población el pasado 7 de junio. Uno de ellos murió tras cinco días en prisión.
Enrique Anaya, una de las voces disidentes capturada por Bukele en estos meses criticó al mandatario en un programa de televisión días antes de ser arrestado. “Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso”, dijo Anaya. “Usted está hablando y está criticando”, le respondió el entrevistador. “Sí, y por supuesto que tengo miedo”, respondió Anaya. Cuatro días después fue detenido.
“En El Salvador existe un ambiente de terror [para las voces disidentes]. Tenemos que entender que Ruth no es la primera presa política de El Salvador. Desde los primeros días de la administración de los hermanos Bukele se ha utilizado el sistema de justicia para castigar a sus adversarios”, dijo Bullock. Un reporte de El Faro publicado a principios de julio señala que en el país hay al menos 28 presos políticos y más de cien en el exilio desde 2021 a la fecha.
El director de Cristosal aseguró que la organización mantendrá su personaría jurídica en El Salvador, pero ha decidido sacar a todo su personal hasta que tengan garantías jurídicas en el país. “Ya nos hemos presentado para la inscripción en el registro de agentes extranjeros. Y lo hemos hecho porque el derecho a defender derechos no es renunciable” añadió.
Bullock aseguró que no dejarán de defender a su compañera Ruth López, quien ha sido trasladada a una prisión de alta seguridad e incomunicada desde hace dos semanas. Mientras tanto, mantendrán sus operaciones desde sus oficinas en Guatemala y Honduras, donde han trabajado desde hace siete años.
En los últimos tres años, Bukele ha gobernado bajo un régimen de excepción que, en la práctica, permite a la Policía capturar de forma indefinida a cualquier persona con solo parecer sospechosa. Algunas acusaciones fiscales a las que ha tenido acceso EL PAÍS señalan que muchas personas fueron detenidas simplemente por parecer nerviosas. El régimen de excepción fue aprobado desde marzo de 2022, luego de que las pandillas organizaran la masacre de 87 personas en un solo fin de semana. Aunque en principio su justificación fue la guerra a las pandillas, su uso se ha extendido para capturar a voces disidentes y críticos del gobierno. En este tiempo, las autoridades salvadoreñas han apresado a más de 85.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas y cerca del 2% de la población adulta está bajo prisión.
En junio, un informe del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) reveló que la mayoría de los salvadoreños tienen miedo de criticar a Bukele y consideran que de hacerlo podrían tener consecuencias como ir a prisión.
“El equipo de Cristosal ha vivido ese ambiente de terror. La gran pregunta que nos hacemos es ¿y ahora a quién le toca?, ¿quién será el próximo? Creo que su objetivo, además de encarcelar a las voces críticas, es que nos vayamos”, dijo Bullock.
(EL PAÍS)
