Ante el incremento en la demanda de combustibles, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha desplegado personal operativo en las estaciones de servicio a nivel nacional con el objetivo de fortalecer el control de la comercialización de carburantes y prevenir posibles irregularidades en su adquisición. Para ello, se realiza la verificación del historial de consumo de los vehículos y, cuando corresponde, la suspensión temporal del registro B-SISA de los motorizados que presenten indicios de carguíos irregulares.
El director de Distritos Técnicos de la ANH, Juan José Castro Durán, informó que los controles se realizan para determinar “el bloqueo a los vehículos que presentan repetitividad de cargas; principalmente el control se realiza por placas”, explicó.
Asimismo, precisó que el sistema B-SISA cuenta con un registro completo de cada motorizado. “A través del sistema B-SISA se tiene el registro de la placa, tipo de vehículo, color y propietario, lo que permite identificar posibles irregularidades en la compra de gasolina y diésel varios vehículos corresponden a un mismo propietario”, señaló Castro.
Respecto al abastecimiento en recipientes, la autoridad explicó que la ANH también efectúa controles mediante el sistema SIScarguío, donde los usuarios deben registrarse para acceder a la compra de gasolina en bidones.
Además, anunció que se trabaja en el fortalecimiento de la normativa para garantizar que el combustible únicamente sea cargado en recipientes adecuados y seguros.
Como resultado de los operativos realizados, durante el mes de mayo se identificaron 305 placas con registros de carguío irregular. En función de esta información, se activaron los procedimientos de bloqueo correspondientes, con el propósito de restringir nuevas cargas a dichos motorizados y prevenir irregularidades en la comercialización de combustibles.
La ANH ratifica su compromiso con el control y la transparencia en la comercialización de combustibles, destacando que el monitoreo permanente en las estaciones de servicio permite fortalecer los mecanismos de fiscalización, prevenir prácticas irregulares y contribuir a que el abastecimiento se distribuya de manera eficiente, equitativa y en beneficio de la población.
