Entre finales de agosto y principios de septiembre de 2024, una serie de explosiones pusieron en vilo a un grupo de bomberos voluntarios que combatían incendios forestales en Roboré, al este de Santa Cruz. Aunque hasta el momento no se abrió una investigación oficial para saber qué causó los estruendos, lo sucedido fue corroborado por varias fuentes durante la elaboración de este reportaje. “Fueron más de 60 detonaciones”, dice Juanito Cuéllar, comandante de cuadrillas de bomberos comunitarios y responsable de Gestión de Riesgo de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Cichar), con la certeza de haber sido testigo directo de los hechos. La primera explosión ocurrió en la serranía de San Lorenzo Viejo y se sintió hasta Naranjo, a varios kilómetros de distancia. Ambas comunidades indígenas chiquitanas se encuentran en el límite externo o área de amortiguamiento de la Reserva Municipal de Vida Silvestre (RVS) y Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Tucabaca. Esta área protegida, con una extensión de 262.305 hectáreas, está ubicada en Roboré y forma parte del Valle de Tucabaca, un territorio de 600.000 hectáreas que se extiende hasta los municipios de Roboré, San José de Chiquitos y El Carmen Rivero Tórrez. “(La explosión) fue fortísimo. Yo estaba en una laja, de más o menos 40 metros a la redonda, y la piedra se movió”, describe Cuéllar, de hablar pausado y mirada firme. Lo sucedido pudo haber quedado como un incidente aislado en medio de la emergencia por el fuego en Bolivia, de no ser por la susceptibilidad de comunidades chiquitanas. En julio pasado, dichas comunidades rechazaron la incursión de la minera Walfremar SRL justo en la misma zona donde se oyó el estruendo. La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas, que abarcan las comunidades de Aguas Calientes, Yororobá y Quitunuquiña; la primera, situada en la zona de amortiguamiento del área protegida, y las otras dos casi en el límite de la misma. Según denuncia de la diputada María René Álvarez (Creemos), la actividad contaba con el aval de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como se lee en un documento oficial, aunque la entidad gubernamental negó tal situación ante la protesta ciudadana. El otro elemento que aún genera molestia entre autoridades indígenas y el comité de gestión del área protegida es la falta de una respuesta oficial. Quince días después de la primera explosión, ocurrieron otras en el mismo lugar. “Esperamos hasta el último momento la información de oenegés y el Gobierno Municipal, pero no tuvimos ninguna respuesta”, lamenta Nardy Velasco, cacique de la Cichar. La Región también solicitó una entrevista con el responsable de Medio Ambiente del municipio, quien no respondió a mensajes ni llamadas. “Después de la primera explosión, hubo una lluvia, que supuestamente había controlado el fuego. Pero a los 15 días vimos un foco de calor, en la serranía de San Lorenzo Viejo, que baja al Valle”, relata Cuéllar. Los bomberos organizaron un ascenso a la serranía para controlar lo que finalmente se evidenció como un incendio forestal. Partieron a las 8.00 y llegaron al sitio a las 21.00, debido a la topografía complicada, que describieron como un “laberinto encajonado”. Durante el trayecto encontraron piedra picada. “Sabemos que eran mineros, encontramos la pica. Creemos que estaban trabajando hace un mes”, señala Cuéllar. Esa noche, a cien metros de las llamas, los bomberos se dividieron en dos grupo. De pronto, se escucharon nuevas explosiones. Inicialmente se pensó que eran piedras cayendo. La gente entró en pánico. Con un escenario hostil de la noche y muros de piedra, los bomberos intentaron escapar sin rumbo. Ante la situación, la orden fue empezar a bajar en grupos de tres, apegándose a las rocas más grandes para cubrirse. Las explosiones continuaron. “Cuando yo quise salir con tres, reventó como una granada en nuestro delante. No nos alcanzó, porque Dios no quiso. Ya abajo, hasta eso de las 5.30 de la mañana, se escucharonmás de 60 detonaciones. Se dio parte al COEM (Comité de Operaciones de Emergencia Municipal)”. Nuevamente, como ocurrió tras la primera explosión, dijeron que irían con expertos en explosivos y la Policía. Hasta el cierre de este reportaje, 13 de enero, tal inspección no se dio. EL ACECHO CONSTANTE La minería, los incendios forestales y los asentamientos tanto de propietarios privados como de comunidades campesinas interculturales se han convertido en las amenazas cada vez más frecuentes, tanto en el Valle como en el área protegida de Tucabaca. Sin embargo, desde su creación —primero como Reserva Municipal de Vida Silvestre (RVS), en 2000, y luego como Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN), en 2011—la comunidad siempre ha luchado constantemente en defensa de sus recursos naturales. “Los mineros están todavía rondando. Los comunarios se dan cuenta y están haciendo que estos extraños respondan por qué están entrando. Lo mismo con los asentamientos”, lamenta la cacique Velasco, quien representa a las 16 comunidades indígenas de Roboré. En el área de amortiguamiento, señala que los menonitas están presentes en la zona de Naranjos, mientras que en Aguas Calientes se encuentran propietarios privados y fábricas de carbón, que están deforestando las orillas del río Aguas Calientes. Además, se suma una disputa territorial con el municipio vecino de El Carmen Rivero Tórrez, que afecta a la zona de Aguas Negras. Si ese territorio se pierde —advierte Rubén Darío Arias, presidente del Comité de Gestión de la UCPN— “la reserva de vida silvestre perdería todo sentido”, ya que en esa zona se encuentran árboles valiosos como el morado, muy codiciados por los traficantes de madera. Aunque muchas de estas amenazas se dan fuera del área núcleo o zona de protección estricta, la afectación se da por la interconexión ecológica. Además, los embates no saben de límites. “El 16 de enero (del año pasado) tuvimos unos predios a los que quisieron entrarse en el área protegida. A través del patrullaje rutinario se identificó a personas ajenas que buscaban consolidar cuatro predios privados”, dice Ruddy Vargas Segovia, director de la UCPN Tucabaca desde noviembre de 2021.
