Seguridad

TSJ autoriza la extradición de Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas de Evo

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó la extradición de Maximiliano Dávila, quien fue el último director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del largo mandato de Evo Morales (2006-2019). En una resolución emitida este miércoles, la Sala Plena del TSJ aprobó “la detención preventiva de Dávila con fines de extradición”, un procedimiento que allanará el camino para su envío a los Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados con armas de fuego, reportaron a EL DEBER fuentes judiciales. Dávila fue director de FELCN específicamente entre 2018 y 2019. Tras la renuncia de Morales en noviembre de 2019, Dávila dejó el cargo, aunque se mantuvo vinculado a la Policía hasta 2021. Ese año, desempeñó funciones como comandante departamental de la Policía en Cochabamba, bajo la administración del presidente Luis Arce. ​Posteriormente fue detenido al verse implicado en tráfico de cocaína. Fue detenido cuando pretendía abandonar el país en la frontera con Argentina. La solicitud de extradición fue formalizada por el gobierno estadounidense en octubre de 2024, luego que Dávila fuera señalado como uno de los principales responsables de una red que refinaba cocaína en Bolivia, producida en países vecinos, para luego exportarla a destinos como Estados Unidos. Según la Cancillería de Bolivia, esta solicitud fue realizada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y se enmarca dentro del tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países​. De hecho, allí mismo se diligenció el exhorto suplicatorio validado justo hoy.  Detención Preventiva y Proceso Judicial Maximiliano Dávila, aprehendido en enero de 2022 en Villazón, Potosí, cuando intentaba cruzar hacia Argentina, ha estado en prisión preventiva desde su captura. En un primer momento, fue detenido por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y, en agosto de 2024, el TSJ ordenó su detención preventiva con fines de extradición, a la espera de que la Sala Plena determine la viabilidad del pedido estadounidense​. El presidente del TSJ, Marco Jaimes, había explicado que la justicia de EEUU formalizó el pedido para procesar a Dávila a través de los canales La defensa de Maximiliano Dávila, liderada por el abogado Manolo Rojas, ha impugnado el proceso, solicitando la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Rojas ha argumentado que la detención preventiva y el proceso de extradición están vulnerando los derechos del exzar antidrogas, puesto que, según su interpretación, aún no existe una orden formal de extradición emitida por las autoridades correspondientes​. Este caso, dado el perfil de Dávila quien fue uno de los personajes más visibles en la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Morales, provocó serios cuestionamientos sobre los “narcovículos” con autoridades policiales y judiciales.   Las autoridades de Bolivia, por su parte, han asegurado que seguirán el procedimiento judicial de acuerdo con los tratados internacionales, subrayando la importancia de colaborar en la lucha global contra el narcotráfico. (EL DEBER)

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ANH detiene el desvío de 4.000 litros de diésel y aprehenden a cuatro implicados en Riberalta

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (AHN) interceptó tres motorizados que presuntamente desviaban 4.000 litros de diésel; ante la flagrancia, se aprehendió a cuatro personas presuntamente implicadas en el contrabando de combustible. “Hemos tenido un operativo exitoso donde hemos sorprendido a tres camionetas que contenían diésel. Ellos habían obtenido el combustible de manera prácticamente ilegal una documentación que ha sido alterada, que es un permiso que emite sustancias controladas (…). Se incautó tres camionetas, hay cuatro personas aprehendidas”, informó el responsable de la ANH, Ronny Tapenabe. Las personas aprehendidas fueron trasladadas a dependencias policiales de Riberalta y serán puestas a conocimiento del Ministerio Público. “Como Agencia Nacional de Hidrocarburos todos los días estamos en las estaciones de servicio, controlando los despachos y descargas con personal militar (…). Garantizamos a la población de que tenemos el carburante, gasolina y diésel, que alcanza para la población; no hay necesidad de hacer filas”, remarcó el funcionario en entrevista con Bolivia Tv. (AHORA EL PUEBLO)

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El 2025 prepárate para ciberataques más grandes y audaces, alerta empresa global de ciberseguridad

Al tiempo que los actores maliciosos continúan confiando en muchas de las tácticas “clásicas” que han existido por décadas, un informe de predicción de amenazas para el próximo año enfoca que los cibercriminales adoptarán ataques más grandes, audaces y más eficientes. Desde grupos de cibercrimen como servicio (CaaS) cada vez más especializados, con manuales (playbooks) más sofisticados que combinan amenazas tanto físicas como digitales, los cibercriminales están subiendo la apuesta para ejecutar ataques más dirigidos y dañinos. El reporte de predicciones de amenazas 2025, elaborado por el equipo de FortiGuard Labs de Fortinet, Líder global en soluciones y servicios Ciberseguridad, analiza los ataques que los ciberdelincuentes siguen ejecutando y cómo éstos han evolucionado. Además, comparte nuevas tendencias de amenazas a tener en cuenta para este año y de cara al futuro, y ofrece consejos sobre cómo las organizaciones pueden mejorar su resiliencia frente a un panorama de amenazas cambiante. Nuevas tendencias en materia de amenazas para 2025 y más adelante Al tiempo que el cibercrimen evoluciona, el mencionado reporte alerta que surgirán tendencias sin precedente en el 2025 y de cara al futuro. Acá un vistazo de lo que se teme: Más resiliencia colectiva en contra del panorama de amenazas en evolución “Los cibercriminales siempre encontrarán nuevas formas para infiltrarse a las organizaciones. Sin embargo, existen numerosas oportunidades para que la comunidad de la ciberseguridad colabore para anticiparse a los siguientes movimientos de los adversarios y poder así interrumpir sus actividades de un modo significativo”, afirma Derek Manky, jefe de Estrategia de Seguridad y VP Global de Inteligencia de Amenazas en FortiGuard Labs de Fortinet. El valor de los esfuerzos a lo largo de todas las industrias, y las colaboraciones público- privadas no puede subestimarse, dice el experto y anticipa que el número de organizaciones participando en estas colaboraciones crecerá de cara a los próximos años. Adicional a ello, las organizaciones deberán recordar que la ciberseguridad es trabajo de todos, no solo responsabilidad de los equipos de seguridad y TI. Manky asevera que implementar programas de concientización y entrenamiento, a nivel de toda la organización, “es un componente vital para manejar el riesgo”. Y, por último, otras entidades tienen la responsabilidad también de promover e incluir prácticas robustas de ciberseguridad, desde gobiernos hasta los proveedores que manufacturan los productos de seguridad en los que confiamos. “Ninguna organización o equipo de seguridad puede atacar al cibercrimen sola. Al trabajar en conjunto y compartir inteligencia en toda la industria estamos mejor posicionados de manera colectiva para poder combatir a los adversarios y proteger a la sociedad”, señala. Descarga una copia de nuestro reporte de predicciones 2025 completo.

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Interpol Bolivia espera que Perú entregue al empresario investigado por deslizamiento en Bajo Llojeta

El empresario Luis Iturralde, presunto impulsor del movimiento de tierra que generó la mazamorra en la zona de Bajo Llojeta, La Paz, ha sido aprehendido en Chile tras una solicitud de activación de una notificación roja. Este movimiento de tierra, que desencadenó una tragedia, ha generado gran preocupación y consternación en la población, informó el director nacional de Interpol, Juan Carlos Bazoalto. Iturralde fue detenido por autoridades chilenas y luego de cumplir con los procedimientos legales correspondientes en ese país ha sido trasladado a Lima, Perú. Interpol Bolivia ha informado que en las próximas horas se espera que el empresario sea finalmente trasladado a Bolivia, donde enfrentará las acusaciones que se le imputan por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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La Paz: explosión en Miraflores deja al menos dos viviendas afectadas

Una explosión en la zona de Miraflores, La Paz, dejó al menos dos viviendas afectadas. El hecho habría ocurrido después de las 15.00 de este martes. La vivienda, ubicada en la calle Jorge Carrasco, quedó con daños de consideración. La puerta principal terminó destrozada, al igual que los vidrios. Una casa del frente también fue afectada.   “Estaba en mi cuarto descansando, explotó y todos los vidrios han volado, estaba echada en mi cama y todo ha volado, me he asustado, ha sido muy fuerte”, relató una vecina. (URGENTE.BO)

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Tras desastre en Bajo Llojeta, asociaciones municipales exigen que se active el COED en La Paz

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM – Bolivia) solicitó este martes la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para atender y mitigar los riesgos que se generaron tras las precipitaciones en la zona Bajo Llojeta, de la ciudad de La Paz. “Esta crisis requiere un compromiso coordinado (…), por lo que se propone: Activación inmediata del COED, apoyo con dotación de alimentos y vituallas, rehabilitación y puesta en marcha de maquinaria y equipos de limpieza, y fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de los municipios colindantes”, detalla un comunicado de prensa. El informe explica la necesidad de activar el COED para planificar y coordinar, con la sociedad civil e instituciones públicas, el apoyo humanitario y el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana para evitar más casos similares. Además, indica que las comunidades y zonas de Río Abajo estarían en peligro potencial por la época de lluvias en la ciudad. “Ante las fuertes precipitaciones que provocaron una mazamorra en la zona de Bajo Llojeta (…), solicitamos la atención inmediata a la población afectada para reducir riesgos de futuras emergencias, por ser temporada alta de lluvias (que) también pondría en riesgo la producción agrícola en la zona de Río Abajo”, señala el documento. Una mazamorra provocada por movimientos de tierra y lluvias intensas inundó la zona de Inca Llojeta la noche del sábado pasado. El desastre dejó a más de 40 familias afectadas y reportó el deceso de una menor, aparte de daños materiales considerables. (AHORA EL PUEBLO)

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Gobierno anuncia que se encontró el quinto cuerpo del caso de asesinato en Pucamayu, en el Chapare

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que la quinta víctima de los asesinatos ocurridos en la localidad de Pucamayu, en el Chapare (Cochabamba), fue hallada este lunes. “Se informa a la población boliviana que se encontró el quinto cuerpo del caso de asesinato en Pucamayu del municipio de Villa Tunari, provincia Chapare”, dijo Del Castillo, que no dio más detalles y anunció que “ampliará” la información. El pasado 12 de noviembre, cinco personas fueron secuestradas y luego torturadas y asesinadas en un confuso hecho de una presunta transacción de armas, que finalmente no se concretó. Las víctimas, identificadas como Cristhian Serna, Thadashy Loroña, Trinidad Muñoz, Auristelia Loroña y Juan Carlos Román, fueron asesinadas luego de un episodio de secuestro y tortura. Cuatro cuerpos fueron hallados enterrados en una fosa común, mientras que Serna habría intentado escapar, pero fue recapturado y obligado a cavar su propia tumba y asesinado en un lugar apartado. Se presume que el cuerpo hallado este lunes es el de Serna, aunque Del Castillo no brindó esa información. Uno de los arrestados por este caso, identificado como Ernesto Almaraz Chura, admitió que participó en los recientes bloqueos, según el viceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera. “Él admitió también que entregó 27.800 bolivianos para adquirir dos fusiles FAL, bajo el argumento de que Christian Cruz Serna (una de las víctimas) era miembro del Ejército”, dijo la autoridad. El crimen se produjo en un confuso hecho que involucra una presunta compra de armamento militar que sería utilizado, según el Gobierno, en los recientes bloqueos de los cocaleros en defensa de su líder, Evo Morales. También, según el Gobierno, los responsables de los crímenes son parte de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. (VISIÓN 360)

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Alcaldía de La Paz y vecinos presentan demanda contra empresa que hizo movimientos de tierra ilegal en Bajo Llojeta

La Alcaldía, junto a un grupo de vecinos de las comunidades de Rosario y Santa Cecilia, presentará esta tarde una demanda en la Fiscalía, debido a la grave situación provocada por un deslizamiento de tierra que causó la muerte de una niña y puso en peligro numerosas vidas. El alcalde Iván Arias enfatizó la responsabilidad de la empresa constructora que realizó un movimiento de tierras no estabilizadas, que resultó en una mazamorra que arrasó tres kilómetros de terreno. “Esto ha sido un acto que trasciende las posibilidades de prevención. Ya habíamos advertido sobre esta situación y no podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en peligro a tantas personas,” afirmó el Burgomaestre. La denuncia se centrará en los delitos contra la seguridad común, dados los graves daños ocasionados. Según declaraciones del Alcalde, se estima que la empresa movió cerca de 100,000 toneladas de tierra, lo que agrava aún más las acusaciones, especialmente tras ser divulgada la noticia del fallecimiento de la niña. Esto motivó la urgencia de la denuncia, que cuenta con el apoyo activo de la comunidad. El secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, añadió que desde el primer momento del deslizamiento, los equipos técnico y jurídico se coordinaron con las subalcaldías de Cotahuma y Sur para abordar la crisis. Palma especificó que los cargos por los que se acusará a la empresa constructora son por la comisión de los delitos “Contra la Seguridad Común”: Otros Estragos y Peligro de Estrago, tipificados en el Código Penal y no descartó que se puedan ampliar a otros delitos. El Título V, del Código Penal, abarca los Delitos contra la Seguridad Común. Este incluye el artículo 207, por «otros estragos» como inundaciones o derrumbes y que establece penas de tres a ocho años de privación de libertad. (AMUN)

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Contiocap denuncia asentamiento con apertura de caminos en cercanías del Madidi

Interculturales comenzaron a asentarse y a abrir caminos en cercanías de las áreas protegidas del Madidi en complicidad con el alcalde de Ixiamas, Félix Layme, denunció la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). el 10 de octubre, comunarios denunciaron que los interculturales de Rosales de Madidi y de Guacanaguas II iniciaron un fuego que se extendió por más de 18 hectáreas. Luego, el 25 del mismo mes, se provocó otro incendio al noreste de la ruta del proyecto de camino Bruna Racua – Puerto Chivé, a la altura de las cabeceras de los ríos Inambare, Manurimi y Manupare, que afectó al Área Protegida Municipal Bajo Madidi, exactamente donde existen nueves asentamientos. También se registró otro incendio que afectó al Parque Nacional Madidi, que tuvo origen en las Pampas del río Asunta y el río Moa, que se extendió por aproximadamente 43 kilómetros dentro del área protegida. «Tenemos constancia, a través de documentos, que el 7 de agosto de 2004 el alcalde de Ixiamas, Félix Layme, en reunión con supuestas comunidades que habitan el municipio de Ixiamas, se comprometió a apoyar la apertura de caminos, proyectado hace tiempo como ruta nacional, pero que en 2003 se planteó que no pase por el Madidi. Aún así, la nueva ruta quedó a 4 Km del límite del Parque Nacional, en cuya apertura o mejoramiento de camino el actual alcalde de Ixiamas no debería incurrir en usurpación de funciones», dice el pronunciamiento. Por estas presuntas irregularidades, la organización pide que el INRA informe si autorizó o no esos asentamientos en proximidades del Parque Nacional Madidi, porque «falsos» funcionarios de la institución estarían vendiendo terrenos en Ixiamas. Alertó que la apertura de caminos podría poner en riesgo la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y no contactados, además de haber la posibilidad de convertirse en un «Tipnis II». (ANF)

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Con el clamor de justicia, dan el último doloroso adiós a los asesinados en Pucamayu

En medio del dolor y pedidos de justicia, las víctimas asesinadas en Pucamayu, Villa Tunari, fueron despedidas ayer en el Cementerio General de Cochabamba. Alrededor de las 14.00, llegaron los cuerpos de los hermanos Thadhashy y Auristela Liza Loroña M. Poco después, arribó el cuerpo de Carlos Román M., militar en reserva activa. Por su parte, la familia de Trinidad Muñoz P., esposa de Thadhashy, habría optado por la cremación. En cuanto a la quinta víctima, identificada por la Policía como Cristian Serna C., su cuerpo estaba siendo buscado en la comunidad de Pucamayu, colindante con Colomi. Hasta el cierre de esta edición, no se había recibido información sobre el resultado. El martes 19 de noviembre, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó desde el municipio de Colomi que las cinco personas “secuestradas” en Pucamayu fueron asesinadas y enterradas en esa población. Ese día, se logró el rescate de los cuerpos de Thadhashy, su esposa, su hermana y el militar, amigo y colega de la hermana, quienes se encontraban en una fosa común. Ya al anochecer, el equipo compuesto por policías y personal de la Fiscalía dejó el lugar, sin tiempo para realizar la búsqueda de la quinta víctima. El comandante de la Policía de Cochabamba, Edson Claure, informó ayer que una comisión especializada, conformada por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Bomberos y canes que realizan la búsqueda de restos, ingresó a la comunidad con referencias sobre el posible lugar de sepultura del cadáver.Cochabamba turismo Según la versión oficial, Cristian S. y Thadhashy viajaron el 12 de noviembre a Pucamayu, donde fueron “retenidos” por comunarios bajo la acusación de una presunta estafa. Se habría ofrecido la venta de armamento, con uno de ellos haciéndose pasar por militar, y a cambio, pagaron 27.800 bolivianos. Thadhashy llamó a su esposa, Trinidad, pidiéndole que consiguiera esa suma para su liberación. Ella, a su vez, contactó a su cuñada, Auristela Liza, quien a su vez llamó a su amigo Juan Carlos para que las acompañara. Aunque la situación fue comunicada a la Policía en Sacaba, según el viceministro, fueron los familiares quienes “desoyeron” las recomendaciones de los uniformados e ingresaron al lugar, donde fueron secuestrados. Según la declaración del único detenido en el caso, Ernesto A. Ch., la indignación de la gente surgió al descubrir que varios de los involucrados eran militares o tenían vínculos con esa institución. Aguilera explicó que el contacto entre Cristian y Ernesto se produjo durante los bloqueos en Parotani, donde los comunarios de Pucamayu estaban presentes. Allí, Cristian, alegando ser militar, habría ofrecido armas de fuego. La familia de Thadhashy, al denunciar el secuestro, afirmó que él era taxista y que había sido contratado por Cristian, quien decía ser militar, pero aseguraron que no tenía conocimiento de la supuesta oferta de armas. Por su parte, el abogado de la familia del militar Juan Carlos Román, Lurwyn Ledezma, considera que el trasfondo de este caso va más allá de la presunta venta de armas y podría estar relacionado con el narcotráfico. En ese sentido, el viceministro Aguilera mencionó que en la zona se han encontrado plantaciones de marihuana, lo que también está siendo objeto de investigación. En cuanto a las muertes, existen otras órdenes de aprehensión para personas presuntamente vinculadas al quíntuple asesinato. Entre los involucrados se encuentran el padre de Ernesto, Juan A. S., así como Sergio P., supuesto dirigente de la zona, Juan C. y otro hombre cuya identidad aún está en proceso de confirmación, pero que sería un “nuevo afiliado”. Ernesto se encuentra bajo detención preventiva en la cárcel de San Sebastián. Las familias de las víctimas piden justicia y el esclarecimiento del caso. (Opinión)

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