“Si se enteran quién soy, me van a linchar”, dice Ofelia (nombre convencional), minutos antes de romper el silencio y animarse a contar cómo es su cotidianidad en Villa Tunari, uno de los municipios que forman parte de la provincia Chapare del departamento de Cochabamba. Cuenta que vive en esta población desde hace más de 10 años por trabajo y que en ese tiempo aprendió la importancia de no dar ningún tipo de comentario sobre política o la dirigencia sindical. Ofelia es trabajadora del área de salud y pidió guardar su nombre en reserva por miedo a represalias. Explica que desde que comenzaron los bloqueos, la situación es muy tensa, el personal sanitario sufre todo tipo de atropellos que van desde ser sometidos a requisas de parte de pobladores hasta robos, en especial de sus celulares. “Nos revisan uno por uno, dicen que podemos meter algo en contra del presidente (Evo Morales)”, relata a Visión 360. Karina (nombre convencional) también es testigo de las requisas. Es productora de coca y vive en Entre Ríos, municipio de la provincia Carrasco del Trópico de Cochabamba. Al principio no quería hablar, pero decidió “contar lo que ocurre, por sus niños”; lo único que pidió fue guardar su identidad en reserva. Explica que en estos días de conflicto, los pobladores son obligados a dejar todas sus labores para asistir a las reuniones, marchas, cabildos y bloqueos “No importa si eres madre sola y no tienes dónde dejar a tus hijos, igual tienes que ir. Obligan a las familias a mandar a sus hijos, a los más jovencitos”, dice y explica que si una familia se resiste a obedecer a los dirigentes, primero le cobran multas, luego les quitan parte de sus chacos y hasta que finalmente los expulsan de sus casas. De Eterazama, en el municipio de Villa Tunari, Ely (nombre convencional) y su familia vivieron en carne propia el despojo de su casa. “Nos quitaron, nos amenazaron a nosotros y a nuestros vecinos; les dijeron que si alguien nos ayuda o testifica que nos expulsaron, les darán multas y les quitarán sus chacos”, cuenta. Para la reciente movilización, la multa por faltar un día en un punto de bloqueo fue fijada en 500 bolivianos. El mismo precio se debe cancelar en caso de no asistir a las reuniones o cabildos. Además, según los testimonios, en los encuentros deben dar cuotas de hasta 100 bolivianos para los gastos de organización. Ante este reciente conflicto o cualquier otro bloqueo, una vida “tranquila depende de obedecer sin preguntar todos los mandatos de los dirigentes sindicales”. “Aquí todo es obligatorio, hay una multa si no vas. Pero si vas, igual debes pagar 100 bolivianos para los gastos del Comité Cívico. Hay varias familias que son muy humildes, que venden refrescos o frutas, pero de igual forma tienen que pagar. No todos son dueños de negocios o grandes chacos”, cuenta. Y justamente los que tienen chacos (tierras) son los que sufren más presiones, en especial los que forman parte de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba. “Les atacan por esa parte, les dicen que les van a quitar su chaco, les piden dinero. Todo es obligado”, relata. Además de la dirigencia cocalera, dentro de las poblaciones existen “una especie de subniveles de sectores y dirigencias”. “Es desde las OTB, los mercados, las zonas y los comités cívicos”, dice Ely; explica que en la actualidad toda la coordinación se realiza a través de grupos de WhatsApp. “Por ejemplo, Eterazama tiene su grupo de WhatsApp, es de todo el pueblo. Entre Ríos, Villa Tunari y todas las poblaciones se organizan por WhatsApp. Ahí se enteran de los bloqueos y de qué deben hacer”, describe Ely. Cuenta que en la última semana, la dirigencia les pidió la elaboración y la entrega de “flechas para atacar de lejos”. “Si no haces caso, se reúnen y deciden quitarte tu chaco o negocio. Estás con ellos o estás con ellos, así es la vida”, agrega. La región del Trópico de Cochabamba está compuesta por seis municipios: Chimoré, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Shinahota, Colomi y Villa Tunari. Los dos últimos forman parte de la provincia Chapare, de la que también es parte Sacaba. “HASTA LOS POLICÍAS DEBEN PEDIR PERMISO” Ofelia, Karina y Ely coinciden en asegurar que la Policía no se puede movilizar con libertad absoluta. “Tienen que pedir permiso para todo, no pueden ingresar a una comunidad sin permiso de los corregidores. Si lo hacen, (los dirigentes) saltan”, cuenta Karina. Esto ocurre con los uniformados de la institución del verde olivo de las unidades de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen y de violencia contra la mujer. Según Karina, también ocurre con los policías antidrogas. “Nadie se puede mover sin permiso, tienen que coordinar con los corregidores”, dice Ely; explica que -por ejemplo- hay lugares en los que nadie puede entrar sin autorización, uno de ellos es el pueblo de San Gabriel, en Villa Tunari. “Ahí adentro, en San Gabriel, hay harto narcotráfico, es peligroso. Para que la Policía ingrese, tiene que pedir permiso, porque no pueden ingresar al pueblo, no pueden hacer controles, patrullajes, es prohibido”, asegura Karina. Dice que incluso en los últimos años, se ha visto la recurrente presencia de ciudadanos colombianos. “La gente sabe, los ve y nadie dice nada. Los vemos entrar y salir, clarito son de ese país”, explica y agrega que algunos, entre extranjeros y pobladores del lugar, hasta circulan con armas. En noviembre de este año, justo en el pueblo de San Gabriel, presuntos narcotraficantes emboscaron a una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) . Según el reporte oficial, un atacante resultó herido por arma de fuego, cinco personas fueron arrestadas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana, además se incautó media tonelada de droga. En solo esa jornada se identificaron dos laboratorios de cristalización de cocaína y ocho fábricas de pasta base, informó entonces el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. Las cifras dan la razón a
