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Seguridad

Tras desastre en Bajo Llojeta, asociaciones municipales exigen que se active el COED en La Paz

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM – Bolivia) solicitó este martes la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para atender y mitigar los riesgos que se generaron tras las precipitaciones en la zona Bajo Llojeta, de la ciudad de La Paz. “Esta crisis requiere un compromiso coordinado (…), por lo que se propone: Activación inmediata del COED, apoyo con dotación de alimentos y vituallas, rehabilitación y puesta en marcha de maquinaria y equipos de limpieza, y fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de los municipios colindantes”, detalla un comunicado de prensa. El informe explica la necesidad de activar el COED para planificar y coordinar, con la sociedad civil e instituciones públicas, el apoyo humanitario y el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana para evitar más casos similares. Además, indica que las comunidades y zonas de Río Abajo estarían en peligro potencial por la época de lluvias en la ciudad. “Ante las fuertes precipitaciones que provocaron una mazamorra en la zona de Bajo Llojeta (…), solicitamos la atención inmediata a la población afectada para reducir riesgos de futuras emergencias, por ser temporada alta de lluvias (que) también pondría en riesgo la producción agrícola en la zona de Río Abajo”, señala el documento. Una mazamorra provocada por movimientos de tierra y lluvias intensas inundó la zona de Inca Llojeta la noche del sábado pasado. El desastre dejó a más de 40 familias afectadas y reportó el deceso de una menor, aparte de daños materiales considerables. (AHORA EL PUEBLO)

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Gobierno anuncia que se encontró el quinto cuerpo del caso de asesinato en Pucamayu, en el Chapare

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que la quinta víctima de los asesinatos ocurridos en la localidad de Pucamayu, en el Chapare (Cochabamba), fue hallada este lunes. “Se informa a la población boliviana que se encontró el quinto cuerpo del caso de asesinato en Pucamayu del municipio de Villa Tunari, provincia Chapare”, dijo Del Castillo, que no dio más detalles y anunció que “ampliará” la información. El pasado 12 de noviembre, cinco personas fueron secuestradas y luego torturadas y asesinadas en un confuso hecho de una presunta transacción de armas, que finalmente no se concretó. Las víctimas, identificadas como Cristhian Serna, Thadashy Loroña, Trinidad Muñoz, Auristelia Loroña y Juan Carlos Román, fueron asesinadas luego de un episodio de secuestro y tortura. Cuatro cuerpos fueron hallados enterrados en una fosa común, mientras que Serna habría intentado escapar, pero fue recapturado y obligado a cavar su propia tumba y asesinado en un lugar apartado. Se presume que el cuerpo hallado este lunes es el de Serna, aunque Del Castillo no brindó esa información. Uno de los arrestados por este caso, identificado como Ernesto Almaraz Chura, admitió que participó en los recientes bloqueos, según el viceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera. “Él admitió también que entregó 27.800 bolivianos para adquirir dos fusiles FAL, bajo el argumento de que Christian Cruz Serna (una de las víctimas) era miembro del Ejército”, dijo la autoridad. El crimen se produjo en un confuso hecho que involucra una presunta compra de armamento militar que sería utilizado, según el Gobierno, en los recientes bloqueos de los cocaleros en defensa de su líder, Evo Morales. También, según el Gobierno, los responsables de los crímenes son parte de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. (VISIÓN 360)

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Alcaldía de La Paz y vecinos presentan demanda contra empresa que hizo movimientos de tierra ilegal en Bajo Llojeta

La Alcaldía, junto a un grupo de vecinos de las comunidades de Rosario y Santa Cecilia, presentará esta tarde una demanda en la Fiscalía, debido a la grave situación provocada por un deslizamiento de tierra que causó la muerte de una niña y puso en peligro numerosas vidas. El alcalde Iván Arias enfatizó la responsabilidad de la empresa constructora que realizó un movimiento de tierras no estabilizadas, que resultó en una mazamorra que arrasó tres kilómetros de terreno. “Esto ha sido un acto que trasciende las posibilidades de prevención. Ya habíamos advertido sobre esta situación y no podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en peligro a tantas personas,” afirmó el Burgomaestre. La denuncia se centrará en los delitos contra la seguridad común, dados los graves daños ocasionados. Según declaraciones del Alcalde, se estima que la empresa movió cerca de 100,000 toneladas de tierra, lo que agrava aún más las acusaciones, especialmente tras ser divulgada la noticia del fallecimiento de la niña. Esto motivó la urgencia de la denuncia, que cuenta con el apoyo activo de la comunidad. El secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, añadió que desde el primer momento del deslizamiento, los equipos técnico y jurídico se coordinaron con las subalcaldías de Cotahuma y Sur para abordar la crisis. Palma especificó que los cargos por los que se acusará a la empresa constructora son por la comisión de los delitos “Contra la Seguridad Común”: Otros Estragos y Peligro de Estrago, tipificados en el Código Penal y no descartó que se puedan ampliar a otros delitos. El Título V, del Código Penal, abarca los Delitos contra la Seguridad Común. Este incluye el artículo 207, por «otros estragos» como inundaciones o derrumbes y que establece penas de tres a ocho años de privación de libertad. (AMUN)

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Contiocap denuncia asentamiento con apertura de caminos en cercanías del Madidi

Interculturales comenzaron a asentarse y a abrir caminos en cercanías de las áreas protegidas del Madidi en complicidad con el alcalde de Ixiamas, Félix Layme, denunció la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). el 10 de octubre, comunarios denunciaron que los interculturales de Rosales de Madidi y de Guacanaguas II iniciaron un fuego que se extendió por más de 18 hectáreas. Luego, el 25 del mismo mes, se provocó otro incendio al noreste de la ruta del proyecto de camino Bruna Racua – Puerto Chivé, a la altura de las cabeceras de los ríos Inambare, Manurimi y Manupare, que afectó al Área Protegida Municipal Bajo Madidi, exactamente donde existen nueves asentamientos. También se registró otro incendio que afectó al Parque Nacional Madidi, que tuvo origen en las Pampas del río Asunta y el río Moa, que se extendió por aproximadamente 43 kilómetros dentro del área protegida. “Tenemos constancia, a través de documentos, que el 7 de agosto de 2004 el alcalde de Ixiamas, Félix Layme, en reunión con supuestas comunidades que habitan el municipio de Ixiamas, se comprometió a apoyar la apertura de caminos, proyectado hace tiempo como ruta nacional, pero que en 2003 se planteó que no pase por el Madidi. Aún así, la nueva ruta quedó a 4 Km del límite del Parque Nacional, en cuya apertura o mejoramiento de camino el actual alcalde de Ixiamas no debería incurrir en usurpación de funciones”, dice el pronunciamiento. Por estas presuntas irregularidades, la organización pide que el INRA informe si autorizó o no esos asentamientos en proximidades del Parque Nacional Madidi, porque “falsos” funcionarios de la institución estarían vendiendo terrenos en Ixiamas. Alertó que la apertura de caminos podría poner en riesgo la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y no contactados, además de haber la posibilidad de convertirse en un “Tipnis II”. (ANF)

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Con el clamor de justicia, dan el último doloroso adiós a los asesinados en Pucamayu

En medio del dolor y pedidos de justicia, las víctimas asesinadas en Pucamayu, Villa Tunari, fueron despedidas ayer en el Cementerio General de Cochabamba. Alrededor de las 14.00, llegaron los cuerpos de los hermanos Thadhashy y Auristela Liza Loroña M. Poco después, arribó el cuerpo de Carlos Román M., militar en reserva activa. Por su parte, la familia de Trinidad Muñoz P., esposa de Thadhashy, habría optado por la cremación. En cuanto a la quinta víctima, identificada por la Policía como Cristian Serna C., su cuerpo estaba siendo buscado en la comunidad de Pucamayu, colindante con Colomi. Hasta el cierre de esta edición, no se había recibido información sobre el resultado. El martes 19 de noviembre, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó desde el municipio de Colomi que las cinco personas “secuestradas” en Pucamayu fueron asesinadas y enterradas en esa población. Ese día, se logró el rescate de los cuerpos de Thadhashy, su esposa, su hermana y el militar, amigo y colega de la hermana, quienes se encontraban en una fosa común. Ya al anochecer, el equipo compuesto por policías y personal de la Fiscalía dejó el lugar, sin tiempo para realizar la búsqueda de la quinta víctima. El comandante de la Policía de Cochabamba, Edson Claure, informó ayer que una comisión especializada, conformada por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Bomberos y canes que realizan la búsqueda de restos, ingresó a la comunidad con referencias sobre el posible lugar de sepultura del cadáver.Cochabamba turismo Según la versión oficial, Cristian S. y Thadhashy viajaron el 12 de noviembre a Pucamayu, donde fueron “retenidos” por comunarios bajo la acusación de una presunta estafa. Se habría ofrecido la venta de armamento, con uno de ellos haciéndose pasar por militar, y a cambio, pagaron 27.800 bolivianos. Thadhashy llamó a su esposa, Trinidad, pidiéndole que consiguiera esa suma para su liberación. Ella, a su vez, contactó a su cuñada, Auristela Liza, quien a su vez llamó a su amigo Juan Carlos para que las acompañara. Aunque la situación fue comunicada a la Policía en Sacaba, según el viceministro, fueron los familiares quienes “desoyeron” las recomendaciones de los uniformados e ingresaron al lugar, donde fueron secuestrados. Según la declaración del único detenido en el caso, Ernesto A. Ch., la indignación de la gente surgió al descubrir que varios de los involucrados eran militares o tenían vínculos con esa institución. Aguilera explicó que el contacto entre Cristian y Ernesto se produjo durante los bloqueos en Parotani, donde los comunarios de Pucamayu estaban presentes. Allí, Cristian, alegando ser militar, habría ofrecido armas de fuego. La familia de Thadhashy, al denunciar el secuestro, afirmó que él era taxista y que había sido contratado por Cristian, quien decía ser militar, pero aseguraron que no tenía conocimiento de la supuesta oferta de armas. Por su parte, el abogado de la familia del militar Juan Carlos Román, Lurwyn Ledezma, considera que el trasfondo de este caso va más allá de la presunta venta de armas y podría estar relacionado con el narcotráfico. En ese sentido, el viceministro Aguilera mencionó que en la zona se han encontrado plantaciones de marihuana, lo que también está siendo objeto de investigación. En cuanto a las muertes, existen otras órdenes de aprehensión para personas presuntamente vinculadas al quíntuple asesinato. Entre los involucrados se encuentran el padre de Ernesto, Juan A. S., así como Sergio P., supuesto dirigente de la zona, Juan C. y otro hombre cuya identidad aún está en proceso de confirmación, pero que sería un “nuevo afiliado”. Ernesto se encuentra bajo detención preventiva en la cárcel de San Sebastián. Las familias de las víctimas piden justicia y el esclarecimiento del caso. (Opinión)

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Comisión de policías y fiscales ingresa a Pucamayu: continuarán con la investigación acerca de las cinco personas asesinadas

Para continuar con la búsqueda del quinto cuerpo asesinado, una comisión de policías y fiscales ingresó a la comunidad de Pucamayu. Los restos pertenecerían a Cristian C., presunto exmilitar que habría buscado vender armas de fuego a los comunarios. La Policía logró identificar a otras tres personas que están involucradas en la tortura y muerte de las víctimas; se emitieron cuatro órdenes de aprehensión.Hasta el momento solo existe un detenido, que declaró ser el autor intelectual y material. En sus primeras declaraciones, contó que disparó a las cuatro víctimas y las enterró en una fosa común. Asimismo, dijo que Cristian C. intentó escapar, pero que lo atraparon y enterraron vivo. Según autoridades policiales las investigaciones continuarán hasta esclarecer los hechos. (RTP)

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Personal del INE es retenido y amenazado en Villa Tunari durante encuesta oficial de hogares

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó que el pasado miércoles un equipo de la institución, compuesto por tres técnicos y un chófer, fue retenido, amenazado y despojado de sus herramientas de trabajo por pobladores de Villa Tunari, Cochabamba, mientras realizaban una encuesta oficial. De acuerdo con Arandia, los pobladores exigieron que el equipo presentara una autorización de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba para ingresar a la región, a pesar de que las actividades del INE están respaldadas legalmente. Durante el incidente, el personal fue intimidado, se les impidió comunicarse, y se intentó sustraer el combustible de su vehículo. Además, recibieron amenazas explícitas de no regresar a la zona. El director condenó enfáticamente este acto, recordando que el INE es una institución técnica cuya labor es fundamental para el desarrollo del país. Explicó que encuestas como la Encuesta de Hogares tienen el objetivo de recopilar datos esenciales que guían las políticas públicas y los proyectos nacionales. En respuesta al incidente, el INE anunció que tomará acciones legales para garantizar la seguridad de su personal y proteger sus derechos al trabajo y la libre circulación. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir adelante con su labor técnica en beneficio de toda la población boliviana. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Crimen en Pucamayo: aprehendido confiesa que una víctima fue enterrada viva y las otras cuatro fueron quemadas

Las cinco personas que fueron secuestradas en Pucamayo, municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, tuvieron una muerte atroz de acuerdo con la declaración del único aprehendido del caso. Una de las víctimas fue enterrada viva, mientras que las otras cuatro fueron quemadas. Ernesto A. Ch., de 33 años de edad, quien en las últimas horas fue enviado al penal de San Sebastián por seis meses con detención preventiva, declaró la manera en que fueron ejecutadas las cinco personas.  El pasado 12 de noviembre se reportó que cinco personas fueron retenidas por pobladores de Pucamayo. Según el autor del crimen, Cristian Serna, un militar dado de baja, logró escapar, pero fue encontrado en “unos plátanos” de ahí fue llevado más adentro. “Con relación a Cristian, él se ha escapado más adentro, le hemos encontrado en unos plátanos, de ahí lo hemos llevado más adentro, hemos cavado y le hemos metido sano de rodillas, después lo hemos tapado con tierra”, indicó el aprehendido, citado por Red Uno. De acuerdo con Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía, Serna fue obligado a cavar su propia tumba. En cuanto a las otras cuatro personas, el hombre relató, en su declaración ante la Fiscalía, que fueron quemadas luego de haber sido maniatadas. “A todos les hemos amarrado manos atrás y las señoras manos adelante, sus caras les hemos tapado con trapo, después han decidido quemar a la gente, decían a qué vienen policías militares”, agregó. Según su relato, los comunarios estaban molestos al descubrir que se trataba de uniformados, los tres hombres eran militares en diferente situación, y los relacionaron con los operativos de desbloqueo en Parotani. “La gente ha controlado sus carnets, del caballero (Juan Román) decía militar en su carnet, las otras dos señoras (Liza Loroña y Trinidad Muñoz) decía militar y policía, de ahí la gente se ha enojado, decían que seguro han participado en Parotani”. El hombre indicó que las dos mujeres suplicaron por sus vidas, señalando que tenían hijos, pero no fueron escuchadas por la turba. Los cuerpos de las víctimas llegaron esta madrugada al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) donde se realizó la autopsia correspondiente, remarcando que el fallecimiento fue por impacto de un disparo en la cabeza, al margen de esto presentaban varias lesiones en el cuerpo. (VISIÓN 360)

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Luego de ser aprehendido en la mañana, liberan al diputado evista Héctor Arce

El diputado Héctor Arce, vinculado al ala ‘evista’ del Movimiento al Socialismo (MAS), fue aprehendido este miércoles en Cochabamba y trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Sin embargo, minutos después recuperó su libertad. Arce calificó su aprehensión como un “secuestro” y afirmó que fue detenido por un presunto caso de uso indebido de influencias, aunque negó haber cometido tal delito. El legislador detalló que la situación ocurrió cuando regresó a las oficinas de la Fiscalía, tras haber olvidado su celular luego de brindar una declaración en un caso que lo involucra. Según explicó el parlamentario, acudió esta mañana a declarar sobre una denuncia presentada por el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien lo acusa de encubrimiento. Aunque evitó dar mayores detalles, Arce aseguró que su traslado a la FELCC fue una acción irregular ejecutada por particulares. Su traslado a las oficinas policiales fue por un tiempo corto, ya que el legislador fue liberado pocos minutos después. Este hecho ha suscitado críticas por parte de Arce, quien ve en lo sucedido una acción destinada a amedrentarlo. Además, detalló que durante su aprehensión le informaron que supuestamente había sido patrocinado por un abogado que trabaja como funcionario de la Gobernación de Cochabamba, aunque Arce negó esta acusación. (CORREO DEL SUR)

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Aduana chilena incauta más de $us 1 millón en un bus boliviano que intentaba ingresar a Chile por Colchane

Fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas incautaron 1 millón 200 mil dólares en dinero en efectivo en un bus boliviano que pretendía ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo de Colchane. Las divisas norteamericanas estaban envueltas en papel de diario, bolsas plásticas y al medio de las frazadas que se entregan a los pasajeros durante el viaje. El director regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina Silva, señaló que se trata del mayor decomiso de divisas extranjeras realizado en el país desde la entrada en vigencia de la Ley 21.632, normativa que modificó diversos cuerpos legales para tipificar como delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero al territorio nacional sin declararlo en Aduanas. En este sentido, Molina Silva señaló que durante este año se han registrado 53 procedimientos por contrabando de dividas en la avanzada de Colchane con igual cantidad de imputados y más de US$ 2 millones 18 mil dólares incautados, a los cuales también se sumaron 577 millones en pesos chilenos y 496 mil en pesos bolivianos. “A esos montos ahora debemos sumar el millón doscientos mil dólares, los cuales fueron contabilizados y entregados mediante cadena de custodia a Carabineros”, agregó. El bus donde los fiscalizadores hallaron el dinero viajaba desde Cochabamba, Bolivia, a Calama vía Pozo Almonte y Quillagua. La tripulación la integraban dos choferes y un auxiliar. El jefe de la tripulación reconoció que recibió los billetes como “encomienda” y que debía entregarlos en Chile.Durante la jornada de hoy miércoles, se llevará a cabo el control de detención de los involucrados en el Tribunal de Pozo Almonte.

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