Seguridad

Un abogado identificado como Limber Cruz Bazán fue asesinado a tiros en la puerta de su vivienda, en Guayaramerín. Según reportes preliminares, el jurista recibió cuatro impactos de bala en la noche del sábado. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen. Vecinos del lugar contaron a la prensa que escucharon varias detonaciones. Cuando salieron de sus casas, encontraron al abogado gravemente herido. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, Cruz Bazán falleció en el lugar. Cruz Bazán era conocido en la región por llevar casos de alto perfil. De acuerdo con información extraoficial, era el abogado de la mujer secuestrada en Guayaramerín, cuyo paradero aún se desconoce. (LA PRENSA)

La justicia envió a la cárcel al exgerente de YPFB Logística, Félix Abraham Cruz, con una detención preventiva de cuatro meses. Esta medida se enmarca en la investigación del caso «Botrading», referida a la supuesta importación de combustible con presunto sobreprecio. ​La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo en la ciudad de La Paz después de que Cruz fuera aprehendido el viernes, tras rendir su declaración. Durante la sesión, el fiscal Omar Yujra argumentó que el imputado tenía conocimiento de las operaciones irregulares de la empresa paraguaya Botrading SA, la cual presuntamente fue usada para encubrir sobreprecios millonarios en la compra de combustibles.  El fiscal sostuvo que existían riesgos de obstaculización en la investigación y, por ello, solicitó al juez que ordenara su detención. El juez a cargo del caso acogió la petición de la Fiscalía. ​Por su parte, el abogado defensor de Cruz, Álvaro Guzmán, calificó la resolución de «desproporcionada». Guzmán aseguró que su cliente no firmó ningún contrato, no fue la unidad solicitante ni participó en la compra de acciones, y lamentó que la autoridad judicial no valorara estos argumentos. A pesar de la decisión judicial, la defensa ha anunciado que presentará una apelación para revertir la detención preventiva, considerando que no se ha demostrado la participación directa de Cruz en los hechos investigados.  El Ministerio Público, sin embargo, mantiene su postura de que el exfuncionario tenía pleno conocimiento de las acciones. (CORREO DEL SUR)

La Fiscalía citó a Félix Abraham Cruz Taca, exgerente general de YPFB Logística, para que preste declaración en la investigación del caso Botrading, que indaga supuestas irregularidades en la importación de combustibles por parte de la estatal petrolera. El fiscal José Omar Yujra solicitó autorización judicial para que Cruz Taca, actualmente con detención domiciliaria en otros procesos, pueda salir de su domicilio y brindar su declaración informativa. La audiencia fue programada para el viernes 19 de septiembre a las 10:00 en la Fiscalía Departamental de La Paz y, posteriormente, en la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Legisladores han señalado indicios de sobreprecios en la compra de combustibles, contratos firmados sin licitación, pagos sin respaldo y un posible daño económico al Estado que, según estimaciones parlamentarias, rondaría los 355 millones de dólares. En agosto, la Cámara de Diputados aprobó un informe final que recomienda auditorías externas a YPFB Internacional y Botrading, además de remitir los antecedentes a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público. En paralelo, el Ministerio Público inició procesos contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y otros funcionarios. El escándalo surge en un contexto de crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia, con largas filas en los surtidores y mayores costos de importación, lo que aumenta las críticas a la gestión y transparencia de la principal empresa estatal del país. (CORREO DEL SUR)

La expresidenta Jeanine Áñez deberá continuar encarcelada porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada que presentó, pero puede recurrir nuevamente. El rechazo del TSJ obedece a que la expresidenta no subsanó las observaciones realizadas a su recurso por el magistrado relator; empero, tiene la posibilidad de presentar otro, fundado en motivos distintos, informaron este miércoles en Sucre, fuentes de ese alto tribunal. “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia (…) falla declarando inadmisible el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada interpuesto por Jeanine Áñez Chávez (…)” señala el Auto Supremo firmado por sus nueve magistrados. La expresidenta había solicitado la anulación de la sentencia condenatoria de 10 años de cárcel por el caso Golpe II, dispuesta por un tribunal ordinario de la ciudad de La Paz. Áñez esperaba una resolución a su favor para abandonar la cárcel después de que jueces y tribunales ordinarios declinaron competencia para continuar procesándola y remitieron sus juicios a la vía que corresponde a un exmandatario de Estado: el juicio de responsabilidades Los tribunales de los casos EBA, Sacaba, Senkata determinaron declararse incompetentes para procesarla y emitieron una orden de excarcelación, pero la expresidenta no puede ser liberada debido a que pesa sobre ella una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II. (LOS TIEMPOS)

Brenda Lafuente presentó este miércoles, mediante la plataforma del Palacio de Justicia, una demanda de asistencia familiar contra el presidente Luis Arce, acompañada por su abogada y cargando en brazos a su bebé de 10 meses, según registró IN Noticias. La nueva acción civil se suma al proceso penal ya en curso por abandono de mujer embarazada, violencia intrafamiliar y violencia económica. La defensa explicó que no se interpuso una demanda de paternidad porque “se da por hecho que él es el padre del niño”, y precisó que la vía familiar busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas y el resguardo de los derechos del menor. “Lo que estamos reclamando es el abandono de mujer embarazada, que constituye un ilícito; la violencia económica, que es otro ilícito, y ahora la asistencia familiar, que corresponde dentro de la vía familiar”, señaló la abogada de Lafuente. Según la representación legal, el objetivo principal de estas acciones es garantizar la manutención y protección del niño; por ello las medidas judiciales no se detendrán. Con la presentación de este recurso, el caso contra el mandatario entra en una nueva etapa que abre un frente adicional en la justicia ordinaria y promete más diligencias en los próximos pasos procesales. La familia y su defensa insisten en que las actuaciones persiguen exclusivamente el interés superior del niño y reclaman a la justicia que asegure respuestas efectivas frente a lo que califican como incumplimiento del padre. (CORREO DEL SUR)

Para el analista político y experto en resolución de conflictos, Gregorio Lanza, la eliminación de Bolivia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico es el resultado del descontrol total de nuestro país en el combate antidroga. En ese contexto detalló dos factores principales. Expertos en seguridad y defensa sostienen que Bolivia debido a su posición geográfica se ha convertido en un “hub” de producción, tránsito, distribución para los carteles y refugio de narcotraficantes que incrementa la inseguridad ciudadana. El próximo gobierno tiene el desafío de replantear la política de lucha antidroga donde no se descarta el regreso de la DEA para apoyar este trabajo. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El Gobernador de La Paz, Santos Quispe, demandó nuevamente al Gobierno central garantizar los recursos necesarios para el pago de prediarios a los privados de libertad en la región, acumulando una deuda de cinco meses. El gobernador señaló que la falta de financiamiento no solo afecta a los reclusos, sino también a otras instancias que dependen de estos recursos. En cinco ocasiones, la Gobernación de La Paz presentó solicitudes formales al Gobierno central para asegurar el pago oportuno de los prediarios a los privados de libertad. A la fecha, la deuda persiste, generando preocupación por las condiciones de los reclusos y por el funcionamiento de otras áreas que requieren financiamiento. La Gobernación de La Paz anunció que continuará solicitando de manera formal al Gobierno central la asignación de los recursos pendientes, para evitar que la situación se agrave y se afecte a más sectores vinculados al sistema penitenciario. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, posesionó a Alexander Mendoza como el nuevo fiscal departamental de Beni. El cambio sucede después de que el anterior fiscal, Gerardo Balderas, recibiera amenazas de muerte. La amenaza provino de Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias «Coco Vásquez», un prófugo de la justicia, acusado de narcotráfico y de liderar un grupo de sicarios. Mariaca explicó que Mendoza asume el cargo con el compromiso de mantener una institución de puertas abiertas y con firmeza para aplicar la ley. Por su parte, el nuevo fiscal indicó que continuará el trabajo de su predecesor, Gerardo Balderas, quien recibió custodia policial permanente. Mariaca destacó el trabajo de Balderas, a quien se le reconoce por su labor en favor de la justicia de Beni desde mayo de 2023. El reemplazo busca garantizar la seguridad del fiscal y la continuidad de las investigaciones en curso. (LA PRENSA)