Seguridad

La Procuraduría y el Viceministerio de Transparencia señalan que “aún está latente” el riesgo de fuga por parte del expresidente, por ello, solicitaron cambiar la imputación formal de la Fiscalía y que se lo debe enviar con seis meses de detención preventiva en otra cárcel que no sea Qalahuma. La audiencia que definirá el futuro del expresidente Luis Arce continúa desarrollándose de manera virtual y, en ella, la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia aseguran que todavía está latente el riesgo de fuga que podría darse por parte del exmandatario. Por ello, pidieron a la Fiscalía seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro. “No encontramos en el cuaderno de investigaciones documentación que respalde el domicilio. Por lo tanto, este riesgo procesal se mantiene latente en relación a su trabajo”, señaló la parte acusatoria de la Procuraduría. Asimismo, el procurador del Estado, Hugo César La Faye, indicó que, al no tenerse tales documentos que prueben un domicilio fijo del exmandatario, la institución pide que se revoque la petición inicial de la Fiscalía –que pidió tres meses de detención preventiva en el penal de Qalahuma– y que se aplique la detención preventiva de seis meses en el penal de San Pedro. “Pedimos que la misma sea por el plazo de seis meses (por) la complejidad del caso sometido a investigación, la pluralidad de víctimas, sindicados, testigos, peritos y al grave daño económico ocasionado al Estado”, señaló La Faye y recalcó “que se disponga la detención preventiva en otro centro penitenciario del Departamento de la Paz y sea por el lapso de seis meses, tiempo en el cual, obviamente, se concluirán las investigaciones”. En ese mismo tenor, el Viceministerio de Transparencia, se adhirió a la petición acusatoria que realizó la Procuraduría y añadió que el expresidente Arce puede influir en las investigaciones que se llevan adelante. “Se acredita de manera objetiva que el imputado puede influir, destruir, modificar o suprimir estos elementos de prueba que son necesarios para el esclarecimiento del hecho”, dice el personal del Viceministerio. Incluso, añadió, que Arce aún ostenta poder en aquellas personas que están ligadas al proceso investigativo sobre el desfalco al Fondo Indígena. La audiencia contra Arce comenzó cerca de las 12:20 de este viernes. La misma definirá el futuro legal del exmandatario que está acusado de haber autorizado el desembolso de dineros del Fondo Indígena a cuentas personales. Pesa sobre su persona los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. (EL DEBER)

Dentro de la imputación al expresidente Luis Arce por el caso Fondo Indígena, el Ministerio Público dispone citar a declarar a las exministras de Desarrollo Rural y Tierras del gobierno de Evo Morales, Nemesia Achacollo y Julia Ramos; a Felipa Huanca, exdirigente departamental de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa; y a Melva Hurtado, exdirigente de la CIDOB, entre otros testigos. Dentro de la investigación, la Fiscalía tomará declaración de los testigos Julia Ramos, exministra de Desarrollo Rural y Tierras; Diego Faldin; Sergio Hinojosa; Herminia Colque; Larisa Villca; Jorge Quispe; Eliseo Camiño; Epifanio Pacheco; Sandra Paredes; Ramiro Burgos; Víctor Quintanilla; Gloria Zamorano; Rodolfo Machaca; Hilarion Mamani; Ever Choquehuanca; Melva Hurtado; Julián Jala; Juanita Ancieta; Carlos Fuentes; y Sergio Hinojosa. La exministra Achacollo, cercana a Evo Morales, fue denunciada en su momento por el exdirector del Fondo, Marco Aramayo, por supuestamente autorizar el desembolso de 10 millones de dólares. En 2020, un juzgado anticorrupción de La Paz determinó otorgar libertad pura y simple a Felipa Huanca por el caso Fondo Indígena. En 2024, Huanca fue designada cónsul en Argentina. Fue denunciada en 2015 por irregularidades en la administración y ejecución del proyecto Ayni Productivo, financiado con recursos del Fondo Indígena. En el caso de Melva Hurtado, quien fue también presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en 2015 aparecía sindicada en seis proyectos por los que recibió, en diversas cuentas bancarias, más de 20 millones de bolivianos. El fiscal que lleva el caso, Miguel Cardozo, señaló que el Ministerio de Economía financió 3.500 proyectos, de los que “ni la mitad” han sido concluidos y se evidenció que hubo desembolsos sin fiscalización a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas. El caso del Fondo Indígena regresó a la agenda pública tras la detención preventiva de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, la semana pasada, y la aprehensión este miércoles de Arce. La denuncia que presentó el abogado Eduardo León en el caso Fondo Indígena señala que más de 18 personas habrían recibido millonarias sumas de dinero público en cuentas particulares, las cuales serán convocadas a declarar y, en otros casos, serían aprehendidas, según dijo el fiscal Cardozo.

El excomandante de la Policía, general Augusto Russo, se presentó este miércoles ante el Ministerio Público para prestar declaración informativa en el proceso que investiga presuntos actos de discriminación en contra del coronel Pavel Vázquez Pastor. Russo negó rotundamente la acusación y, por el contrario, señaló que el propio oficial habría estado involucrado en cambios de destino “injustificados” durante 2021. El exjefe policial explicó que los movimientos de personal dentro la institución se aplican por criterios de “mejor servicio y por necesidades”, descartando que respondan a motivaciones personales. Consultado sobre una posible acción discriminatoria contra Vázquez, respondió: “desde ningún punto de vista”, y recordó que la discriminación se configura por sexo, raza, credo, religión, orientación sexual u otros factores similares. usso afirmó que, en su gestión, el coronel Vázquez fue nombrado subcomandante departamental a pedido propio, y que posteriormente habría solicitado retornar a La Paz debido a problemas familiares y de salud. “Acongojado por la situación familiar y por su situación de salud, él me solicita nuevamente volver a La Paz y después presenta una denuncia”, declaró. El abogado del excomandante, Frank Campero, informó que se entregó documentación de descargo ante la Fiscalía y que ahora se aguarda la continuidad de las investigaciones. (CORREO DEL SUR)

El vicepresidente Edmand Lara ha pedido públicamente que se sancione con la pena máxima y la baja de la Policía  al oficial que disparó su arma de fuego en el operativo de desbloqueo en Cotapachi y que, de esa manera, habría causado la muerte de dos personas. Mediante un video en TikTok, Lara aseveró que el oficial implicado no puede quedar en la impunidad y descartó que su caso haya sido de “defensa propia”. “He ordenado al Departamento Jurídico de la Vicepresidencia que realice todas las acciones legales, para que este oficial sea sancionado penalmente con la pena máxima y sea dado de baja de la institución policial”, señaló Lara, quien en su momento fue dado de baja cuando era capitán de la Policía. La Policía ya ha identificado a un subteniente como autor de los disparos, sin embargo, argumentó que el mismo había sido herido por esquirlas de escopeta. Sin embargo, Lara señaló que en la Policía está prohibido llevar arma de fuego a las manifestaciones. “Que no vengan acá a querer argumentar de que hizo uso de su arma de fuego en defensa propia, en legítima defensa, como se quiere hacer creer. Si el oficial realmente hubiese hecho lo correcto, si hubiese aplicado el procedimiento adecuado, él hubiese informado desde el primer momento que hizo uso de su arma de fuego y que la utilizó cumpliendo los tres principios básicos que están establecidos para el uso de armas de fuego, que son la necesidad, la legalidad y la proporcionalidad”, explicó.  Según el Vicepresidente, el oficial denunciado ocultó el hecho y nunca hubiese informado de que usó arma de fuego si no aparecían grabaciones al respecto. Manifestó que también se debe procesar al jefe de operativo,  por no haber revisado que no se lleve arma de fuego Al despliegue. Las muertes en Cotapachi ocurrieron cuando se intervino un bloqueo en el sector al relleno sanitario de Colcapirhua, en el marco de un conflicto de límites. La Policía argumentó que los efectivos fueron emboscados con dinamitas. Los fallecidos son dos varones de 38 y 47 años de edad. El presunto autor de los disparos será imputado por el delito de homicidio, según anunció la Fiscalía. ERBOL

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset concedió en las últimas horas una entrevista desde la clandestinidad, en la que reveló que estuvo cerca de entregarse a la Policía de Paraguay y arremetió contra las autoridades de este país. ”El narcotráfico es gracias también a autoridades, policías, Gobierno y mucha mafia está metida”, señaló el hombre buscado por varios países de la región, entre ellos Bolivia, de donde escapó en julio de 2023. La entrevista a Marset se dio unas horas después de que Gianina García Troche, su esposa, fuera sancionada por presunta indisciplina en la cárcel de Paraguay. El uruguayo indicó que está dispuesto a entregarse a la justicia paraguaya, aunque afirmó que no existe ni una sola prueba en su contra. Según el Marset, pese a que es uno de los más buscados de la región, solo Paraguay emitió una orden de captura internacional en su contra, descartando así su búsqueda en otros países donde tiene procesos penales. Agregó que en Francia y en Bélgica tampoco tiene procesos en su contra ni órdenes de arresto. “No tengo un pedido de captura ni por Bélgica ni por Francia ni por nada”, señaló. Marset expresó su desconfianza en los sistemas judiciales de la región y que por eso no se entregaría. “Ya que llevan tanto tiempo detrás mío que sigan buscándome, no me da miedo”, apuntó. “Ando por todo Sudamérica tranquilo de un lado a otro, sin ningún problema… Yo ya fui procesado, ya pagué por los delitos que cometí, el dinero lo hice antes y todavía me alcanza para vivir. Ya pagué mis delitos. 100% inocente hasta que se demuestre lo contrario”, apuntó. Sebastián Marset es calificado como uno de los principales articuladores del narcotráfico en Sudamérica. Su nombre saltó a la escena pública tras múltiples operativos policiales en la región que lo vincularon con el envío de cargamentos de droga hacia Europa y África, así como con el uso de identidades falsas y redes de apoyo transnacional. En Bolivia, su nombre tomó mayor relevancia tras el operativo de 2023 en Santa Cruz, donde eludió un cerco policial, reforzando su perfil de fugitivo de alto riesgo. Actualmente, es buscado por organismos internacionales como la Interpol. (CORREO DEL SUR)

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se reunió con los 30 artesanos y comerciantes que perdieron toda su mercadería en el incendio de la calle Sagárnaga para analizar opciones de reubicación.‎‎El lunes por la madrugada, una vivienda colonial frente a la Iglesia San Francisco ardió durante más de seis horas, pese al intenso trabajo de bomberos y grupos de rescate.‎‎Los 30 locatarios reportaron pérdidas cercanas a 20 mil dólares cada uno, sumando alrededor de 600 mil dólares en total. JAVIER BAUTISTA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP