Seguridad

Dos hermanitos de poco más de dos años fueron rescatados por personal de la Defensoría de la Niñez luego de haber sido abandonados por su madre al interior de un alojamiento en El Alto, La Paz, cuando la mujer fue contactada se justificó asegurando que no podía hacerse cargo de ellos. De acuerdo a la denuncia, los pequeños mellizos llegaron junto a su progenitora a un alojamiento ubicado en el distrito 8 de la urbe alteña el fin de semana; sin embargo, la mujer salió del lugar pero no retornó más. “Habrían sido abandonados en un alojamiento del municipio alteño por parte de su progenitora, la misma habría salido a las 10:00 de la mañana manifestando que volvería y que estaría yendo por unos documentos”, señaló el director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Cristian Chipana. Según informó Chipana, se logró dar con la identidad de la mujer, por lo que una vez pudieron contactarla, esta se deslindó de la responsabilidad asegurando que no podía cuidar de los niños. “La señora en la llamada telefónica dijo que no se podría hacer cargo de los niños y que la Defensoría haga lo que quiera, así de manera textual dijo”, lamentó. Ante esto, las autoridades anunciaron que presentarán una denuncia en contra esta mujer por el presunto delito de abandono. “Nosotros vamos a presentar un precedente aquí en la ciudad de El Alto y vamos a lograr la detención preventiva en primera instancia de esta mala madre”, manifestó. Se conoce que personal del mismo establecimiento quien se percató de la presencia de los niños en el lugar, por lo que alertó a la Policía y la Defensoría para que intervenga y se haga cargo. Por su parte, los pequeños de poco más de dos años fueron llevados a un albergue transitorio en la urbe alteña mientras que la Defensoría inició la búsqueda de una familia ampliada que pueda asumir su cuidado. EJU TV

Los abogados Eduardo León, Zuleika Marina Lanza Zeballos y el fiscal Fernando Espinoza Medina fueron denunciados formalmente en la Fiscalía General por los presuntos delitos de consorcio, patrocinio infiel, ejercicio indebido de la profesión y desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. La acusación fue presentada por las abogadas Claudia Marcela Castro Dorado y Verónica Judith Rivero Salinas, quienes detallan en su memorial los hechos vinculados a audiencias desarrolladas el 5 y 6 de febrero de 2026 dentro de un proceso. Según el documento, el 5 de febrero se instaló audiencia de cesación a la detención de Rivero Salinas, la cual fue suspendida por la inasistencia de la DNA, fijándose cuarto intermedio para el 6 de febrero. En la reinstalación de la audiencia se dejó constancia de la presencia del fiscal Fernando Espinoza Medina, cuya participación es cuestionada en la denuncia debido a que también está asignado a otro proceso seguido contra Castro Dorado (CUD 201102012504056). Las denunciantes sostienen que esta actuación vulneraría los principios de objetividad y responsabilidad previstos en el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, señalan presuntas irregularidades en el cambio de fiscal y plantean la existencia de un consorcio. Respecto a Eduardo León Arancibia, el memorial indica que su Título en Provisión Nacional habría sido revocado mediante Resolución Ministerial 0243/2016, extremo que —según el documento— fue acreditado con la SCP 0806/2019-SH de 12 de septiembre de 2019. En el caso de Zuleika Marina Lanza Zeballos, la denuncia señala una presunta incompatibilidad en el ejercicio de la defensa conforme al artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, indicando que actuaría en distintas calidades dentro de los procesos mencionados. Castro manifestó públicamente que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General para su respectivo análisis y señaló que, de comprobarse los extremos expuestos, las actuaciones realizadas podrían ser declaradas nulas. (DETRÁS DE LA VERDAD)

Luego de versiones en redes sociales que dudan de la limpieza de la gasolina por las diferencias en su color, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha salido a aclarar que este aspecto no tiene nada que ver con la calidad del combustible.    “El color de la gasolina no tiene ninguna relación con la calidad de la misma. Por ejemplo, la gasolina en Chile de color transparente, la gasolina en Argentina, es un amarillento y en Paraguay incluso tenemos diferentes tipos de gasolinas con diferentes colores”, afirmó el  vicepresidente YPFB, Sebastián Daroca, en conferencia de prensa. Señaló que, a nivel nacional, incluso se tiene una normativa que obliga a poner cierto tipo de colorantes de acuerdo a los lugares donde se va a comercializar el combustible, con fines de seguimiento. “Por lo tanto, el color de la gasolina en diferentes partes del país puede ser diferente, pero no tiene nada que ver con la calidad. La calidad de la gasolina solamente se la puede determinar a partir de los estudios de laboratorio”, recalcó. (ERBOL)

La justicia ordenó la detención preventiva por 60 días en el penal de Palmasola del pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco (49), dentro de un segundo proceso penal por estupro y violencia familiar o doméstica, decisión que fue apelada tanto por el Ministerio Público como por la defensa, que cuestionan el alcance del fallo desde perspectivas opuestas. La medida fue dispuesta este jueves por el Juzgado de Instrucción N.º 6, a cargo del juez Helver Cabrera, durante una audiencia cautelar virtual, debido a que el imputado ya se encuentra privado de libertad en Palmasola por un primer caso en su contra. Tras la audiencia, la fiscal Margoth Vargas informó que el Ministerio Público presentó todos los elementos de convicción por los delitos de estupro y violencia psicológica, y remarcó que el juez no dio curso a la prescripción de la acción penal por estupro, como planteó la defensa. “El Ministerio Público ha presentado todos los elementos de convicción dentro del delito que hoy se ha estado investigando. El juez no ha dado cabida a la solicitud de prescripción de la acción por el delito de estupro, lo que significa que la investigación continúa”, señaló Vargas. La fiscal confirmó que, aunque la autoridad jurisdiccional accedió a la detención preventiva, el plazo de 60 días fue considerado insuficiente. “Hemos apelado esa decisión, toda vez que vemos que es muy corto el tiempo”, indicó, al agradecer el trabajo del equipo fiscal que lleva adelante la investigación. Por su parte, el abogado defensor del pastor, Víctor Hugo Cartagena, afirmó que uno de los aspectos más relevantes de la audiencia fue que el juez descartó que el delito de estupro sea imprescriptible y que pueda ser considerado de lesa humanidad. “El juez ha establecido que el delito de estupro no está inmerso dentro del Estatuto de Roma y, por tanto, no es imprescriptible ni puede ser considerado un delito de lesa humanidad”, sostuvo Cartagena, quien calificó este punto como una “victoria jurídica” frente a interpretaciones previas. No obstante, el abogado reconoció que la autoridad judicial rechazó el incidente de prescripción bajo otros fundamentos y dispuso la detención preventiva por 60 días, medida que también fue apelada por la defensa. “Hemos hecho la apelación correspondiente y veremos qué establece la sala”, afirmó. Contexto del caso El segundo proceso fue iniciado a denuncia de Vanessa H., de 29 años, quien ratificó ante la autoridad judicial que habría mantenido una relación con Núñez cuando ella tenía 16 años y él 36. La denunciante sostuvo además que miembros de la Iglesia Internacional de la Familia habrían tenido conocimiento de los hechos sin que entonces se activaran mecanismos de denuncia. En paralelo, Núñez ya cumple 180 días de detención preventiva por otro expediente, denunciado por una prima hermana, por presuntos delitos de estupro agravado y violencia familiar o doméstica, medida dispuesta el pasado 13 de febrero tras una audiencia celebrada en la Villa Primero de Mayo. El caso que involucra a Vanessa H. había sido inicialmente archivado, pero fue reabierto tras una revisión jerárquica ordenada por el fiscal departamental Alberto Zeballos. Asimismo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos informó que una tercera presunta víctima habría sido identificada y evalúa presentar una denuncia ante la Felcv. Ambos procesos continúan bajo control judicial y mantienen alta expectativa pública. EJU TV

Un caso de parricidio conmociona a Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba. El Ministerio Público abrió una investigación luego de que un hombre de 69 años fuera encontrado muerto con una herida de arma blanca en el cuello en su domicilio del sector Sindicato 40 Arroyos. La denuncia fue presentada por la esposa de la víctima, quien relató que su esposo descendió del segundo nivel de la vivienda con la herida, señalando a su hijo como el agresor, antes de perder el conocimiento. El fiscal departamental Osvaldo Tejerina informó que el presunto autor del crimen es el hijo de la víctima, de 24 años, quien fue enviado a detención preventiva en el penal de El Abra. Según declaraciones del imputado, actuó tras sentirse “poseído” y que habría recibido órdenes de supuestos “ángeles malignos”. El fiscal Samuel Pérez indicó que el caso se encuentra en etapa de recolección de pruebas y pericias técnicas, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho. Tras el crimen se realizaron operativos policiales para ubicar al joven, quien inicialmente se dio a la fuga. Las autoridades reiteran que se continuará con el proceso judicial correspondiente, asegurando la detención preventiva del imputado y la investigación integral del parricidio que ha generado conmoción en la comunidad. (BRÚJULA DIGITAL)

Funcionarios del Banco Unión en el municipio de Apolo, al norte del departamento de La Paz, detectaron una perforación en una pared cercana a la bóveda de seguridad, que presuntamente habría sido realizada con la intención de perpetrar un robo, informó el fiscal Eduardo Sossa. El hallazgo se produjo el miércoles 18 de febrero, cuando el personal de la entidad financiera ingresó a sus instalaciones y advirtió la existencia de un orificio de aproximadamente 55 por 35 centímetros en el sector que colinda con la bóveda. Ante esta situación, se dio parte a la Policía, que inició las primeras acciones investigativas. Según el representante del Ministerio Público, la inspección del lugar permitió identificar indicios que apuntan a un intento planificado. “Además, se puede observar que los presuntos autores habrían perforado la pared usando una picota, una pala, un taladro, martillo y además de dos mochilas”, señaló el fiscal, al detallar los elementos encontrados en el sitio. De acuerdo con las primeras investigaciones, la perforación fue realizada desde un inmueble contiguo al banco, que corresponde a un instituto y que estaría bajo la responsabilidad de una portera. El fiscal Sossa aclaró que no se reportó la sustracción de dinero ni de otros bienes de la entidad financiera; sin embargo, el caso fue abierto como tentativa de robo, mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables. La autoridad también indicó que una de las hipótesis es que los autores tenían conocimiento previo sobre la ubicación exacta de la bóveda. “Entonces, estamos realizando la investigación para ver si es algún autor que sea ya externo o interno propiamente de la institución”, agregó. (CORREO DEL SUR)

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto clausuró cuatro bares clandestinos durante el feriado largo de Carnaval y sancionó a otros cuatro locales nocturnos por infringir la Ley 259. Los operativos se ejecutaron en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones. El secretario de Seguridad Ciudadana, coronel Ricardo Morales, informó que los controles continuarán en varios distritos para frenar el funcionamiento de locales ilegales y reforzar las acciones preventivas ante la cercanía del domingo de Tentación. La autoridad destacó que estas medidas buscan proteger a la población y asegurar el cumplimiento de las disposiciones municipales. YENNY TICONA-RTP

Tres personas fueron enviadas con detención preventiva al penal de San Pedro de Oruro, investigadas por el presunto delito de estafa con víctimas múltiples por la venta fraudulenta de graderías durante el Carnaval en Oruro. “Tres personas habrían presuntamente comprado y vendido la misma gradería a varias personas. Se tenía un daño aproximadamente de 800.000 bolivianos que habían sido recaudados”, informó el fiscal departamental Aldo Morales. La Fiscalía señaló que el caso no se limitaría a los tres detenidos, ya que existen indicios de que operaba una organización dedicada a la compra de metros lineales, armado y reventa de graderías, lo que provocó caos entre los afectados durante las fiestas. Asimismo, se informó que se logró la devolución parcial del dinero a algunas víctimas; sin embargo, aún resta un porcentaje considerable por restituir.  Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas aprehensiones ni la ampliación del proceso penal.  (ERBOL)