Seguridad

La Fiscalía Departamental de La Paz y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen intervinieron este miércoles las oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), como parte del proceso judicial que se sigue contra la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, por incumplimiento de contratos en ocho proyectos. “Es sobre ocho proyectos en ocho comunidades en los que se ha establecido un daño económico al Estado, se habrían hecho diferentes depósitos en sus cuentas bancarias”, declaró el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo, quien lideró la intervención. Agregó que aún no hay una orden de aprehensión contra la exdiputada y tampoco una citación para que declare. El pasado 20 de noviembre, el Ministerio Público inició una investigación penal contra la exdiputada. Según el requerimiento fiscal del 17 de noviembre, se la investiga por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. La denuncia fue presentada por el propio Fondo Indígena. Aquel 2015  El caso salió a la luz en febrero de 2015, cuando la Contraloría General del Estado detectó 153 obras no ejecutadas, lo que causó un perjuicio de 71 millones de bolivianos al Estado. Entre los acusados figura la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, quien ya fue detenida preventivamente por este caso.   (VISIÓN 360)

El dirigente de la Confederación de Panificadores, Rubén Ríos, espera para este miércoles su audiencia cautelar por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y daño económico al Estado. Tras su salida de celdas de la FELCC para declarar ante la Fiscalía, rechazó que haya conformado un clan familiar para la venta y reventa de harina subvencionada. “Yo no conformé ningún clan familiar, soy inocente”, sostuvo. En días pasados el Ejecutivo denunció que Ríos habría adquirido harina de EMAPA en menos de Bs 100 y lo revendió al mismo Estado en Bs 300. El director departamental de la FELCC, Gabriel Neme, informó que en este caso se continúa en la búsqueda del exgerente de EMAPA, Franklin Flores, en territorio nacional: “Coordinamos con Migración e Interpol para dar con el paradero de este ciudadano”.

Un trágico caso de feminicidio se registró en La Paz, donde un joven de 21 años, identificado como Iván G. C. U., fue aprehendido por la Policía bajo la acusación de haber asesinado a su pareja, Yesica P. C., también de 21 años, y posteriormente enterrar su cadáver. Detalles del Crimen El crimen ocurrió el 28 de noviembre, alrededor de las 03:00, en el departamento de la víctima, ubicado en la zona Chamoco Chico de La Paz, cerca del Cementerio General.  La pareja habría sostenido una discusión y pelea. La autopsia realizada por el IDIF determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento braquio/antebraquial, confirmando una muerte violenta.  Se presume que Iván G. C. U. asfixió a Yesica y, al percatarse de su muerte, trasladó el cuerpo en un yute en taxi hasta la Terminal Interprovincial de El Alto. Posteriormente, abordó un minibús alrededor de las 05:30 con destino al cantón Lacaya, en el municipio rural de Pucarani, donde procedió a enterrar el cuerpo en un terreno baldío. (LA PRENSA)

Mediante un memorándum, el Comandante General de la Policía, Mirko Sokol, prohibió a los policías “solicitar, exigir, aceptar o insinuar” la entrega de dinero a la población, a servidores públicos policiales o a miembros de la institución. “Queda terminantemente prohibido; solicitar, exigir, aceptar o insinuar la entrega de dinero, dádivas económicas, beneficios o cualquier tipo de favor, ya sea: A la ciudadanía en general, sin excepción. A servidores públicos policiales o miembros de la institución, independientemente del grado o función”, señala el circular.  El memorándum con fecha 29 de noviembre, fue dirigido al comando general, direcciones generales y nacionales y comandos departamentales de la Policía.  La disposición se da con la finalidad e mantener la “conducta integra, transparente y alineada” con los valores éticos de la institución.  “La inobservancia a esta disposición, dará lugar a la aplicación de la Ley N° 101 de Régimen Disciplinario de la Policia Boliviana y de las responsabilidades establecidas en el Decreto Supremo N° 23318-A (Responsabilidad de la Función Pública)”, culmina el circular.  El memorándum se da a conocer un día después de la posesión de Sokol como Comandante de la Policía, tras centrar su discurso en la lucha contra la corrupción y anunciar que impulsará un cambio profundo en la institución para enfrentar este problema.  “Camaradas, a partir de hoy, la orden que les da su comandante general es que queda totalmente prohibido cobrar un solo centavo a algún ciudadano boliviano, por ningún motivo. Y peor aún, a ningún servidor público policial”, afirmó Sokol el viernes tras su posesión. Además, recordó que la corrupción “no aparece sola”, porque es un delito que involucra “dos actores: el que da y el que recibe, el que pide y el que entrega”. Por lo que pidió no intentar “arreglar todo de la manera más sencilla” mediante sobornos.  “Si un ciudadano se ha encontrado también cometiendo un delito de cohecho, pues va también a someterse a lo que establece la normativa vigente”, agregó. (BRÚJULA NOTICIAS)

La Fiscalía de La Paz ordenó la aprehensión del dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, por su presunta participación en contratos irregulares con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para la provisión de harina subvencionada. Detalles de la Investigación El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó que, aunque se realizaron allanamientos en el domicilio de Ríos, el dirigente no fue hallado. Sin embargo, en el operativo se logró el secuestro de un vehículo, documentos, y otras pruebas relevantes para la investigación.  Principales Denunciados:  El fiscal señaló que los dos principales denunciados en este caso son el exgerente de Emapa, Franklin Flores, y el dirigente Rubén Ríos. (LA PRENSA)

Los asambleístas departamentales de La Paz Israel Alanoca y Leopoldo Chui denunciaron que vocal Juan Adalid Mamani Quispecahuama, de la Sala Penal Quinta del Tribunal Departamental de Justicia, favoreció con detención domiciliaria a los dos funcionarios, Edson G.S.S., y María R.M.C., que fueron aprehendidos el 12 de este mes por el cobro irregular de montos de dinero que realizaron al interior del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz. “Hemos conocido una noticia lamentable. Los dos imputados por el delito de concusión fueron liberados. Ayer (jueves) en una audiencia de apelación se ha revocado la decisión del juez de primera instancia y les ha beneficiado con detención domiciliaria”, informó Alanoca en conferencia de prensa. Lamentó que, con esta decisión, estas dos personas puedan manipular los papeles ya que tienen acceso directo al Sedes y así perjudicar el trabajo de investigación. “Ellos pueden incluso hablar con las víctimas, pueden manipular y ahí hay un riesgo. El juez no ha obrado bien ante este hecho”, reclamó el asambleísta. El delito que cometieron estas dos personas se dio el pasado 12 de este mes, cuando fueron encontrados en flagrancia con dinero, una laptop y una lista de funcionarios a quienes exigían montos de dineros de entre 90, 100, 120, 150, 200 y 250 bolivianos como pago para asegurar sus puestos de trabajos al interior del Sedes, centros médicos y otras instancias. Tras esto, efectivos policiales intervinieron las oficinas y aprehendieron a los dos funcionarios, además de que en el lugar se halló al menos 12.000 bolivianos, producto de los cobros de un solo día. Alanoca también informó que el vocal dio una fianza de 10 mil bolivianos. “Solamente les han dado una fianza de 10 mil bolivianos, ese monto y más hemos encontrado ese día y solo habían recogido en tres horas, imagínense cuánto más habrán recogido en estos años. No sabemos el argumento que ha usado el juez, pero exhortamos a la Fiscalía que le dé celeridad a este proceso”, declaró. En tanto, el asambleísta Chui manifestó que el vocal Mamani Quispecahuama solamente se maneja con dinero para librar procesos judiciales. “Este vocal, Adalid Mamani Quispecahuama se maneja así (con dinero) a la justicia. Estos señores estaban cometiendo actos de corrupción y así son liberados, son beneficiados”, reclamó. Pidió al vicepresidente Edmand Lara responder a las peticiones que enviaron y aseguró que los mismos están en su despacho. “Señor vicepresidente: denuncia muy grave por hechos de corrupción contra Santos Quispe y funcionarios del Sedes de La Paz por corrupción de cobros exorbitantes de dinero a funcionarios públicos”, dice un memorial que tiene el sello de la Vicepresidencia.

A 11 días de los desbordes y riadas en la localidad de Achira, en Samaipata, la Gobernación de Santa Cruz informó este viernes del hallazgo de un cuerpo que podría estar relacionado con los desastres. Permanecen desaparecidas dos mujeres: Ramona Banegas, una mujer de 87 años, y Verónica Eves Peña, una joven embarazada de 21 años. Tras encontrar el cuerpo, las autoridades no pueden confirmar aún si se trata de una de esas personas, o de una tercera. “Informar a toda la población que nuestros rescatistas encontraron un cuerpo sin vida, a 12 kilómetros de la Comunidad Achiras, en la localidad Los Pinos. Nuestros rescatistas entregarán el cuerpo a las autoridades correspondientes para que hagan la identificación y den el reporte oficial”, dice un comunicado de la Gobernación. Luis Fernando Suárez, director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) informó sobre el hecho: “Es la una de la tarde y vamos a pasar el informe oficial del rescate del cuerpo que se ha encontrado en la zona”. El COED dio a conocer que cinco unidades de rescate, junto a efectivos de la Policía y Bomberos, trabajan en la zona para llevar el cuerpo hasta un punto seguro, donde comenzará la tarea de identificar la identidad. En tanto, el alcalde de Samaipata, Eustaquio Casilla confirmó el hallazgo y dijo que se hará la identificación una vez que el cadáver sea llevado a la morgue. “Estamos casi en la frontera entre Laja y Cuevas, exactamente a 18 kilómetros de Achira y las familias están esperando sobre la carretera, se va a identificar al cadáver para que luego pueda ser entregado a sus familiares”, afirmó el alcalde. Según un balance de la comuna, las inundaciones afectaron a unas mil personas y 560 familias perdieron sus viviendas durante el desastre ocurrido el pasado 17 de noviembre. Mientras tanto, maquinaria de la Alcaldía de Samaipata sigue trabajando para la rehabilitación de los caminos que fueron afectados por las lluvias. (VISIÓN 360)