Política

El Tribunal Supremo Electoral confirmó este miércoles la cancelación del registro oficial del partido Acción Demócrata Nacional. La determinación surge luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazara un recurso legal presentado por dicha organización política. El titular del órgano electoral, Gustavo Ávila, explicó que la medida responde al incumplimiento del umbral mínimo del tres por ciento de los votos durante los comicios generales desarrollados en agosto de 2025. Esta resolución implica que la agrupación política queda inhabilitada para presentar candidaturas en las próximas elecciones subnacionales. De igual manera, la autoridad electoral aclaró que todos los pactos o alianzas políticas suscritos previamente por este partido pierden validez de forma inmediata. La normativa vigente exige este respaldo ciudadano en las urnas para que las instituciones partidarias mantengan su vigencia legal y técnica dentro del sistema democrático nacional. Por otra parte, el ente colegiado analiza la situación de Unidad Cívica Solidaridad, sigla que también se encuentra en riesgo por resultados electorales insuficientes. Sin embargo, el futuro de esta organización depende de un pronunciamiento pendiente por parte de los magistrados constitucionales. El organismo electoral ratificó su postura de aplicar estrictamente la ley a todos los frentes que no alcancen la votación requerida, una vez concluyan las instancias de impugnación correspondientes. (LA PRENSA)

La Central Obrera Boliviana (COB) reveló que con el Gobierno ha consensuado de madrugada el Decreto Supremo 5516, que abroga y reemplaza el 5503, por lo cual ha declarado un triunfo. “Podemos decir con orgullo: deber cumplido, pueblo boliviano, se ha logrado el objetivo, mis compañeros”, proclamó el ejecutivo Mario Argollo tras un ampliado este martes. Antes de que al COB salga en conferencia de prensa, el Gobierno publicó el nuevo Decreto en la Gaceta. Consta de 32 artículos, a diferencia del Decreto 5503 que tenía 121 artículos. Argollo reveló que con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se quedaron hasta las tres de la mañana para elaborar el Decreto de manera consensuada, de acuerdo al acta firmada el domingo. “Tenemos el orgullo de decir que el día ha llegado, el día que ha triunfado el pueblo. Aquí ha ganado Bolivia, mis compañeros, ha ganado el pueblo boliviano movilizado, encabezado por su gloriosa Central Obrera Boliviana”, agregó. El nuevo Decreto 5516 mantiene la quita de la subvención, el incremento salarial y la mejora de los bonos sociales.   Argollo recalcó que el objetivo de la movilización de la COB fue abrogar el Decreto 5503, lo cual se ha logrado, y que el pedido de anular el Decreto 5515 (que permite al presidente gobernar a distancia) no es una lucha de la COB, sino de los asambleístas y el vicepresidente. El dirigente también advirtió que no debe prosperar el proyecto de ley antibloqueos, porque la COB lo considera una herramienta histórica de reivindicación. (ERBOL)

El Gobierno se reunió con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) hasta horas de la madrugada de este martes para socializar el nuevo Decreto Supremo 5516, que abroga el DS 5503 y rescata las principales medidas económicas de la norma anulada, informó el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría. “Hemos estado con el ministro de la Presidencia (José Luis Lupo) y nuestro equipo hasta la madrugada de hoy junto con el comité ejecutivo de la COB (…), agradecemos su presencia desde ayer al final del día hasta la madrugada”, dijo en contacto con Bolivia Tv. La autoridad indicó que en la reunión estuvo todo el comité ejecutivo de la Central Obrera para “conversar y debatir” el decreto 5516 y que esa es la razón por la que todavía no se encuentra la nueva normativa publicada en la Gaceta. “Hay una serie de documentos que circulan en redes sociales que no son oficiales, (pero) en atención del acta suscrita (con la COB en el diálogo del domingo), se ha dado cumplimiento al proceso de acuerdo y socialización con la COB, un decreto ajustado, en consenso y en el que se han discutido todas las medidas económicas”, aseguró. El DS 5503 era cuestionado por la COB y sus organizaciones afiliadas, además de algunos otros sectores, por lo que incluso realizaron un bloqueo de carreteras durante casi una semana. El ministro Lupo informó el lunes, en una conferencia de prensa, que en el nuevo decreto se mantiene la eliminación del subsidio a los hidrocarburos, los bonos sociales, el salario mínimo, el arancel cero para determinados productos y la reprogramación de créditos.    “El Gobierno ha explicado uno por uno los criterios que tiene el nuevo decreto y también recibió la aceptación de la COB, por lo tanto, en el curso de la mañana, seguramente será puesto en vigencia el decreto (…) a través de la publicación en la Gaceta Oficial”, agregó el viceministro Santamaría.  EL DEBER

Al menos tres “granjas de bots” vinculadas con los llamados “guerreros digitales, presuntamente ligados a seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), impulsaron y amplificaron las protestas contra el Gobierno y las medidas adoptadas en diciembre. La operación virtual buscó instalar cinco ejes narrativos que, posteriormente, derivaron en bloqueos, pérdidas económicas y enfrentamientos entre la ciudadanía y organizaciones sociales. La campaña se desplegó principalmente a través de las plataformas de TikTok y Facebook con un costo estimado de $us 140.000, según un informe de seguridad cibernética elaborado para el Gobierno y al que accedió EL DEBER. La Policía Boliviana también tuvo acceso a estos flujos de desinformación sistemática. El reporte identificó el uso de esas granjas de bots —programas automatizados que ejecutan tareas repetitivas simulando comportamiento humano— precisamente a partir de patrones de “actividad inhumana” detectados desde el 25 de diciembre, aproximadamente una semana después de la promulgación del Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los carburantes e incluyó otras disposiciones cuyo contenido se transmitió con ejes discursivos a usuarios de Tik Tok. Si bien las primeras reacciones se expresaron en redes sociales, la conflictividad se agravó desde el 2 de enero, con marchas y bloqueos en distintas regiones del país. Precisamente, ese día se activó el monitoreo de “escucha social”, que en sus primeras horas detectó unas 360 cuentas sospechosas, número que fue creciendo de manera sostenida. “Desde esa fecha, la actividad evolucionó, pero no presenta características de trabajo humano. Hasta ahora hemos registrado 72,9 millones de visualizaciones, distribuidas en 3.643 videos y otros contenidos generados por estos perfiles. Es imposible que ese volumen se produzca de forma natural, incluso con un equipo de 200 personas creando material de manera continua”, explicó a EL DEBER uno de los especialistas responsables del estudio a cambio del anonimato. Desde la Policía Boliviana explicaron que el modus operandi de estos ataques digitales es consistente con estructuras políticas que operaron durante el gobierno de Luis Arce, principalmente desde dos ministerios, bajo la línea ideológica de Columna Sur, facción del MAS que respaldó al exministro Eduardo Del Castillo. “Estos guerreros digitales siguen activos. Un grupo opera desde fuera del Gobierno y otro permanece como funcionario público”, afirmó un exfuncionario del Viceministerio de Régimen Interior que trabajó en la gestión de Nelson Cox. Recordó que denuncias previas sobre estas prácticas le costaron el cargo. Narrativa de ataque El informe estima que ocho de cada diez videos analizados fueron creados o amplificados por bots o granjas digitales. Aunque no se pudo establecer con precisión la ubicación física de estas estructuras, la mayor concentración de actividad se registró en Cochabamba (34%), La Paz (28%), El Alto (22%) y Sucre (16%). El análisis identificó cinco ejes narrativos predominantes. Por una parte, ataques directos al presidente Rodrigo Paz (38%); exigencias de abrogación del DS 5503 (27%); respaldo a las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y el magisterio (18%); apoyo al expresidente Evo Morales (10%), y respaldo al vicepresidente Edmand Lara (7%). “Los contenidos escalaron rápidamente. Primero se concentraron en el rechazo a los ministros y, desde el jueves 8 de enero, elevaron el tono, incluso, hacia pedidos directos de renuncia del presidente. Esto se activa desde un nodo central que genera una topología artificial de amplificación”, detalló el especialista. Entre los indicadores clave para identificar perfiles artificiales figuran los horarios continuos de publicación, los ataques coordinados durante conferencias de prensa, los silencios repentinos y la desaparición temporal de cuentas. “No actúan al azar: trabajan por objetivos”, subrayó. Otro elemento recurrente es la repetición idéntica de errores ortográficos en distintos contenidos y el uso excesivo de hashtags, señales claras de automatización y coordinación digital, especialmente en las áreas donde el conflicto comenzó a expandirse con focos específicos en Cochabamba y el altiplano de La Paz. EL DEBER

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que respaldará el proyecto de ley antibloqueos, que busca sancionar penalmente los bloqueos de carreteras, ya que, según indicó, estos provocan un daño económico “inmenso” al país. “Desde luego que se va a apoyar, es decir, es una iniciativa en el legislativo. (…) El daño económico al país de esta cultura del bloqueo es inmenso y es a todo nivel. es a nivel de los pequeños emprendedores, gastronomía, comercio, transporte, producción, absolutamente a todo nivel, tanto del área urbana cuanto del área rural”, afirmó Lupo en conferencia de prensa.  El ministro indicó que los bloqueos iniciados por la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado martes 6 de enero en rechazo al Decreto Supremo 5503 que determinaba la eliminación de la subvención de combustibles, entre otras medidas, generaron perdidas diarias de 20 millones de de dólares. “Con la quita del subsidio a los carburantes se han ahorrado 10 millones de dólares por día. Con los bloqueos se han perdido 20 millones por día”, afirmó Lupo.  Aseguró que el país no puede seguir con la cultura del bloqueo y del perjuicio, ya que esta medida “irracional” afecta a todos: “no hay quien gane”. Además, señaló que los alimentos no llegan a los distintos mercados del país, los precios suben y la inflación aumenta. El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, presentó un proyecto de ley que busca sancionar penalmente los bloqueos de carreteras. Alarcón explicó que la iniciativa responde a una preocupación planteada desde hace años: el impacto “devastador” de los bloqueos en la economía, la seguridad y los derechos fundamentales. El legislador en una entrevista pasada con Brújula Digital, remarcó que el eje central del proyecto es dejar en claro que el bloqueo “no es un derecho, sino un delito”, diferenciándolo del derecho constitucional a la protesta, la marcha o la movilización social.  La norma busca sancionar a los bloqueadores con penas que van hasta los 20 años de prisión. (BRÚJULA DIGITAL)

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, expresó su susceptibilidad después del mensaje del presidente Rodrigo Paz, en el cual no se refirió claramente a la abrogación del Decreto Supremo 5503. En ese marco, pidió al mandatario que honre el compromiso firmado con sus ministros el domingo en el El Alto, donde se estipula la abrogación del Decreto y que se emitirá otro que mantenga aspectos como la quita de la subvención, los bonos y la política salarial. “Nos preocupa la falta de seriedad y de aclaración del Presidente del Estado Plurinacional, que no aclara de manera puntual la abrogación del Decreto 5503 en su mensaje presidencial. Eso deja dudas y genera repercusión en el pueblo. Honre, compañero presidente, de manera puntual el compromiso firmado con sus ministros, porque prácticamente eso está causando división y el pueblo está molesto”, dijo Argollo. Recalcó que el acuerdo se realizó de manera transparente, por la confianza que hubo con los ministros. Argollo pidió que este lunes se aclare este tema y se proceda con la abrogación. En torno a este tema, el ejecutivo cobista negó que se haya “vendido”, sino formó parte de una negociación transparente. “Nosotros siempre hemos actuado y vamos a actuar de cara y de frente al pueblo boliviano. Esta dirigencia no se ha vendido ni se va a vender jamás porque hemos recibido el apoyo contundente de la población y no los vamos a decepcionar”, agregó. ERBOL

Cocaleros de base de la zona del trópico de Cochabamba denunciaron que estarían siendo obligados a participar en bloqueos de carreteras bajo la amenaza de recibir sanciones económicas en caso de no acatar la medida. Los dirigentes de las organizaciones estarían enviando mensajes de audio a distintos grupos de WhatsApp, donde señalan que la participación en las protestas es obligatoria y que quienes se nieguen deberán asumir multas. “Los que están en la lista, tienen que ir nomás al bloqueo, si no, su multa nomás compañeros, yo no puedo decir nada, así lo hemos manejado siempre, el que no va, multa nomás”, se escucha decir a un dirigente en uno de los audios que circulan entre los afiliados. Según la denuncia, las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico estarían organizando grupos para trasladarlos a distintos puntos de bloqueo, entre ellos el puente Ichilo, en el departamento de Santa Cruz, y Parotani, en la ruta al occidente del país. En otro audio, un afiliado señala: “Siempre hemos acatado a lo que sea las Seis Federaciones, y si no, tendremos que pagar con las multas nomás compañeros, ¿qué podemos hacer? (…) Así que ahorita es ir al bloqueo de Ichilo por 72 horas”, dejando en evidencia el carácter obligatorio de la medida. Asimismo, se informó que la instrucción establece que al menos el 5% de cada sindicato debe permanecer durante tres días en cada punto de bloqueo. En caso de no cumplir, los afiliados serían sancionados con multas económicas, según los mensajes enviados por WhatsApp. Las denuncias generaron preocupación entre las bases, que advierten sobre presiones internas y posibles vulneraciones a su derecho a decidir libremente si participan o no de las medidas de protesta. (CORREO DEL SUR)