Política

Ante los enfrentamientos violentos que se concentran en la ciudad de El Alto y al sur de la ciudad de La Paz, el presidente Rodrigo Paz dio inicio a un diálogo con la Central Obrera Regional alteña, con el fin de encaminar un acuerdo. “En estos momentos, el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sostienen una reunión con la Central Obrera Regional de El Alto, reafirmando la voluntad del Gobierno de escuchar, coordinar y construir soluciones junto a los sectores sociales”, informó el ministro de Obras Publicas, Mauricio Zamora. El encuentro se lleva adelante en Palacio de Gobierno, donde también participa el ministro de Obras Públicas, según el reporte que refiere un “esfuerzo de diálogo para pacificar el país”. (Urgente.bo)

El vocero presidencial José Luis Gálvez indicó que “no hay manera de negociar” con los sectores movilizados que, mediante marchas, buscan la ruptura del orden democrático del país y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Al ser consultado sobre la marcha evista que prevé llegar este lunes 18 de mayo a la sede de gobierno, el vocero respondió: “hay que diferenciar aquellos que vienen con propósitos políticos de ruptura del orden democrático, que se niegan a conversar y que están cometiendo un delito al pretender derrocar a un gobierno que es legítimamente elegido por el voto popular; con ellos no hay manera de dialogar, ellos no lo quieren y no hay forma de que se dialogue”. Sin embargo, señaló que el gobierno está convencido de que el diálogo y el trabajo son la vía para resolver los problemas que enfrenta el país, y aseguró que conversarán con quienes estén dispuestos a “dialogar y construir soluciones”. La marcha que llevan adelante afines a Evo Morales, partió de Caracollo el pasado martes 12 de mayo y su pedido es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Gálvez señaló que existen organizaciones sociales que son ejemplo en la defensa de los derechos de los bolivianos y aseguró que con ellas están “totalmente alineados, en el mejor de los sentidos”. No obstante, afirmó que mantienen profundas discrepancias con quienes no valoran el voto popular ni están dispuestos a respetar la Constitución y la democracia. “Con ellos tenemos que ser firmes. Además de todo ello, en realidad hay personas que han cometido, que se les acusa de delitos muy fuertes y que tienen que rendir cuentas ante la ley, a eso hay que sumarle estas intenciones de ruptura del orden democrático”, agregó.  Ayer, el vocero advirtió que quienes “conspiran contra la democracia” tendrían un vínculo con el narcotráfico, pero no presentó pruebas de ello. Además de la marcha de Morales, las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos, también piden la renuncia de Paz. Estas dos organizaciones llevan adelante bloqueos en el país desde inicios del mes. (BRÚJULA DIGITAL)

El abogado constitucionalista Williams Bascopé afirmó que la protesta es un derecho legítimo dentro de la democracia. Sin embargo, aclaró que los bloqueos y hechos vandálicos deslegitima, las movilizaciones por constituir actos criminales. Bascopé advirtió que detrás de estos conflictos existirían células terroristas y grupos antisociales organizados. Según el jurista, estas acciones buscan generar zozobra, confusión e incertidumbre entre la población boliviana. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe recuperar el orden constitucional y garantizar la seguridad ciudadana. Además, señaló que las autoridades deben detener a quienes intenten atentar contra la democracia, sin descartar un estado de sitio en La Paz. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este miércoles que el Ministerio Público activará acciones penales frente a cualquier conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática, la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales, en un contexto marcado por el incremento de conflictos, paros y bloqueos en el país. La autoridad se pronunció ante la actual coyuntura, caracterizada por una “escalada de bloqueos y daños a las vías de transporte en distintas partes del país”, situación que —según señaló— afecta la convivencia pacífica, pone en riesgo a la población y vulnera derechos esenciales. En ese marco, también hizo referencia a las demandas de sectores radicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Mariaca reflexionó que Bolivia atraviesa momentos complejos que exigen priorizar el interés nacional por encima de demandas sectoriales. En ese sentido, reafirmó el rol del Ministerio Público de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado. “Garantizar el derecho de las familias bolivianas a vivir en paz y en seguridad, a transitar libremente, y al goce pleno de sus derechos constitucionales” es parte de la labor institucional, sostuvo. Asimismo, enfatizó que “el Ministerio Público ejercerá con firmeza la acción penal, pública e investigará toda conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática, la seguridad de la población y los derechos fundamentales de las personas”. En medio de la tensión social, el Fiscal General también apeló al diálogo como vía para resolver los conflictos. “Hacemos un llamado sincero al Gobierno nacional y a todos los sectores movilizados, a agotar todas las vías posibles de diálogo, a escucharse mutuamente y encontrar caminos de entendimiento”, manifestó. Finalmente, aseguró que la institución hará respetar la Constitución, la democracia y el orden legal vigente, subrayando que la defensa del país implica también resguardar sus instituciones y el derecho de la población a vivir en paz. “Que Dios bendiga a Bolivia”, concluyó. (CORREO DEL SUR)

El vocero oficial de la Presidencia del Estado, José Luis Gálvez, denunció este miércoles que sectores radicales vinculados a exgobernantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizan los bloqueos y movilizaciones registrados en el país para desestabilizar al gobierno del presidente Rodrigo Paz. “No hay la más mínima duda de una intencionalidad estrictamente política, estructurada por los exgobernantes que buscan una desestabilización, porque su propósito es claro y su ruta crítica está definida de antemano”, afirmó. Según la autoridad, las medidas de presión se concentran principalmente en el departamento de La Paz y, aunque reconoció que existen demandas legítimas de algunos sectores, aseguró que grupos radicales se sumaron a esas movilizaciones con el objetivo de generar convulsión política en la sede de gobierno. “El drama es que ellos buscan confundirse con las otras manifestaciones. En algunos casos hay reivindicaciones que deben ser escuchadas y atendidas, pero hay muchas otras que son estrictamente políticas para impulsar objetivos desestabilizadores y generar zozobra. Están aprovechando estas situaciones o las están configurando de tal manera que les sirva para sus fines”, sostuvo. Gálvez remarcó que el Gobierno mantendrá el diálogo con sectores sociales, productivos y sindicales, y aseguró que varias organizaciones accedieron a negociar y avanzar en soluciones conjuntas. “Todos los días, 18 o 20 horas al día, el Gobierno está conversando con los sectores. Muchos de los que se mediatizan no son los que están dialogando, son los que quieren crear zozobra”, afirmó. También señaló que el Ejecutivo actuará en el marco de la Constitución Política del Estado para resguardar la democracia y el mandato otorgado por el voto popular. “La Constitución dice que se puede usar la fuerza. Es una de las opciones, siempre está presente, pero probablemente es justamente lo que apetecen los más radicales porque viven de la violencia. La violencia constitucional será usada de manera medida y conforme a ley cuando corresponda”, indicó. Gálvez aseguró finalmente que las movilizaciones radicales no tendrán respaldo ciudadano y afirmó que los marchistas encontrarán “un repudio generalizado” de la población. “La gente quiere trabajar, quiere que dejen las imposiciones y entiende que la vía que nos plantean no es la correcta”, concluyó. (ABI)

El panorama de conflictividad en Bolivia durante el primer trimestre de 2026 muestra una intensificación significativa de la tensión social, marcada por una crisis económica, social y política, donde el epicentro de las protestas es La Paz y la solución a esta crisis no pasa por la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En ese contexto de conflictividad, los actores políticos de oficialismo y oposición buscan aprovechar las movilizaciones, bloqueos y el descontento de la gente para su propio beneficio convocando a movilizaciones, pidiendo la renuncia del presidente o realizando cálculos políticos, en caso de nuevas elecciones. Para el especialista en comunicación política, Manuel Mercado, si el gobierno de Rodrigo Paz, no tiene la capacidad de solucionar este conflicto en base al dialogo, los que más sufrirán los efectos será la gente de escasos recursos. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Pedro Callisaya, pidió garantizar corredores humanitarios y convocar a un encuentro nacional con los sectores movilizados ante la creciente conflictividad social y los bloqueos que afectan principalmente a La Paz. Callisaya exhortó al Gobierno y a los sectores en conflicto a priorizar el diálogo y la concertación democrática, señalando que Bolivia necesita acuerdos y no confrontación. “El diálogo no es debilidad, es responsabilidad democrática”, afirmó la autoridad. La Defensoría alertó que las medidas de presión ya generan desabastecimiento y aumento de precios de productos básicos en mercados de La Paz y El Alto, además de afectar el transporte internacional y poner en riesgo el ingreso de medicamentos e insumos médicos esenciales. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) visitan esta semana La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para impulsar la cooperación en asistencia técnica agrícola y seguridad alimentaria en Bolivia. El 8 de mayo, el USDA publicó que Bolivia es uno de los siete “Países Prioritarios” en la próxima ronda de su Programa Internacional McGovern-Dole de Alimentación para la Educación y Nutrición Infantil (McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program).  A través de una convocatoria competitiva de oportunidades de financiamiento (Notice of Funding Opportunity), el USDA invita a organizaciones elegibles a presentar propuestas para proyectos de cinco años que contribuirían a proporcionar alimentos nutritivos en las escuelas de Bolivia, con más de 10 millones de dólares en financiamiento del gobierno de Estados Unidos y en coordinación con los propios esfuerzos del gobierno boliviano en materia de alimentación escolar. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 22 de junio de 2026. Bolivia también es uno de los siete “Países Prioritarios” del Programa Food for Progress del USDA.  En coordinación con el gobierno boliviano, el USDA prevé invitar a la presentación de propuestas para proyectos de cinco años destinados a mejorar la productividad agrícola y ampliar el comercio agrícola.  Se darán a conocer más detalles próximamente.

El gobierno denunció este martes que los pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz “están fuera de la Constitución” y aseguró que las movilizaciones y bloqueos instalados en distintos puntos del país dejaron de tener únicamente demandas sectoriales para asumir un carácter político. El vocero presidencial José Luis Gálvez cuestionó que varios sectores movilizados no presenten reivindicaciones concretas y concentren sus exigencias en la salida del mandatario. “La gran mayoría de ellos no tiene una solicitud específica a ser atendida. Les preguntamos cuál es su demanda, cuál es el problema que debemos resolver y se limitan a plantear cosas que la Constitución no permite y el voto define”, afirmó. Gálvez sostuvo que las protestas sobrepasaron el ámbito sectorial y se trasladaron a una disputa política. “En el fondo, creemos que ya pasaron el límite de lo estrictamente sectorial y demandas que pueden ser legítimas en un sector y que deberían trabajarse para resolver, a un ámbito estrictamente político”, señaló. Asimismo, remarcó que el Gobierno no modificará el rumbo definido en las urnas.  “Nada va a cambiar la decisión tomada por el pueblo boliviano de cambiar de rumbo y adoptar un sistema plenamente democrático”, sostuvo Consultado sobre una posible intervención policial para desbloquear carreteras, el vocero aseguró que el Ejecutivo priorizará el diálogo, aunque reconoció que se evalúan distintas medidas en el marco de la Constitución. “Nosotros tenemos las puertas abiertas del diálogo y somos conscientes de las herramientas que brinda la Constitución para resguardar el quehacer de los bolivianos”, manifestó. El vocero también indicó que el país atraviesa el cierre de un ciclo político y que algunos dirigentes mantienen prácticas de confrontación. “Estamos terminando un ciclo de una manera de gobernar y es lógico que hayan dirigentes sindicales que en esa lógica creen que esta es la manera de atender los problemas. Hay que entenderlos, pero exigirles que respeten la voluntad popular”, declaró. También alertó sobre los efectos de los bloqueos en el abastecimiento de alimentos y medicamentos. “Lo que está sucediendo con los bloqueos es que están perjudicando a los bolivianos. Vimos que no están pasando los medicamentos. Hay lugares donde no están pasando los alimentos y todos lo estamos sufriendo”, cuestionó. Además pidió a los movilizados permitir el paso de ambulancias y productos esenciales.  “Tienen que dar paso a las ambulancias y a los alimentos. Lo que están haciendo no está en el marco de la legalidad ni de la sensatez para el bien de todos los bolivianos”, enfatizó. Sin embargo, los sectores movilizados ratificaron sus medidas de presión y endurecieron sus demandas. El ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” de La Paz, Vicente Salazar, aseguró que el pedido de renuncia surge desde las bases.  “No lo pide mi persona, no lo pide un dirigente, lo pide toda la población. El grito revolucionario pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz”, afirmó y descartó cualquier posibilidad de negociación con el Ejecutivo. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Mario Argollo afirmó que las bases sindicales radicalizaron las protestas. “Las bases han sobrepasado a la dirigencia. La molestia crece porque el Gobierno ha tenido la oportunidad de solucionar los problemas y lastimosamente no ha podido”, señaló. La COB mantiene un paro indefinido exigiendo un incremento salarial del 20% y otras demandas laborales, aunque en las últimas semanas también se sumó el pedido de renuncia presidencial. En medio de la escalada del conflicto, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que hasta el momento no existe una instrucción oficial para intervenir los puntos de bloqueo. “Esperamos que sea a través del diálogo que se pueda solucionar este problema”, afirmó. Sokol reportó que actualmente existen 67 puntos de bloqueo en el país, 50 de ellos en el departamento de La Paz. No obstante, advirtió que, si fracasan las negociaciones, podría ejecutarse una intervención “humanitaria” en las próximas horas. (BRÚJULA DIGITAL)

La Central Obrera Boliviana (COB), el senador Nilton Condori y la dirigencia de los Ponchos Rojos suscribieron este lunes un pacto de unidad en el que ratifican su rechazo a las medidas del Gobierno y anuncian que no firmarán ningún acuerdo mientras no se concrete la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según la lectura del documento, el primer punto establece que la COB, liderada por su máximo ejecutivo Mario Argollo, se compromete a no firmar ningún acuerdo con el Gobierno. En el segundo punto determinaron que los firmantes van a “estar al lado del pueblo hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz”. En su discurso, Argollo expresó su rechazo a las 10 leyes anunciadas por Paz en los últimos días, como la nueva norma de Hidrocarburos o Minería, a las que calificó de “paquetazos”. El dirigente de la COB señaló que la preocupación de su sector ya no es el incremento salarial del 20%, sino las reformas y nuevas leyes anunciadas por el Ejecutivo, que según su criterio servirían para privatizar las empresas estatales y los servicios básicos. Por su parte, el senador Condori afirmó que en el país gobiernan traidores y que es el pueblo el que debe proponer los cambios, alegando que el Gobierno busca modificar la Constitución Política del Estado (CPE) “para perpetuarse en el poder”. Este lunes, diferentes sectores se movilizaron en el país, principalmente en La Paz y El Alto. Entre sus principales demandas están la atención a las demandas laborales planteadas en su pliego, la abrogación de la Ley 1720, la anulación del 50-50, la reposición salarial, la distribución de combustible con parámetros de buena calidad y el rechazo a la privatización de las empresas estratégicas. (VISIÓN 360)