Internacional

Las personas en la Franja de Gaza siguen debatiéndose a diario entre morir de inanición o por fuego israelí. Desde que el Gobierno de Benjamin Netanyahu empezó a permitir la entrada de ayuda humanitaria a cuenta gotas, desde finales de mayo y hasta el pasado 27 de junio, 613 palestinos han sido asesinados en los centros de distribución de ayuda humanitaria, aseguró este 4 de julio la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, en Ginebra. Los hechos, resaltó la funcionaria, han tenido lugar tanto en puntos de ayuda gestionados por la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF por sus siglas en inglés)-la cuestionada entidad privada, respaldada por Estados Unidos e Israel- como cerca de convoyes humanitarios gestionados por otros grupos de ayuda, incluida la ONU. «Es evidente que el Ejército israelí ha bombardeado y disparado contra los palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución” Shamdasani afirmó que aunque la organización no pudo atribuir la responsabilidad de los asesinatos, sí «es evidente que el Ejército israelí ha bombardeado y disparado contra palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución» operados por la Fundación Humanitaria de Gaza. «Es evidente que el Ejército israelí ha bombardeado y disparado contra los palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución”, aseveró Ravina Shamdasani. Entre las víctimas mortales, la ONU cuenta a 509 palestinos que murieron cerca de las instalaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza. “¿Cuántos asesinatos se han producido? ¿Quién es el responsable? Necesitamos una investigación. Necesitamos acceso», remarcó Shamdasani. La Fundación ha negado que se haya registrado heridos graves o muertos  en sus instalaciones y sostiene que los tiroteos fuera de sus inmediaciones son competencia del Ejército de Israel. La GHF está ligada a exmilitares y antiguos responsables de inteligencia de EE. UU. y en los últimos dos meses sus centros de distribución de ayuda humanitaria han sido el escenario frecuente en el que los palestinos mueren por fuego israelí, razón por las que la ONU rechaza colaborar con esa organización. Se trata de hechos que en reiteradas ocasiones funcionarios de Naciones Unidas han descrito como una «trampa mortal». Son cientos de civiles, mujeres, hombres y niños, que han perdido la vida en un intento por conseguir alimentos para sus familias en esos lugares. Como si fuera poco, una investigación del diario israelí ‘Haaretz’ reveló el pasado 27 de junio, según las declaraciones de soldados que entrevistó, que los militares reciben órdenes de sus comandantes para disparar a las multitudes mientras se acercan a los centros de ayuda a tratar de conseguir comida. «Es una zona de matar», afirmó uno de ellos. El Gobierno de Israel negó las acusaciones. La ONU recalca que la cantidad de asesinados en esas circunstancias puede ser aún mayor. “La cifra de los 613 corresponde al 27 de junio. Desde entonces, mientras leía nuestro último informe de situación, se han producido más incidentes», agregó Shamdasani. Shamdasani señaló que la organización está haciendo todo lo posible para verificar las cifras, pero hay un desfase temporal y, debido a la falta de acceso a la información en el terreno, “quizá nunca podamos comprender la magnitud de lo que está sucediendo». En la misma rueda de prensa, el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en palestina, Rik Peeperkorn, indicó que una misión de esa agencia en Gaza ha podido visitar a víctimas de este tipo de hecho. «El jueves vimos a un niño de 13 años al que habían disparado en la cabeza, luchando por su vida en emergencias, y a dos jóvenes de 16 y 21 años, los dos con disparos en la espina dorsal y ahora totalmente paralizados sin posibilidad de recuperación», aseguró. (FRANCE 24)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, animó este jueves a la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner a «seguir luchando con la misma firmeza» tras visitarla en su casa de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria. «Me alegró mucho volver a verla y encontrarla tan bien, tan fuerte y con ganas de luchar. Mi amistad con Cristina es de larga data y va mucho más allá de la relación institucional», afirmó el jefe de Estado brasileño en sus redes sociales. «Fuerza para seguir luchando» El líder progresista, de visita en Buenos Aires tras haber participado en la cumbre semestral del Mercosur, en la que tomó el liderazgo del bloque de manos de presidente argentino, Javier Milei, expresó su solidaridad con Fernández «por todo lo que ha vivido». «Le deseé toda la fuerza para seguir luchando con la misma determinación que ha caracterizado su trayectoria vital y política», indicó en el mensaje, que acompañó con una fotografía en la que aparecen ambos sonrientes en una sala repleta de libros y recuerdos.Lula aseguró haber sentido en las calles «el apoyo popular» hacia su aliada política, con la que comparte «ideales de justicia social y lucha contra la desigualdad», según destacó, y declaró ser consciente de «lo importante que es este reconocimiento en los momentos más difíciles». «Que estés bien y continúes tu lucha por la justicia», zanjó. Lula, familiarizado con la situación de Cristina Fernández En un gesto de enorme simbolismo político, Lula logró visitar a Fernández, de 72 años, después de obtener una autorización judicial. La expresidenta argentina está en prisión domiciliaria desde el pasado 17 de junio, después de que la Justicia ratificara una condena de seis años de cárcel en el marco de un caso de corrupción. Fernández fue condenada en una causa por irregularidades en la concesión de obras viales entre 2003 y 2015, durante la gestión de su esposo fallecido, Néstor Kirchner, y sus dos mandatos posteriores. Lula estuvo en prisión 580 días en Brasil por un proceso también de corrupción que más tarde la Corte Suprema anuló, momento a partir del cual recuperó su libertad y sus derechos políticos, lo que le permitió ganar las elecciones presidenciales de 2022. (EFE)

Aprobado en el Senado el denominado “gran y hermoso” proyecto de ley de Donald Trump sobre recortes fiscales, tras largas jornadas de discusión y divisiones. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, rompió un empate 50-50 para imponer la medida.  El aval llegó después de que los republicanos tuvieran que sortear un camino estrecho mientras guiaban el proyecto de ley de 940 páginas, en un Congreso que controlan por un estrecho margen. Con los demócratas alineados en la oposición de la iniciativa, los republicanos solo han tenido tres votos de ventaja tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado,  mientras discutían sobre exenciones fiscales específicas y políticas de salud que podrían transformar industrias enteras y dejar a millones de personas sin seguro médico. Sin embargo, hasta ahora han logrado mantenerse prácticamente unidos. Solo tres de los 53 republicanos de la Cámara Alta se unieron a la bancada azul para votar en contra del paquete, que se aprobó por 51 a 50 después de que Vance emitiera el voto decisivo. Los tres republicanos que se opusieron a la iniciativa de ley fueron los senadores Thom Tillis de Carolina del Norte, Susan Collins de Maine y el senador Rand Paul de Kentucky. Sin embargo, tras su aval en la Cámara Alta, ahora el proyecto de ley debe regresar a la Cámara de Representantes para su aprobación final.  Trump ha impulsado la legislación para que llegue a su despacho y se convierta en ley antes del 4 de julio, feriado por el Día de la Independencia. Lo que hay que saber del «gran y hermoso proyecto» de Donald Trump Se trata de un extenso conjunto de prioridades republicanas: recortes de impuestos, disminuciones de gastos y nuevos fondos para la defensa nacional y las deportaciones se encuentran entre los principales focos del partido gobernante. Además, un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) considera que el proyecto de ley añadiría casi 3,3 billones de dólares a la deuda nacional entre 2025 y 2034, lo que representa un aumento de casi 1 billón de dólares con respecto a la versión aprobada por la Cámara de Representantes.  Muchos republicanos refutan esta afirmación, argumentando que extender la política actual no aumentará la deuda. No obstante, los inversores internacionales en bonos ven incentivos para diversificar sus inversiones fuera de los mercados del Tesoro estadounidense. A los demócratas les preocupa que las reducciones a Medicaid que incluye el proyecto de ley dejen a millones de personas sin atención médica. Y es que el estudio también reveló que, de aprobarse el proyecto de ley, 11,8 millones de estadounidenses quedarían sin seguro para 2034, lo que representa un aumento de aproximadamente 1 millón de personas con respecto a la versión aprobada por la Cámara Baja. De finalmente aprobarse, la medida haría permanentes los recortes de impuestos sobre la renta empresarial y personal que Trump implementó en 2017, que vencen a finales de este año. También otorgaría nuevas exenciones fiscales para los ingresos por propinas, las horas extras y las personas mayores, que prometió durante las elecciones de 2024. Asigna decenas de miles de millones de dólares para la represión migratoria de Trump y derogaría muchos de los incentivos para energías renovables del expresidente demócrata Joe Biden. El proyecto de ley también restringiría la elegibilidad para los programas de seguridad alimentaria y sanitaria, lo que, según analistas independientes, reduciría los ingresos de los estadounidenses más pobres, quienes tendrían que pagar una mayor parte de esos costos. ¿Qué se espera ahora en la Cámara de Representantes? La votación en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría de 220 frente a 212, probablemente también será reñida. Allí deberá volver el texto para un voto final antes de que Trump pueda promulgarlo y no se espera que la dificultad para los republicanos disminuya. Una versión inicial se aprobó con solo dos votos de diferencia el pasado mayo y varios republicanos en esa Cámara han señalado que no apoyan la versión surgida del Senado, que la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad independiente, estima que añadirá 800.000 millones de dólares más a la deuda nacional que la versión de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió a los senadores que no se desviaran demasiado de lo que su Cámara ya había aprobado. Sin embargo, la Cámara Alta sí realizó cambios, en particular a Medicaid, lo que podría generar más problemas a medida que se apresuren a terminar antes de la fecha límite autoimpuesta por Trump, el 4 de julio. El Caucus de Libertad de la Cámara, un grupo de conservadores de línea dura que amenazaron repetidamente con retirar su apoyo a la reforma fiscal, presiona para que se implementen mayores recortes de gastos que los ofrecidos por el Senado. “La versión del Senado añade 651.000 millones de dólares al déficit y eso es antes de los costos de intereses, que casi duplican el total (…) Eso no es responsabilidad fiscal. No es lo que acordamos”. Un grupo de republicanos más moderados de la Cámara de Representantes, especialmente aquellos que representan a las zonas de bajos ingresos, se opone a los recortes más drásticos a Medicaid en el plan del Senado. “No apoyaré un proyecto de ley final que elimine fuentes de financiación vitales de las que dependen nuestros hospitales”, declaró el representante David Valadao, republicano de California, durante el debate del fin de semana. Ante este panorama, es probable que los republicanos de la Cámara de Representantes se enfrenten a una enorme presión para alinearse con Trump en los próximos días. (FRANCE 24)

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador decidió por unanimidad condenar este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente correísta Jorge Glas por peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, el caso que le llevó a solicitar asilo a la Embajada de México en Quito y que lo detuvieran en una invasión a la sede diplomática cuando se lo concedieron. Junto a Glas, que estuvo en la sala de audiencias de manera presencial, también recibió los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados (28.200 dólares) y una indemnización de 250 millones de dólares. El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para «abusar de dineros públicos» que debían utilizarse «para la atención a las víctimas del terremoto». Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio del caso denominado como Reconstrucción de Manabí, aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares. La Fiscalía de Ecuador pidió este domingo que se declare culpable al exvicepresidente por supuesta malversación de fondos públicos durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en la provincia de Manabí, y que se le imponga una pena de 13 años de prisión. Este domingo, Glas se defendió de las acusaciones aseverando que él no manejó personalmente el dinero del proceso: «Yo no administré ni un solo dólar y este juicio se trata de peculado, no pude yo haber distraído fondos porque nunca tuve dinero bajo mi administración», dijo en la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). «Yo no me he robado un centavo porque yo no he asignado un dólar ni lo he administrado. Priorizar proyectos no es igual a contratarlos. Señores magistrados, me estoy jugando la vida, la Fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo», subrayó Glas. Durante el alegato de apertura en el llamado caso ‘Reconstrucción’, el pasado martes la Fiscalía aseguró que «no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto» y que, en su lugar, «se destinaron los fondos para la construcción de otras obras no contempladas en esa categoría», como el Parque Las Vegas y el tramo de acceso al puerto de Manta, el redondel del Imperio-Colisa, según informó en un comunicado. Los investigadores concluyeron, después de indagar sobre nueve proyectos más, que la financiación de estas obras provenía de fondos de la Ley de Solidaridad, creada para paliar los daños del sismo. Esa norma se creó con el propósito de «recaudar contribuciones sobre la remuneración de todos los trabajadores ecuatorianos» y así reconstruir las infraestructuras públicas y privadas afectadas por el terremoto, al igual que reimpulsar la actividad productiva y económica de las zonas más afectadas. «Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización», señaló  el Ministerio Público. Otras causas Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cumple en la cárcel una pena ocho años de privación de libertad a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, donde Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente. A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por el caso ‘Reconstrucción’. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó asaltar la sede diplomática de México para detener a Glas el 5 de abril de 2024, una vez que el Gobierno mexicano del entonces gobernante Andrés Manuel López Obrador le había concedido el asilo al considerarlo un «perseguido político» ante los procesos de corrupción acumula desde 2017. Este episodio llevó a la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país nortemericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático. (EFE)

Seis ciudadanos estadounidenses fueron detenidos el viernes en Corea del Sur cuando intentaban lanzar al mar más de un millar de botellas de plástico con arroz, billetes de un dólar y biblias, en un aparente intento por hacerlas llegar a Corea del Norte, según informaron las autoridades surcoreanas. Los hechos ocurrieron en la isla de Ganghwa, unos 50 kilómetros al oeste de Seúl, en una zona costera restringida donde está prohibido el acceso público desde noviembre por motivos de seguridad. La policía dijo que recibió la alerta de una unidad militar que vigila el área y que los sospechosos tienen entre 20 y 50 años, según fue citada por la agencia local de noticias Yonhap. Los estadounidenses, que habrían preparado unas 1.300 botellas con alimentos y textos religiosos, se enfrentan a posibles cargos por violar la ley surcoreana sobre gestión de desastres y seguridad. La policía informó que, posteriormente, los dejó en libertad porque consideraron que la situación no justifica una orden de arresto; sin embargo, el objetivo es continuar la investigación sin custodia física. Práctica habitual Los estadounidenses no están afiliados a ninguna organización cívica o religiosa registrada en la ciudad de Incheon, y ahora las investigaciones buscan determinar si tienen vínculos con grupos dentro o fuera del país. El envío de botellas o globos hacia Corea del Norte con este tipo de contenidos o panfletos contra el régimen de Pyongyang ha sido una práctica habitual de algunas organizaciones de desertores norcoreanos en Corea del Sur. Estas acciones han generado repetidas tensiones con el régimen norcoreano, que las considera una violación de su soberanía. El nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha prometido tomar medidas para impedir estos lanzamientos y castigar a sus responsables, en el marco de sus esfuerzos por mejorar las relaciones intercoreanas. (DW)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el viernes 27 de junio que cree que se podría alcanzar un alto el fuego en Gaza dentro de una semana. En un evento en la Casa Blanca para celebrar el acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, afirmó a los periodistas que cree que un alto el fuego en Gaza es inminente. Añadió que había conservador con algunas personas implicadas en el intento de alcanzar la tregua entre Israel y el grupo palestino islamista Hamás. «Acabo de hablar con algunas de las personas involucradas. La situación que se está dando en Gaza es terrible. Creemos que en la próxima semana lograremos un alto el fuego», afirmó. El líder republicano consideró que se está «cerca» de llegar a ese cese de las hostilidades. «Estamos trabajando en Gaza y tratando de solucionarlo. Nosotros estamos suministrando mucho dinero y muchos alimentos a esa zona porque tenemos que hacerlo», recalcó. Trump añadió que aunque «en teoría» su país no está involucrado, en la práctica sí lo está «porque la gente se está muriendo»: «Miren a las multitudes que no tienen comida ni nada. Nosotros somos los que llegamos», indicó reprochando a la vez que otros países «no estén ayudando». Su declaración se produce el mismo día en que el periódico Haaretz documentara cómo soldados israelíes tienen luz verde para disparar a gazatíes desarmados cerca de los puntos de reparto de ayuda, algo que el Estado de Israel rechazó «enérgicamente», según un comunicado conjunto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Israel Katz. (FRANCE 24)

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) apuntó este viernes contra el Gobierno de Javier Milei por su detención y lo vinculó con lo que describió como una «caída a pedazos» del modelo impulsado por el mandatario ultraderechista. «Por eso, porque el modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, es que decidieron meterme presa y sacarme de la cancha», acusó Fernández en un mensaje al sindicato de empleados bancarios grabado desde su domicilio, donde desde el pasado 17 de junio cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua del ejercicio de cargos públicos. «Estos días estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo. No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo», añadió la exmandataria y referente opositora, que denunció que más del 50 % de las familias argentinas no llega a fin de mes y se están endeudando cada vez más para poder comer. Las críticas contra el Gobierno de Argentina Durante su mensaje al 52º Congreso Nacional del sindicato La Bancaria, Fernández cuestionó duramente al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y advirtió que en el país se está generando una «grieta económica» que -anticipó- terminará en una «tragedia social». La líder peronista consideró además que «el verdadero problema de Argentina es el poder económico»: «Tiene un sesgo depredador, tiene una cosa de antinacional, tiene una cosa de fugador de dólares que sustraen la actividad económica estructural que alguna vez deberá ser abordado si es que queremos realmente volver a ser un país en serio». Por otra parte, agradeció al sindicato por su participación en la multitudinaria movilización del pasado 18 en rechazo a su condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema de Argentina rechazó el pasado 10 de junio un recurso presentado por la expresidenta y ratificó así su condena en la causa conocida como ‘Vialidad’, en la que se investigaron irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su ya difundo marido, Néstor Kirchner (2002-2007). (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió romper este viernes las negociaciones comerciales con Canadá, tras reprocharle a ese país su intención de gravar los servicios digitales a las tecnológicas estadounidenses. «Acabamos de ser informados que Canadá, un país con el que es muy difícil comeciar, incluido el hecho de que ha cobrado a nuestros agricultores aranceles de hasta 400% por años sobre los productos lácteos, acaba de anunciar que gravará los servicios digitales a nuestras empresas tecnológicas, lo que es un ataque directo y flagrante a nuestro país», expresó en su plataforma Truth Social. Debido al gravamen, Estados Unidos da por terminadas «todas las discusiones comerciales con Canadá con efecto inmediato», señaló. «En los próximos siete días comunicaremos a Canadá el arancel que pagará para hacer negocios con Estados Unidos», afirmó Trump, que reprochó a ese país estar copiando a la Unión Europea (UE) la imposición de ese arancel sobre las tecnológicas. El ministro canadiense de Finanzas, François-Philippe Champagne, advirtió la semana pasada que el impuesto digital sigue en vigor en Canadá y que el primer pago, que afecta entre otras a grandes multinacionales estadounidenses como Meta, se tiene que realizar el próximo lunes 30 de junio. El impuesto, que se aplicará de forma retroactiva desde 2022, es 3% de los ingresos por encima de 20 millones de dólares que las empresas obtienen de servicios digitales de residentes canadienses. (DW)