Internacional

La líder antichavista María Corina Machado denunció este martes (22.07.2025) una “brutal ola de represión” en Venezuela con “más de 20 desaparecidos y presos en 72 horas”, de lo que acusó al Gobierno de Nicolás Maduro, y afirmó que la Justicia internacional “tiene la obligación de hacer responsables a los perpetradores”. A través de X, la exdiputada compartió un comunicado de su equipo en el que asegura que se registra “una nueva ola represiva” desde el pasado viernes, cuando Venezuela excarceló a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses, tras la liberación de los 252 migrantes que estaban detenidos en El Salvador. Desde entonces, afirma que ha habido más de una veintena de detenciones, entre ellos, de personas vinculadas a la oposición mayoritaria, así como de testigos de mesa de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la antichavista Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció como “fraudulenta” la proclamada reelección de Maduro. “Este patrón, ya reiterado, confirma la política de la ‘puerta giratoria’, liberar selectivamente a unos para encarcelar a otros. La represión no cesa, solo se redistribuye”, reza el comunicado del antichavismo. Asimismo, dijo que la privación de libertad sigue siendo usada como “herramienta de negociación política en medio de una diplomacia de rehenes y de castigos selectivos”. “Reiteramos el llamado urgente a la comunidad internacional a actuar frente a lo que ocurre en Venezuela. La presión externa ha sido clave para contener la persecución en el pasado, pero ya no es suficiente mientras el problema de fondo persiste: más de 900 personas siguen presas y desaparecidas por razones políticas”, añadió. La oposición venezolana considera que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos “deben elevar aún más sus acciones para que el régimen sienta el alto costo de la represión”. (DW)

Tras 125 días de estar en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, el grupo de migrantes venezolanos que fue deportado de Estados Unidos llegará a Caracas este viernes, según revelaron a Reuters dos fuentes estadounidenses. Uno de ellos dijo que El Salvador enviaría a Caracas los 238 venezolanos detenidos en su prisión de máxima seguridad “CECOT” y que el gobierno venezolano liberaría a cinco ciudadanos estadounidenses y cinco residentes permanentes de Estados Unidos a la custodia estadounidense. Deportados de Estados Unidos Se trata del mismo grupo de migrantes venezolanos que la administración Trump envió en marzo de este año a una prisión de máxima seguridad en El Salvador acusándolos de ser terroristas.  El mandatario republicano invocó a la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1979, para justificar las deportaciones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, la banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como “terrorista”.  Tras varios días de silencio sobre quiénes eran y si tenían condenas en firme, un análisis de datos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) reveló que solo 32 de los 238 habían sido condenados por delitos cometidos en Estados Unidos. Además, la mayoría de los delitos por los que fueron acusados los 32 migrantes son clasificados como no violentos, entre los que se incluye robo en tiendas o infracciones de tránsito. El Salvador y el gobierno de Trump llegaron a un acuerdo en febrero para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El país gobernado por Bukele recibiría a cambio un pago por seis millones de dólares para encarcelarlos durante un año. El acuerdo y los detalles se concretaron con la visita del secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador. Por su parte, el gobierno venezolano siempre ha denunciado la detención de sus ciudadanos como una violación de los derechos humanos y del derecho internacional.  Identificados por videos Despojados de su ropa, esposados de pies y manos y con la cabeza afeitada. Eran las primeras imágenes que compartieron las autoridades salvadoreñas, tras la llegada de los migrantes deportados por Trump.  Sin una lista clara, los familiares de los detenidos los empezaron a reconocer en las imágenes, por tatuajes o por que su rostro aparecía visiblemente en los videos publicados las instituciones. El caso de un cantante venezolano fue el que más se viralizó.  Arturo Suárez, el cantante de música urbana, fue acusado de pertenecer a la organización Tren de Aragua. “Prácticamente es un secuestro. No sabemos de mi hermano y ninguno de los otros familiares no sabemos nada de ellos”, dijo su hermana, Paola Paiva.  En otro caso, Mercedes Yamarte identificó a su hijo Mervin, en un video publicado por un noticiario estadounidense. “Esa mirada es el dolor más grande de mi vida, porque es como un grito de auxilio de mi hijo”, señaló. (FRANCE 24)

La Corte Suprema de Brasil dictó este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpismo, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, informaron medios locales. El alto tribunal también le prohibió acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros, así como con otros investigados o procesados en el caso por golpismo. El líder ultraderechista fue objeto de registros por parte de la Policía Federal, que allanó domicilios vinculados al exmandatario, quien afronta un juicio en el Supremo por supuestamente liderar una conspiración golpista contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Uno de los registros tuvo lugar en su domicilio de Brasilia y el otro en la sede del Partido Liberal (PL), formación que lidera el capitán retirado del Ejército, según la emisora Globonews. Estas nuevas diligencias se producen en medio de los llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se detenga el juicio contra el líder ultraderechista, a quien considera víctima de “una caza de brujas”. Bolsonaro es acusado de liderar, junto con varios de sus colaboradores, entre ellos antiguos ministros y militares de alto rango, un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022, que ganó Lula. La Fiscalía lo acusa de cinco delitos, entre ellos golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derechos, cuyas penas sumadas pueden llegar a los 40 años de prisión. En paralelo, Trump anunció la semana pasada un arancel adicional del 50 % a las importaciones brasileñas por motivos principalmente políticos. El dirigente republicano mencionó en primer lugar el juicio por golpismo contra Bolsonaro y también criticó supuestas órdenes “secretas” e “ilegales” del Supremo brasileño para el bloqueo de perfiles en redes sociales dedicados a diseminar noticias falsas contra las instituciones democráticas. Esto ha abierto una grave crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. Lula ha exigido respeto al Poder Judicial de su país y calificado los comentarios de Trump de “chantaje inaceptable”. En la víspera, Trump envió una carta de apoyo a Bolsonaro en la que confió en un próximo “cambio de rumbo” del Gobierno de Brasil y pidió el fin del supuesto “régimen de censura” que impera en el país. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este jueves en que el gobierno de su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva “cambie de rumbo” y “deje de atacar” a su predecesor Jair Bolsonaro. En una carta destinada a Bolsonaro, días después de otra dirigida a Lula con amenazas de aranceles, Trump se solidariza una vez más con el expresidente ultraderechista brasileño, acusado de intento de golpe de Estado. No parece por tanto desescalar la crisis entre Trump y Brasil, que ha reiterado su disponibilidad a proseguir las negociaciones comerciales en una carta enviada esta semana a Washington. Por el momento mantienen un enfrentamiento epistolar. “He visto el terrible trato que recibe a manos de un sistema injusto que se ha vuelto en su contra. ¡Este juicio debe terminar de inmediato!”, escribió este jueves Trump en su plataforma Truth Social. “He expresado firmemente mi desaprobación, tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria. Espero sinceramente que el gobierno de Brasil cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura”, añade. El presidente republicano de 79 años dice estar “muy preocupado por los ataques a la libertad de expresión, tanto en Brasil como en Estados Unidos, provenientes del actual gobierno”. EFE y AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido diagnosticado con una insuficiencia venosa crónica tras someterse a un examen médico por hinchazón en las piernas, informó este jueves la Casa Blanca. Trump, de 79 años, se sometió a un “examen exhaustivo, que incluyó estudios vasculares de diagnóstico” en la Unidad Médica de la Casa Blanca, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt, leyendo una nota del médico del presidente, el capitán Sean Barbabella. La nota de Barbabella indicó que “se realizaron ecografías Doppler venosas bilaterales de las extremidades inferiores que revelaron insuficiencia venosa crónica, CIE-9, una afección común, particularmente en personas mayores de 70 años”. El examen se realizó después de que Trump hubiera “notado una leve hinchazón en la parte inferior de sus piernas” durante las últimas semanas, dijo Leavitt. Al leer la nota de Barbabella, Leavitt afirmó que no había evidencia de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial, y que los análisis de laboratorio de Trump estaban dentro de los límites normales. Trump también se sometió a un ecocardiograma, que no reveló signos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedad sistémica, añadió. La insuficiencia venosa crónica es una afección en la que las válvulas de ciertas venas no funcionan correctamente, lo que puede provocar que parte de la sangre se acumule en las venas. Se diagnostica a unas 150.000 personas cada año, y el riesgo aumenta con la edad. Los síntomas pueden incluir hinchazón en la parte inferior de las piernas o los tobillos, dolor o calambres en las piernas, varices, dolor o cambios en la piel. El tratamiento puede consistir en medicamentos o, en etapas posteriores, procedimientos médicos. “Básicamente, no es información alarmante ni sorprendente”, dijo el Dr. Jeremy Faust, profesor adjunto de medicina de urgencias en la Facultad de Medicina de Harvard. Esto es bastante normal en el envejecimiento, especialmente para alguien con sobrepeso u obesidad, como siempre ha sido el caso del presidente. Pero la mayor preocupación es que síntomas como este requieren una evaluación para detectar afecciones más graves, y eso fue lo que ocurrió. Leavitt añadió posteriormente que el presidente no experimentaba ninguna molestia. Se remitió a una próxima carta de Barbabella sobre el tratamiento para la afección. La secretaria de prensa también se refirió a los hematomas que aparecieron en el dorso de la mano del presidente, que atribuyó a sus “frecuentes apretones de manos”, además del uso de aspirina. “Esto es consistente con una leve irritación de los tejidos blandos causada por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”, dijo Leavitt, a través de Barbabella. Trump se convertirá en el presidente de mayor edad del país durante su segundo mandato. (CNN)

Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos en El Salvador, ha detenido sus operaciones en el país centroamericano y se ha visto forzada al exilio debido al asedio por parte del Gobierno de Nayib Bukele. Así lo confirmó el miércoles a EL PAÍS su director ejecutivo, Noah Bullock. “Tuvimos que decidir entre la cárcel o el exilio y decidimos que no servimos de nada a las víctimas estando presos”, dijo. La salida de la organización, con 25 años de trayectoria, marca un precedente en la historia del país centroamericano y en la autocracia de Bukele. El exilio de Cristosal ocurre en medio de una desbandada de defensores de derechos humanos y periodistas independientes que han huido del país por temor a ser capturados. Solo entre junio y julio, al menos 20 activistas y 40 periodistas han salido de manera preventiva. A finales de junio, decenas de voces críticas, activistas y periodistas recibieron mensajes de diferentes fuentes en las que se les advertía de la supuesta existencia de una “lista negra” con nombres de las personas capturar, lo que provocó la huida de muchos. Durante el último mes, EL PAÍS ha hablado con quince exiliados de este grupo y todos aseguraron haber sido informados de estar en esa supuesta lista. El equipo de Cristosal también recibió esa información. “Hay rumores de listas negras que, ciertas o no, terminan siendo una amenaza directa a las personas”, dijo Bullock. Otra importante defensora de derechos humanos, Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, anunció a principios de julio que se exilió por temor a ser capturada luego de enterarse de que padece cáncer. Escobar denunció que, días antes de salir del país, un grupo de policías se habían apostado fuera de su casa y le habían dado seguimiento durante varias semanas. En una de sus publicaciones en X mostró un video de las cámaras de seguridad de su domicilio donde se ve a un grupo de uniformados llegar en motocicletas y luego irse. El temor de ser detenidos se sustenta en la última embestida autoritaria de Bukele en contra de las voces disidentes. En junio, durante su mensaje a la nación al iniciar su séptimo año en el poder, Bukele se dedicó cerca de una hora a atacar a medios de comunicación y organismos de defensa de los derechos humanos y añadió que le tiene sin cuidado que lo llamen “dictador”. En las semanas siguientes aprobó de manera exprés una ley mordaza con la que su Gobierno podrá decidir cuáles organizaciones o periódicos independientes pueden trabajar en el país o no bajo pena de ser acusados de lavado de dinero si siguen recibiendo fondos del exterior sin autorización. En esas mismas semanas, Bukele capturó a un líder comunitario, un activista por la defensa del derecho al agua y dos abogados, entre ellos Ruth López, una de las principales directivas de Cristosal. López había liderado investigaciones denunciando desapariciones, torturas y muertes en el sistema de prisiones al que ahora ha sido enviada. Las capturas arbitrarias se extendieron también a doce empresarios de transporte colectivo por supuestamente desobedecer la órden del mandatario de dar transporte gratis a toda la población el pasado 7 de junio. Uno de ellos murió tras cinco días en prisión. Enrique Anaya, una de las voces disidentes capturada por Bukele en estos meses criticó al mandatario en un programa de televisión días antes de ser arrestado. “Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso”, dijo Anaya. “Usted está hablando y está criticando”, le respondió el entrevistador. “Sí, y por supuesto que tengo miedo”, respondió Anaya. Cuatro días después fue detenido. “En El Salvador existe un ambiente de terror [para las voces disidentes]. Tenemos que entender que Ruth no es la primera presa política de El Salvador. Desde los primeros días de la administración de los hermanos Bukele se ha utilizado el sistema de justicia para castigar a sus adversarios”, dijo Bullock. Un reporte de El Faro publicado a principios de julio señala que en el país hay al menos 28 presos políticos y más de cien en el exilio desde 2021 a la fecha. El director de Cristosal aseguró que la organización mantendrá su personaría jurídica en El Salvador, pero ha decidido sacar a todo su personal hasta que tengan garantías jurídicas en el país. “Ya nos hemos presentado para la inscripción en el registro de agentes extranjeros. Y lo hemos hecho porque el derecho a defender derechos no es renunciable” añadió. Bullock aseguró que no dejarán de defender a su compañera Ruth López, quien ha sido trasladada a una prisión de alta seguridad e incomunicada desde hace dos semanas. Mientras tanto, mantendrán sus operaciones desde sus oficinas en Guatemala y Honduras, donde han trabajado desde hace siete años. En los últimos tres años, Bukele ha gobernado bajo un régimen de excepción que, en la práctica, permite a la Policía capturar de forma indefinida a cualquier persona con solo parecer sospechosa. Algunas acusaciones fiscales a las que ha tenido acceso EL PAÍS señalan que muchas personas fueron detenidas simplemente por parecer nerviosas. El régimen de excepción fue aprobado desde marzo de 2022, luego de que las pandillas organizaran la masacre de 87 personas en un solo fin de semana. Aunque en principio su justificación fue la guerra a las pandillas, su uso se ha extendido para capturar a voces disidentes y críticos del gobierno. En este tiempo, las autoridades salvadoreñas han apresado a más de 85.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas y cerca del 2% de la población adulta está bajo prisión. En junio, un informe del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) reveló que la mayoría de los salvadoreños tienen miedo de criticar a Bukele y consideran que de hacerlo podrían tener consecuencias como ir a prisión. “El equipo de Cristosal ha vivido ese ambiente de terror. La gran pregunta que nos hacemos es ¿y ahora a quién le toca?, ¿quién será el próximo? Creo que su objetivo, además de encarcelar a las voces críticas, es que nos vayamos”,