Internacional

Los dos reinos del sudeste asiático viven el episodio más sangriento de los últimos 15 años por la disputa de un territorio fronterizo. El conflicto ya ha dejado al menos 34 muertos y provocado el desplazamiento de unas 200 000 personas. Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contactó a los líderes de Tailandia y Camboya, quienes aseguraron que estaban dispuestos a entablar negociaciones. A pesar de ello, los combates surgieron de nuevo el domingo después de cada capital acusara a la otra que incumplir su palabra. Finalmente, Tailandia anunció que los líderes de ambas naciones mantendrán conversaciones de paz este lunes. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, acogerá la reunión entre el primer ministro de interino de Tailandia, Pumtham Wechayachai, y el primer ministro de Camboya, Hun Manet. Relaciones diplomáticas en su punto más bajo En los últimos días, el conflicto se ha extendido a múltiples frentes, a veces separados por varios cientos de kilómetros entre sí, desde la provincia tailandesa de Trat, muy popular entre los turistas, en el golfo de Tailandia, hasta una zona conocida como «el Triángulo Esmeralda» por su proximidad con Laos.  Las relaciones diplomáticas entre ambos vecinos, unidos por ricos lazos culturales y económicos, se encuentran en su punto más bajo desde hace décadas.  El episodio actual ha causado 21 muertos en el lado tailandés, entre ellos ocho soldados, mientras que Camboya ha informado de un balance de 13 muertos, cinco de ellos militares.  Más de 138 000 tailandeses han evacuado las zonas de riesgo, según Bangkok, y más de 80 000 camboyanos han hecho lo propio en su lado de la frontera, según Phnom Penh.  Ambos países disputan el trazado de su frontera común, definida durante la Indochina francesa. Antes de los combates actuales, el episodio más violento relacionado con esta disputa se remontaba a los enfrentamientos en torno al templo de Preah Vihear entre 2008 y 2011, que causaron al menos 28 muertos y decenas de miles de desplazados.  El tribunal de las Naciones Unidas dio la razón a Camboya en dos ocasiones, en 1962 y en 2013, sobre la propiedad del templo de Preah Vihear, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y de una zona circundante.  (RFI)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto que facilita a las autoridades locales desalojar a personas sin hogar de las calles. El decreto instruye a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a “revertir precedentes judiciales y poner fin a los decretos de consentimiento” que limitan la capacidad de las jurisdicciones para reubicar a personas sin hogar. También redirige recursos federales para que las personas afectadas sean trasladadas a instalaciones de rehabilitación y tratamiento de adicciones. El decreto también indica a Bondi trabajar con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy; el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el secretario de Transporte, Sean Duffy, para agilizar la financiación federal a estados y municipios que tomen medidas contra el consumo abierto de drogas ilícitas, la acampada urbana, el merodeo y la ocupación ilegal, y para rastrear la ubicación de delincuentes sexuales. Este viernes, el presidente sugirió que el decreto representa un enfoque de sentido común al problema de la falta de vivienda en el país. “Justo afuera había algunas carpas, y las están quitando ahora mismo, no se puede permitir eso, especialmente en la ciudad de Washington. Hablo con la alcaldesa sobre esto todo el tiempo, le dije que tiene que quitar las carpas”, dijo Trump a un reportero en el jardín sur de la Casa Blanca. “No podemos permitirlo; los líderes vienen a verme para negociar acuerdos comerciales de miles de millones y hasta billones de dólares, y hay carpas afuera de la Casa Blanca, no podemos tener eso. No suena bien”. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado que el decreto es parte del compromiso de Trump de “acabar con la falta de vivienda en todo Estados Unidos”. “Al desalojar de nuestras calles a personas que cometen delitos y redirigir recursos hacia programas de tratamiento de adicciones, la administración Trump garantizará que los estadounidenses se sientan seguros en sus comunidades y que quienes sufren adicciones o problemas de salud mental puedan recibir la ayuda que necesitan”, afirmó. Defensores de las personas sin hogar condenaron el decreto, con el argumento de que podría empeorar la situación. “Estos decretos ignoran décadas de servicios de apoyo y vivienda basados en evidencia. Representan un enfoque punitivo que ha fallado constantemente a la hora de resolver la falta de vivienda y, en cambio, agrava los desafíos que enfrentan las personas vulnerables”, dijo Donald Whitehead, director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar, en un comunicado. El Centro Nacional de Derecho sobre la Falta de Vivienda afirmó que el decreto “priva a las personas de sus derechos básicos y dificulta resolver la falta de vivienda”. El grupo señaló que la orden ampliará el uso de la policía y la institucionalización como respuesta, mientras aumenta el número de personas que viven en carpas, autos y en las calles. El decreto sigue a una decisión de la Corte Suprema El decreto se emite un mes después de que la Corte Suprema fallara a favor de una ciudad de Oregon que multaba a personas sin hogar por dormir al aire libre. Los jueces rechazaron los argumentos de que tales ordenanzas “antiacampada” violaban la prohibición constitucional de castigos “crueles e inusuales”. El caso fue seguido de cerca por funcionarios de ciudades y estados que han luchado por responder al aumento de la falta de vivienda y los campamentos que han surgido bajo puentes y en parques urbanos en todo el país. También fue observado por personas que viven en esos campamentos y se alarman por los intentos de criminalizarlos en vez de construir albergues y viviendas asequibles. La falta de vivienda en Estados Unidos alcanzó el nivel más alto registrado el año pasado, impulsada por la escasez de viviendas asequibles, el aumento de inmigrantes que buscan refugio y desastres naturales que desplazaron a personas de sus hogares, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Más de 770.000 personas experimentaron la falta de vivienda en 2024, un aumento del 18 %, respecto a 2023. Fue el mayor incremento anual desde que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano comenzó a recopilar datos en 2007 (excluyendo el salto de 2021 a 2022, cuando la agencia no realizó un recuento completo por la pandemia de covid-19). Como candidato, Trump criticó la crisis nacional de personas sin hogar, y en un mitin en septiembre dijo que estaba “destruyendo nuestras ciudades”. “Los campamentos de personas sin hogar desaparecerán”, dijo Trump en Carolina del Norte. “Van a desaparecer. Tienen que ver lo que estos campamentos han hecho a nuestras ciudades, y tenemos que cuidar a la gente”. (CNN)

La conspiración liderada por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro para mantenerse en el poder tras la derrota electoral de 2022 tenía otra ramificación criminal: un plan para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, según desveló la investigación del intento de golpe de Estado. El jueves por la noche, en los interrogatorios en el juicio a los acusados de participar en la asonada, un exasesor de Bolsonaro confesó ser el autor de aquel plan. Se trata de un general del Ejército en la reserva, Mario Fernandes, que actuaba como secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia. Pocos días después de la derrota electoral, imprimía el documento con sus planes para llevar a cabo el magnicidio en la impresora de su despacho, en el mismo Palacio del Planalto de Brasilia, la sede del Gobierno. “Es un archivo digital, no retrata nada más que un pensamiento mío que fue digitalizado; es una compilación de datos, un estudio de situación mío, un análisis de riesgos que hice y que, por costumbre propia, decidí digitalizar”, confesó el militar al ser cuestionado por el plan, llamado “Puñal Verde y Amarillo”, en referencia a los colores de la bandera brasileña. Además de Lula, la idea era asesinar al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y al juez Alexandre de Moraes, que entonces presidía el Tribunal Superior Electoral, el órgano que vela por el buen funcionamiento de las elecciones y proclama el resultado. Ahora el propio Moraes, un magistrado que emprendió una cruzada contra el populismo en las redes sociales, es quien está al frente del proceso sobre el intento golpista desde el Tribunal Supremo. Lo previsto era perpetrar los asesinatos el 15 de diciembre de 2022, tres días después de que Lula recibiera el diploma que certificaba su victoria, el último trámite del proceso electoral en Brasil. Inicialmente se pensó en un envenenamiento, pero también se había movilizado pistolas, fusiles, metralletas y una granada. La investigación de la Policía Federal, que incluye otros documentos e intercambios de mensajes de móvil, concluyó que el plan tenía “características terroristas” y que Bolsonaro tenía “pleno conocimiento”. Uno de los indicios es que se imprimieron varias copias del documento y en fechas diferentes. Fernandes alega que fue un error de la impresora. El plan fue debatido entre militares en casa del que pretendía ser vicepresidente de Bolsonaro en su segundo mandato, el general Walter Braga Netto, considerado uno de los cerebros del movimiento golpista. Braga Netto incluso entregó a otro militar dinero efectivo escondido en una bolsa con botellas de vino, para pagar a los presuntos sicarios. Desde diciembre del año pasado está preso de forma preventiva por intentar obstruir la investigación. La estrategia del magnicidio se conoció en noviembre de 2024, cuando la policía detuvo a Fernandes, a un agente de la Policía Federal y a otros tres militares, que formaban parte de los llamados “kids pretos”, un grupo de élite de las Fuerzas Armadas. Cuando fueron arrestados estaban trabajando en el dispositivo de seguridad de la cumbre del G-20 en Río de Janeiro. La confesión de Fernandes llega en la recta final del juicio por el intento golpista de Bolsonaro y se enmarca en una serie de interrogatorios al segundo escalafón de la conspiración antidemocrática, los que la iban a ejecutar. Estos días también se interroga, por ejemplo, a los altos funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Policía de Carreteras que el día de la votación de la segunda vuelta impusieron bloqueos viarios en zonas electorales donde Lula había obtenido buenos resultados, para intentar frenar a toda costa la llegada de los electores a los colegios electorales y la victoria de la izquierda en las urnas. Mientras tanto, el que la Fiscalía considera el articulador de toda la estrategia, el propio Bolsonaro, espera el día de la sentencia. Está acusado de cinco delitos diferentes, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada, que podrían sumar 43 años de cárcel. La semana pasada el expresidente fue sometido a medidas cautelares después de que la Justicia detectase riesgo de fuga inminente. Ahora debe permanecer en casa por las noches y los fines de semana, usa una tobillera electrónica y no puede hablar con otros investigados ni con diplomáticos extranjeros. (EL PAÍS)

Brasil se sumará al proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU por un posible crimen de genocidio en la franja de Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó este miércoles de que el país sudamericano está a punto de adherirse formalmente a la causa impulsada por el país africano, y argumenta que lo hace porque es plausible que “los derechos de los palestinos de protección contra actos de genocidio estén siendo irreversiblemente perjudicados”, conforme a la conclusión del tribunal en medidas cautelares anunciadas en 2024. En un duro comunicado, la diplomacia brasileña remarca que la comunidad internacional “no puede permanecer inerte ante las atrocidades en curso”, y añade: “Brasil considera que ya no hay espacio para la ambigüedad moral ni la omisión política. La impunidad socava la legalidad internacional y compromete la credibilidad del sistema multilateral”. La nota destaca que las masacres de civiles, sobre todo mujeres y niños, se han vuelto cotidianas durante la entrega de ayuda humanitaria en Gaza y que el hambre se usa “de forma descarada” como arma de guerra. También recuerda los ataques a infraestructura civil, instalaciones de las Naciones Unidas o sitios religiosos, como el ataque a la única parroquia católica de Gaza. A “esos horrores”, sostiene el Gobierno de Brasil, se suman continuas violaciones del Derecho Internacional, como anexión de territorios por la fuerza y la expansión de asentamientos ilegales. Y es que las críticas del país suramericano van más allá de Gaza, también se carga contra la “violencia indiscriminada y el vandalismo” practicado por colonos extremistas en Cisjordania, citando, a modo de ejemplo, el reciente incendio de la iglesia ortodoxa de San Jorge en la ciudad de Taybeh. En los últimos meses, tanto el canciller brasileño, Mauro Vieira, como el propio Lula han usado las palabras “masacre”, “carnicería” o “genocidio” para referirse a la actuación del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza. Los comunicados oficiales, publicados casi semanalmente después de cada nueva oleada de muertos, exigen la facilitación de entrada de ayuda humanitaria, la retirada de las tropas israelíes, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y el diálogo entre las partes. A principios de este mes, durante la cumbre de los BRICS celebrada en Río de Janeiro, Lula pidió a los países emergentes más medidas: “No podemos permanecer indiferentes ante el genocidio practicado por Israel en Gaza, la matanza indiscriminada de civiles inocentes y el uso de hambre como arma de guerra”, dijo en uno de sus discursos. Como es habitual en la tradicional postura diplomática de Brasil, también defendió que la solución al conflicto en Oriente Próximo solo será posible con el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado palestino soberano dentro de las fronteras de 1967. Las críticas de Lula a los abusos de Netanyahu vienen de lejos y ya provocaron una crisis diplomática entre los dos países en febrero de 2024. Ya entonces, el mandatario brasileño habló de genocidio y añadió que algo así solo podía compararse con el momento en que Hitler decidió matar a los judíos. La comparación con el Holocausto provocó la indignación del Gobierno de Israel, que declaró a Lula persona non grata. Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Tel Aviv. Desde entonces, la relación entre los dos países es prácticamente inexistente. (EL PAÍS)

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero pasado, y antes, en campaña, Donald Trump ha defendido su despiadada política migratoria sobre la suposición de que otros países envían a sus peores criminales para que cometan delitos en Estados Unidos. Pero el viernes fue su propio Gobierno el que importó desde Venezuela al autor de un triple asesinato en Madrid. Es un ciudadano estadounidense al que en los círculos policiales, judiciales y mediáticos españoles se le conoce como “el triple asesino de Usera”. Se llama Dahud Hanid Ortiz. No llegó con grilletes y un mono de color naranja. Lo hizo blandiendo una banderita con las barras y estrellas y una sonrisa de oreja a oreja. No se sabe aún cómo, Ortiz se coló en un grupo de diez hombres estadounidenses liberados por el régimen chavista de Nicolás Maduro y presentados a la opinión pública del país como “presos políticos”, “indebidamente arrestados”. Este miércoles, un portavoz del Departamento de Estado respondió en un correo electrónico a EL PAÍS que con el canje, que permitió el regreso a su país de 252 presos venezolanos deportados por Washington a El Salvador, donde estaban encarcelados, Estados Unidos había “logrado la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela, muchos de los cuales denunciaron haber sido sometidos a tortura y otras duras condiciones”. También adujo que “por motivos de privacidad” no entraría en “detalles de ningún caso específico”. En el grupo en el que se coló Ortiz había turistas que, según activistas en defensa de la democracia en Venezuela, Maduro usa como moneda de cambio. El caso de Ortiz es muy diferente: fue condenado a 30 años de cárcel en 2024, tras su detención en 2018 por un triple crimen cometido en Madrid dos años antes. Se desconoce el paradero del criminal, de 54 años, a quien el viernes se lo vio saludar a la cámara tras aterrizar junto al resto de liberados en un aeropuerto militar a las afueras de la ciudad de San Antonio, en Texas. El martes, el Departamento de Estado se limitó a decir durante la rueda de prensa de la portavoz del secretario Marco Rubio, Tammy Bruce, que “ya no quedan estadounidenses injustamente detenidos en Venezuela”. Bruce no especificó si a Ortiz lo consideraban erróneamente encarcelado, o si, en realidad, solo se estaba refiriendo a los otros nueve repatriados. Más tarde, un alto cargo de la Embajada en Colombia, John McNamara, dijo en una entrevista con un periodista venezolano que “todos los ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela ahora están libres, libres en su propia tierra, con sus propias familias”. EL PAÍS también ha intentado sin éxito obtener respuesta del Departamento de Seguridad Nacional y de Justicia sobre si Ortiz ha ingresado en prisión y en cuál o si camina libre por las calles de Estados Unidos, país en el que apenas queda rastro de sus años antes de emigrar. Ortiz fue juzgado y condenado en Venezuela porque escapó allí tras cometer su crimen, el miércoles 22 de junio de 2016. Tenía familia en Puerto Ordaz, una ciudad petrolera en la cuenca del Orinoco. Según fuentes de la investigación en Venezuela, trabajó en el comercio de componentes eléctricos hasta que finalmente fue detenido en octubre de 2018. España solicitó su extradición, pero de acuerdo con el convenio bilateral, Venezuela asumió el caso al tratarse de un ciudadano de origen venezolano. Fuentes de la Fiscalía española indican que han solicitado información a Estados Unidos, pero no han obtenido respuesta. Explican que desde el punto de vista judicial España no puede hacer nada porque el asunto ha sido juzgado y es Venezuela la encargada de ejecutar la sentencia. Desconocen también si se ha producido algún tipo de indulto por parte del régimen chavista. El asunto es tan sensible que ninguna autoridad española quiere hacer declaraciones. El triple asesinato de Usera El crimen de Ortiz causó conmoción en España y fue tan mediático que llegó a conocerse como “el triple asesinato de Usera”, en referencia al distrito humilde de Madrid donde sucedió. Fue una masacre motivada por celos. Ortiz era un exmarine estadounidense casado en Alemania con Irina Trippel. Él había ingresado en las Fuerzas Armadas en 1995 y conoció a su esposa mientras prestaba servicio en la base estadounidense de Schweinfurt, al este de Fráncfort. Lo expulsaron en 2014 por falsificar unos documentos para recibir una subvención. Entonces comenzó un declive personal que afectó a la relación. Ortiz y Trippel ya vivían separados en abril de 2016, cuando ella conoció al abogado Víctor Salas, de 36 años, titular de un despacho en la capital española. Al enterarse, el exmarine montó en cólera, según concluyeron los investigadores del caso en España. En mayo, llamó a Ortiz desde Alemania y le dijo: “Yo he sido soldado en Estados Unidos. Me han entrenado para matar y voy a ir a por ti a matarte. Ya sé quién eres. Deja en paz a Irina, que es mi mujer”. Salas le respondió que podía venir cuando quisiera. Según la investigación, Ortiz vivía en casa de la madre de Trippel, Larisa, y estaba tratando de reconstruir la relación con su expareja, con quien aún se hablaba. El lunes 20 de junio partió a bordo del viejo Volkswagen Polo de la madre. El miércoles 22 alrededor de las 14.30, llegó al despacho de Salas, en la calle Marcelo Usera, 40. El letrado no se encontraba allí. Había pasado la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla. Dos empleadas del despacho recibieron a Ortiz, que les dijo que necesitaba hablar con el abogado por un caso de un millón de euros. Una de ellas llamó a su jefe para informarle de que lo buscaba un tipo “raro” y que este se había metido en el baño. Ortiz, que pensaba volver a eso de las 17.00, sugirió a su empleada que pidiera al visitante regresar más tarde. “Me salvé por pura casualidad”, rememoró Salas este miércoles. “Yo no soy supersticioso pero el caso es que después de comer en casa con mi madre estaba tan cansado que

La nominación de Peter Lamelas como nuevo embajador estadounidense para Argentina llega envuelta en un escándalo. Este médico y empresario de origen cubano declaró el martes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que buscará combatir la “corrupción por parte de los chinos” en todas las provincias de Argentina, pidió apoyar al presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre y asegurarse de que “Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece”. La oposición repudió sus dichos por considerarlos una injerencia inaceptable en la política interna. La expresidenta Cristina Kirchner, aludida en la declaración de Lamelas, respondió a través de X este miércoles. “Como si no tuviéramos un Poder Judicial suficientemente teledirigido, nos mandan un nuevo fiscal plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago”, subrayó Kirchner, quien cumple en arresto domiciliario una condena firme a seis años de cárcel por corrupción y está imputada en varias causas más. La líder de la oposición peronista criticó también el apoyo anticipado por Lamelas a Milei en las elecciones del próximo 26 de octubre. “Igualito a Kristalina [Georgieva] que, desde el FMI, ya blanqueó que los argentinos “deben votar bien”. Como verás… la campaña no la hacen los hermanos Milei: la hacen Washington y el Fondo Monetario”, disparó. También expresó su repudio el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por considerar que las expresiones del candidato de Trump para la embajada en Argentina “evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región”. Lamelas necesita una mayoría simple en el Senado para ser confirmado como embajador, una votación que se da por ganada. Kicillof anticipó que, en ese caso, no se reunirá con él: “Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata: acá nadie lo va a recibir”. “Lamelas go home”, subrayó Kicillof. El mismo mensaje, junto a una fotografía del futuro embajador, se difundió en carteles pegados este miércoles en las calles de Buenos Aires. Otros gobernadores provinciales de Argentina, desde Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, hasta La Rioja, en el noroeste, se sumaron al vendaval de críticas. Desde el Partido Socialista presentaron un proyecto de resolución para repudiar sus declaraciones e instar al presidente, Javier Milei, a rechazarlo como embajador en Argentina. “Cubano de nacimiento, estadounidense por la gracia de Dios”, se define Peter Lamelas en su perfil de Linkedin. Llegó a Florida en un barco de la Cruz Roja con su familia cuando tenía cuatro años y creció en Miami, donde estudió Medicina y fundó MD Now, una red de clínicas de primeros auxilios. Logró acercarse al Partido Republicano a través de generosas donaciones, primero a la campaña de Marcos Rubio en Florida y después a la de Trump a la Presidencia. Sin experiencia previa como diplomático, este empresario anticastrista exhibe sin tapujos su deseo de consolidar la alianza ultraderechista entre Trump y Milei y frenar la influencia maligna de China en América Latina. Desde que Milei asumió el poder en Argentina, en diciembre de 2023, expresó un alineamiento incondicional con Estados Unidos, país que ha visitado 10 veces en el último año y medio. La victoria de Trump facilitó además una sintonía ideológica de la que Milei busca sacar un rédito económico en medio de la guerra arancelaria lanzada por la Casa Blanca. Lamelas lo da por hecho y prometió que la relación bilateral “alcanzará una grandeza como nunca antes”. (EL PAÍS)