Internacional

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha sido sentenciado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria, una pena que será de aplicación inmediata. Es la decisión de la jueza Sandra Heredia, que el lunes condenó al exmandatario en el caso judicial más trascendente en la historia reciente de Colombia. La sentencia, que sido filtrada poco antes de la lectura pública convocada por la magistrada, podrá ser recurrida por la defensa de Uribe. La jurista ha tenido a cargo la enorme responsabilidad esta semana de dar un fallo en primera instancia contra el exmandatario de derechas, quien gobernó del 2002 al 2010 e impulsó dos presidentes más en 2010 y 2018. Un caso que tiene al país pegado a la pantalla, siguiendo largas audiencias públicas durante más de un año, como si se tratara de la mejor serie en Netflix. El lunes Heredia había anunciado su fallo, que señala al exmandatario como culpable de fraude procesal, en dos situaciones, y de soborno de testigos en actuación penal, en tres instancias. En otras palabras, Uribe Vélez intentó de distintas formas burlar a la justicia, en 2017 y 2018, cuando sus emisarios ofrecieron beneficios a exparamilitares para que declararan a su favor en tribunales. La noticia es una sorpresa por dos frentes. Primero, porque la pena impuesta por Heredia es sustancialmente mayor a la que había pedido la Fiscalía, de 9 años. Segundo, porque será de cumplimiento inmediato, sin esperar a que la condena quede en firme tras el proceso de apelación, lo usual a menos de que la justicia vea el riesgo de que el acusado salga a la fuga. Puesto que la jueza había reconocido la disciplina de Uribe Vélez durante todo el juicio, la defensa argumentó que debería quedar en libertad hasta agotar todos los recursos legales. La jueza, sin embargo, tomó la posición más dura. El texto filtrado de su sentencia pide que Uribe Vélez se dirija a su finca del municipio de Rionegro, en el departamento de Antioquia. Argumentó que la visibilidad y reconocimiento del expresidente hacen necesario limitar su libertad “para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”. La imagen del expresidente detenido es una que impacta inmediatamente a la política colombiana de cara a las elecciones del 2026, y especialmente golpea a su partido, el Centro Democrático. El senador y precandidato presidencial favorito en las encuestas de aquella colectividad, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado a principios de junio, y sigue en recuperación en una clínica de Bogotá. Ahora el partido mira a las legislativas y presidenciales del próximo año sin la posibilidad de que su máximo líder y fundador pueda salir a los municipios a hacer campaña. Sus militantes consideran ahora si la mejor estrategia en los meses que viene será agarrarse a la narrativa de lawfare, señalando una persecución política en la justicia, un discurso que ya ha tenido eco en el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero esta no es la última palabra. Por ser un fallo en primera instancia, la defensa del expresidente ya ha anunciado que apelará y el caso pasa ahora a manos del Tribunal Superior de Bogotá, que debe pronunciarse antes de mediados de octubre para que no prescriba. Juristas consultados por EL PAÍS creen que, si bien el tiempo es corto, el tribunal le dará prioridad a uno de los casos más sensibles para la política colombiana. Además, recuerdan que sus magistrados ya han estudiado filones del caso por otras apelaciones a lo largo del proceso, lo que les facilitaría tomar una decisión. Uribe Vélez, por su parte, contó el viernes que no se pronunció frente a la decisión de Heredia porque viene preparándose para la carrera judicial que tiene por delante, con oraciones y la ayuda de quienes le han apoyado siempre. “Las crisis más difíciles son las de afectación personal”, dijo en redes sociales. “Hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material”, añadió. Si el Tribunal Superior de Bogotá mantiene en pie el fallo de Heredia, la defensa tiene incluso la posibilidad de seguir escalando su apelación hasta la Corte Suprema de Justicia, donde, curiosamente, empezó esta historia. El expresidente había denunciado allí al congresista de izquierdas Iván Cepeda, que lo señalaba de tener vínculos con grupos paramilitares, de sobornar a testigos para que se fueran contra el presidente de derechas. En 2018, la Corte Suprema cerró el caso contra Cepeda y lo abrió contra Uribe Vélez, alegando que fue él quien buscó sobornar testigos. El caso de falsos testigos hubiera podido investigarse allí, y ahorrar varios años de enredos judiciales, pero Uribe Vélez, anticipando que le iría mejor en la justicia ordinaria, renunció a su fuero como senador y la investigación pasó a manos de una Fiscalía dirigida por un aliado, Francisco Barbosa. Ahí empezó un camino tortuoso, en que la Fiscalía pedía cerrar la investigación, pero los jueces en dos instancias pidieron que siguiera su camino a un juicio. El fiscal Barbosa terminó su periodo, la nueva Fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por el presidente Gustavo Petro, puso a una nueva encargada del proceso, y finalmente el juicio quedó en manos de Heredia. La jueza le dio la razón a varias pruebas y argumentos que tenía la Fiscalía. Consideró como testigo valido a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar condenado que señaló a varios emisarios de Álvaro Uribe Vélez como aquellos que le ofrecieron beneficios judiciales para que declarara a favor del expresidente. Monsalve grabó a uno de ellos, al abogado de Uribe, Diego Cadena, y también lo grabó su pareja, Dayanira Gómez. Los audios, que la defensa no quería que fueran aceptados como válidos, fueron validados por la jueza Heredia. Ella también tuvo en cuenta conversaciones interceptadas por la Corte Suprema entre Uribe Vélez y su abogado Cadena, centrales en su fallo contra el expresidente. La defensa venía argumentando que Cadena había ofrecido beneficios sin conocimiento del mandatario. La jueza, de acuerdo a varias citas,

Como un “escándalo y una vergüenza” calificó el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, el sistema de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza establecido por Estados Unidos e Israel a través de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH). El jueves, 31 de julio, exigió el cese de sus actividades.  “Quiero pedir el cese de las actividades de la Fundación Humanitaria de Gaza. La distribución militarizada de ayuda humanitaria ha causado un baño de sangre en las líneas de distribución de Gaza, lo cual es un escándalo, una vergüenza, y debe cesar”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores francés a la prensa durante un viaje a Chipre. A partir del viernes, Francia lanzará 40 toneladas de ayuda en territorio palestino, donde los envíos humanitarios se reanudaron el domingo para ayudar a las poblaciones hambrientas. Naciones Unidas advirtió el domingo sobre “niveles alarmantes” de desnutrición y acusó el martes al ejército israelí de matar a más de 1.000 personas que buscaban ayuda humanitaria desde finales de mayo, la gran mayoría cerca de los centros de distribución gestionados por la fundación. Unos 2,4 millones de palestinos han sido asediados por Israel en Gaza desde el inicio de la guerra, desencadenada por un ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023. En medio de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, y de que “el peor escenario de hambruna” está en curso, según advirtió el martes el organismo que monitorea crisis alimentarias, el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, se reunió el jueves con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un intento por salvar las conversaciones de tregua en Gaza.  “El primer ministro Benjamin Netanyahu se encuentra actualmente reunido en su oficina con el enviado especial del presidente de EE.UU. a Oriente Medio, Steve Witkoff”, dijo la oficina del primer ministro en un breve mensaje, sin dar más detalles. Mientras que el presidente Donald Trump publicó en su red Truth Social: “¡La forma más rápida de terminar con la crisis humanitaria en Gaza es que Hamás se rinda y libere a los rehenes!” La emisora pública israelí Kan informó que Witkoff también visitará un centro de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), apoyada por EE.UU. pero duramente criticada por la ONU y otros organismos internacionales por obligar a los gazatíes a desplazarse a zonas peligrosas para conseguir comida. Entre el hambre y la muerte  Israel enfrenta una creciente presión internacional por la devastación generalizada en Gaza y las restricciones a la ayuda humanitaria en el territorio. Canadá fue la más reciente potencia occidental en anunciar que reconocerá un Estado palestino. Las conversaciones indirectas en Doha entre Israel y el grupo islamista Hamás terminaron en un punto muerto la semana pasada.  En días recientes, funcionarios israelíes han dicho que Israel podría declarar la anexión de partes de Gaza si el estancamiento continúa. Desde que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) entró a funcionar, se repite diariamente el mismo escenario.  El ministerio de Sanidad de Gaza elevó a 111 los gazatíes que murieron este miércoles en ataques israelíes en el enclave palestino, de los que 91 iban a buscar ayuda humanitaria en diferentes puntos de la Franja. También se produjeron 820 heridos, 666 de ellos mientras acudían a por ayuda. En las últimas horas 12 personas que estaban entre las multitudes reunidas para recibir ayuda cerca del corredor de Netzarim, una zona controlada por tropas israelíes en el centro de Gaza, murieron por fuego israelí según las autoridades médicas. El ejército israelí indicó que sus soldados realizaron disparos de advertencia para dispersar multitudes que los ponían en peligro, sin que se registraran bajas. El ministerio de salud de Gaza ha registrado 156 muertes por hambre y desnutrición, incluyendo al menos 90 niños, desde el inicio de la ofensiva israelí, luego de la incursión armada de Hamás, en octubre de 2023, al sur de Israel, que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados, según las cifras de ese gobierno. Ante la indignación internacional por las imágenes de niños famélicos, Israel anunció el domingo que suspenderá las operaciones militares durante 10 horas al día en ciertas zonas de Gaza y establecerá rutas seguras para convoyes de alimentos y medicinas. Llamado al desarme de Hamás  Dadas esas recientes pausas humanitarias, se logró ingresar más alimentos a Gaza en los primeros días, aunque el volumen “sigue siendo muy insuficiente”, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.  Los palestinos continúan enfrentando peligros tanto de fuerzas israelíes como de saqueadores palestinos al intentar acceder a los suministros. Además, el número de palestinos muertos en casi dos años de guerra supera los 60.000, según el ministerio de Salud gazatí.  Esto aumenta la presión sobre Hamás e Israel en Gaza para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Además, en Israel, madres de rehenes encabezaron una protesta frente a la oficina de Netanyahu, exigiendo al gobierno que ponga fin a la guerra. Hamás ha rechazado los llamados a desarmarse y Netanyahu ha reiterado que no terminará la guerra hasta que Hamás deje de gobernar el enclave y entregue las armas. Su gobierno incluye dos partidos de extrema derecha que promueven la conquista de Gaza y el restablecimiento de asentamientos judíos allí.  Qatar y Egipto, que actúan como mediadores en las negociaciones, respaldaron el martes una declaración conjunta de Francia y Arabia Saudita que propone avanzar hacia una solución de dos Estados en el conflicto israelí-palestino. La declaración plantea que Hamás “debe poner fin a su gobierno en Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina”, liderada por sus rivales políticos y con poder limitado en zonas de Cisjordania bajo ocupación israelí. Israel ha rechazado que la Autoridad Palestina asuma el control de Gaza, incluso ha condenado las declaraciones de Francia, Reino Unido y Canadá de la semana pasada en las que se planteaba un posible reconocimiento de un Estado palestino, calificándolas como una recompensa a Hamás por su ataque del 7 de octubre de 2023. Y, este jueves, los ministros de Defensa, Israel Katz, y de Justicia, Yariv Levin, manifestaron su respaldo a la anexión a Israel de Cisjordania, territorio que los palestinos reclaman como parte de su futuro Estado. (FRANCE 24)

El presidente de EE.UU. Donald Trump impondrá una serie de nuevos aranceles a las importaciones de cobre, tomando medidas ejecutivas en un esfuerzo por impulsar la industria nacional del cobre. En una proclama presidencial firmada el miércoles, Trump impuso “aranceles universales del 50 % a las importaciones de productos semielaborados de cobre”, incluidos tubos, cables y láminas, así como “productos derivados con alto contenido de cobre”, indicó la Casa Blanca en una hoja informativa. Estos nuevos aranceles entrarán en vigor el 1 de agosto. Esto incluye excepciones para los productos de cobre que ya están sujetos a los aranceles automotrices del presidente. Según la proclama, Trump autoriza al secretario de Comercio, Howard Lutnick, “a tomar medidas bajo la Ley de Producción de Defensa para apoyar a la industria nacional”, según la hoja informativa, incluyendo el requisito de que el 25 % de la chatarra de cobre de alta calidad y los materiales de entrada producidos en Estados Unidos se vendan en el país, porcentaje que aumentará cada año para los materiales de entrada. La Casa Blanca calificó la medida como crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos, señalando que Trump “está nivelando el campo de juego para que las empresas estadounidenses de cobre apoyen una industria nacional fuerte”. Trump anticipó los aranceles a principios de este mes después de ordenar una investigación bajo la Sección 232 sobre las importaciones de cobre en febrero, utilizando una ley que otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles más altos por motivos de seguridad nacional. El cobre es un componente crucial en una variedad de productos electrónicos, maquinaria y automóviles. Los aranceles al cobre podrían encarecer esos productos para los estadounidenses. Estados Unidos importó cobre por un valor de US$ 17.000 millones el año pasado, según datos del Departamento de Comercio de EE.UU. y Chile fue el mayor proveedor extranjero del metal, enviando cobre por un valor de US$ 6.000 millones a Estados Unidos el año pasado. (CNN)