Internacional

El presidente argentino, Javier Milei, logró este martes su primera victoria legislativa tras más de cuatro meses de Gobierno. La Cámara de Diputados aprobó por 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones un nuevo proyecto de ley de desguace del Estado. Se trata de una versión recortada y mucho menos ambiciosa de aquella que fracasó en febrero por los votos en contra de, incluso, los diputados aliados. La votación es un éxito parcial, porque la iniciativa debe sortear un último obstáculo para convertirse en ley: el Senado. El peronismo, primera minoría en la Cámara alta, anticipa allí una fuerte oposición, mientras que organizaciones sociales, de izquierda y sindicatos protestarán en las calles. El debate en la Cámara de Diputados comenzó el lunes a mediodía y se extendió en una maratónica sesión de más de 26 horas ininterrumpidas. Primero se aprobó el texto en general, pero después se votaron en particular algunos de los 232 artículos del bautizado como proyecto de Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, con resultados más ajustados pero también afirmativos. La aprobación del proyecto muestra el cambio de estrategia del Gobierno ultraderechista respecto a febrero, cuando la Cámara de Diputados frenó una primera versión de la ley, aún más extensa. Milei mantiene hoy su retórica anticasta, con agresiones verbales constantes hacia los políticos, pero aceptó negociar muchos artículos con gobernadores provinciales y referentes de la oposición dialoguista para asegurarse la votación afirmativa del proyecto de ley. Milei ha conseguido el respaldo de los diputados pese a estar en clara minoría: el oficialista La Libertad Avanza (LLA) tiene solo 38 de las 257 bancas de la Cámara baja. “Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas”, manifestó el presidente a través de las redes sociales. Milei confía en que el texto será aprobado también por el Senado y auguró “una nueva era de prosperidad” para el país latinoamericano. Superpresidente Los diputados acordaron dar poderes extraordinarios por un año a Milei para que gobierne por decreto en materia administrativa, económica, financiera y energética. También podrá privatizar algunas empresas estatales —entre las que están Aerolíneas Argentinas y Ferrocarriles Argentinos— y disolver casi todos los organismos públicos, a excepción de 14. Entre los que quedaron a merced del cierre está el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el que se conservan los perfiles genéticos de muchos familiares de desaparecidos en la dictadura —y de los bebés que dieron a luz en cautiverio— que son buscados por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. “Menos Estado es más libertad”, dijo el jefe de bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, durante el debate. “Vamos a construir un Estado más ágil y eficiente. Se van a eliminar trabas burocráticas que asfixian a la economía”, agregó. El Pro, el partido encabezado por el expresidente Mauricio Macri, se ha convertido en el principal aliado legislativo del Gobierno. Sus 37 diputados votaron a favor por considerar que le da al Gobierno las herramientas que solicita para el cambio votado por los argentinos en noviembre. También dieron su apoyo muchos de los legisladores de la Unión Cívica Radical y de Hacemos Coalición Federal. La oposición estuvo liderada por la coalición peronista de Unión por la Patria (UxP), que cuenta con 99 diputados. La legisladora Natalia Zaracho denunció que las nuevas normativas sólo benefician a los más poderosos: “No es para la libertad de los argentinos, sino que es para la libertad del 1% más rico y las multinacionales. Por eso yo la llamaría Ley de Bases para el saqueo de nuestro país y la pérdida de todos nuestros derechos”. “No podemos poner la ciencia de la Argentina, los intereses del país, en una timba a ver qué sale”, señaló el jefe de bloque de UxP, Leopoldo Moreau, al criticar la delegación de facultades legislativas a Milei. Beneficios a grandes empresas El Gobierno apuesta al crecimiento económico de Argentina a través del aumento de exportaciones energéticas, mineras y agropecuarias. Para atraer inversiones, el proyecto contempla un generoso Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que ofrece numerosos beneficios aduaneros y fiscales por 30 años a las empresas con proyectos de más de 200 millones de dólares. También les da vía libre para la importación de bienes de capital e insumos. “Este régimen no da obligación alguna a las empresas y va a generar perjuicios para la industria local”, criticó el peronista Itai Hagman. A su juicio, debería exigirse que las empresas contribuyan al desarrollo local y garantizar la transferencia tecnológica. Argentina forma parte del Triángulo del litio, un mineral clave para la fabricación de automóviles eléctricos que ya ha empezado a ser extraído en las salinas del noroeste del país y para el que se esperan más inversiones. Sin embargo, la joya más preciada es Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de la Patagonia argentina que en 2023 batió récords de producción. Ese interés ayuda a entender los 60 artículos del proyecto dedicados a modificar las leyes vigentes en materia energética. El texto elimina el autoabastecimiento energético como un objetivo prioritario del Estado argentino y habilita la libre exportación de hidrocarburos. Prohíbe además la regulación del precio de los combustibles locales, incluso en situaciones de emergencia. En caso de desacuerdo entre las empresas que entren al RIGI y el Estado, la denuncia deberá hacerse frente al CIADI y no en tribunales locales. Para la oposición, la normativa supone la renuncia del Estado argentino a la soberanía sobre sus recursos naturales. “Es la entrega nacional a las petroleras”, advirtió el diputado de izquierda Christian Castillo. Reforma laboral Milei va camino de aprobar una reforma laboral que antes intentaron sin éxito Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. Es menor a la que quería el Gobierno —de los 60 artículos iniciales quedaron 18— pero incluye la extensión del período de prueba hasta los seis meses y abre la puerta a una reducción de las indemnizaciones por despido en plena crisis económica. La actividad cayó un 3,2% interanual en febrero lastrada por