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FOTO: ABC El expresidente de Estados Unidos Donald Trump asistió la semana pasada al funeral de un policía de Nueva York abatido en acto de servicio. Allí, pidió “ley y orden”, uno de los lemas tradicionalmente preferidos por los republicanos. El actual presidente, Joe Biden, ha echado en cara repetidas veces a su antecesor y a los republicanos en general que usen ese lema y al tiempo llamen “patriotas” a los que asaltaron el Capitolio del 6 de enero de 2021. Trump está imputado por 88 delitos en cuatro casos penales diferentes. El pasado jueves, en una vista celebrada en Atlanta, sus abogados defendieron que estaba haciendo uso de su libertad de expresión cuando trató de alterar el resultado de las presidenciales de 2020 en el Estado de Georgia. El juez ha rechazado este viernes su petición. “Incluso el discurso político básico que aborda asuntos de interés público no es impenetrable si supuestamente se utiliza para promover actividades delictivas”, ha escrito el juez Scott McAfee en su resolución de 14 páginas, en la que no cierra la puerta a que el jurado vuelva sobre la cuestión en el juicio. “Las alegaciones de que el discurso o la conducta de los demandados se llevaron a cabo con intención delictiva son algo que solo un jurado puede resolver”, apunta. “La defensa no ha presentado, ni el Tribunal es capaz de encontrar, ninguna autoridad que afirme que el discurso y la conducta alegados son discurso político protegido. Aunque los acusados caracterizan el discurso o las acciones relevantes como peticiones al Congreso en relación con la validez de los electores a los que se debe otorgar protección constitucional, en esta etapa el tribunal debe considerar el método y la forma de la empresa criminal tal como se alega en la acusación, añade el escrito en el que el juez rechaza el archivo del caso. En una vista televisada la semana pasada, Steve Sadow, abogado de Trump, defendió que el hecho de que un presidente en ejercicio exprese su preocupación por unas elecciones es “el culmen del discurso político” y que está protegido incluso si lo que se dijo acabó siendo falso. Un fiscal, en cambio, sostuvo que las declaraciones de Trump no están protegidas por la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión, porque eran parte integrante de una actividad delictiva. La vista celebrada ante el juez Scott McAfee en el Tribunal Superior del Condado Fulton era la primera desde que el togado rechazó apartar del caso a la fiscal, Fani Willis, por las acusaciones de que se había beneficiado indebidamente de su relación romántica con Nathan Wade, un fiscal al que contrató para ayudarla en el caso. Willis tuvo que apartar a Wade, pero sigue al frente del caso, aunque los que participaron por parte de la acusación han sido sus ayudantes. “Lo que no tiene permitido es emplear su discurso, su expresión y sus declaraciones como parte de una conspiración criminal para violar la norma RICO de Georgia, hacerse pasar por funcionarios públicos, presentar documentos falsos, hacer afirmaciones falsas ante el Gobierno”, dijo el fiscal Ronald Wakeford, en referencia a la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés). Los fiscales acusan a Trump con esa ley, habitualmente empleada contra organizaciones mafiosas. Los fiscales recordaron como precedente que la jueza Tanya Chutkan, encargada del caso de interferencia electoral que se instruye en Washington, ya rechazó las alegaciones de Trump de que la acusación violaba la libertad de expresión del expresidente. La jueza indicó que “está bien establecido que la Primera Enmienda no protege el discurso que se utiliza como instrumento de un delito”. “El acusado no está siendo procesado simplemente por hacer declaraciones falsas, sino más bien por hacer declaraciones falsas a sabiendas para promover una conspiración criminal y obstruir el proceso electoral”, dictó, concediendo que si los fiscales no pueden probar más allá de toda duda razonable en el juicio que el acusado hizo declaraciones falsas a sabiendas, no será condenado. Trump y otras 18 personas fueron procesadas el año pasado, acusados de participar en un plan para tratar de anular ilegalmente las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, que el republicano en el cargo perdió por un estrecho margen frente a Biden. Todos los imputados están acusados de violar la ley contra el crimen organizado, junto con otros presuntos delitos. Cuatro personas acusadas en el caso se han declarado culpables tras llegar a acuerdos con los fiscales y están dispuestas a declarar en el juicio como testigos de la Fiscalía. Los demás se han declarado inocentes. El juez McCafee desestimó tres de los 13 cargos presentados contra Trump el pasado 13 de marzo. En un auto de nueve páginas, archivó las seis acusaciones contra diferentes acusados referidas al delito de solicitar a un funcionario público violar su juramento. Tres le correspondían a Trump. Una, por la llamada al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, del 2 de enero de 2021 para que encontrase más votos. Otra, por pedir al presidente de la Cámara de Representantes de Georgia que convocase una sesión especial para designar ilegalmente a los electores presidenciales. La tercera, por solicitar también a Raffensperger, ya en septiembre de 2021, que anulara ilegalmente su certificación del resultado de las elecciones. Las demás acusaciones siguen en pie y esas podrían retomarse si los fiscales precisan qué parte del juramento en concreto habrían solicitado los acusados que violasen los cargos públicos. La fiscal Willis ha pedido que el juicio comience en agosto, pero no hay una fecha fijada. (EL PAÍS)