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En un intento por frenar la escalada de violencia, el Gobierno nacional y autoridades paceñas instalaron, la mañana de este lunes, el denominado “encuentro departamental para el desarrollo y progreso de La Paz” en la Casa Grande del Pueblo. La reunión surge en un contexto crítico, con las principales carreteras del departamento paralizadas desde la semana pasada por organizaciones campesinas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lamentó que esta región se haya transformado en “un escenario de conflicto, de bloqueos y de enfrentamiento”. Durante la inauguración del encuentro, Oviedo denunció presuntas presiones en centros mineros. Según la autoridad, recibió informes de que en Colquiri se intenta movilizar a la población de manera coercitiva. Relató que, cerca de las 6:30 de este lunes, un dirigente de la zona le informó que “está queriendo sacar a la gente a bloquear”. Al informar sobre el pliego petitorio, el Ministro aseguró que la respuesta fue estrictamente política: “Yo le dije, hermano, ¿y cuál es la petición que están queriendo plantear al Gobierno? ¿Cuáles son los puntos que tendríamos que resolver? (Y respondió) que se caiga el Gobierno”. “Le dije ¿de dónde viene esto? (Respondió que) viene del Trópico (de Cochabamba), están moviendo con plata a la gente. Es decir, no podemos seguir así”, sentenció Oviedo, al referirse al bastión de sectores afines a Evo Morales.  Radicalización de las protestas Aunque las movilizaciones comenzaron exigiendo la abrogación de la Ley 1720 y el abastecimiento de combustible, el discurso de los sectores movilizados ha dado un giro hacia la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ante esto, el Ministro fue tajante: “No podemos permitir (…) que estén queriendo utilizar este tipo de recursos, este tipo de prácticas, para enfrentarnos a los bolivianos (…) en lugar de que estemos trabajando conjuntamente entre nosotros para darle una vocación a nuestra región”. Finalmente, Oviedo informó que en el Distrito 7 de El Alto surgió un movimiento ciudadano que rechaza las medidas de presión. Según la autoridad, los propios residentes se están articulando para liberar las vías. “Me han dicho los (vecinos) del 7: Nosotros no queremos bloquear, nos estamos organizando en comités de vecinos para desbloquear y para enfrentar a los políticos que están queriendo venir a bloquear y movilizar en nuestro distrito”, señaló, destacando que existe una “conciencia ciudadana” que busca el desarrollo del país. (CORREO DEL SUR)

Después de la polémica surgida por su salida del país pese a la Ley de Arraigo, el expresidente de YPFB, Yussef Akly, informó este viernes que se encuentra en Estados Unidos por un tema de acompañamiento familiar, pero que regresará a Bolivia este fin de semana. “No estoy en huida, no estoy en escapada, no estoy en ninguna situación de esa. Soy una persona esté muy seria y profesional y, bueno, siempre he estado asistiendo en cualquier instancia que se me convoquen”, afirmó en contacto con La Tarde en Directo de la Red ERBOL. Explicó que viajó a Estados Unidos para atender una situación familiar, pero aseguró que ha cumplido los pasos respectivos a su programación de vuelo. Detalló que está acompañando a su suegra en un tema médico. “Estoy regresando en un par de días al país, dentro de lo que tenía programado. No me he salido del país de manera irregular”, recalcó Akly. Horas antes el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado donde calificó de irregular la salida de Akly, debido a que vulnera la Ley de Arraigo de exautoriades. En ese sentido, instruyó una investigación para determinar responsabilidades. En su descargo, Akly explicó que el objetivo de la Ley de Arraigo consiste en que exfuncionarios respondan a cualquier requerimiento de información y presentación de informes. Dijo que, en su caso, ha sido bastante formal y realizó un seguimiento a las convocatorias que se le realiza. Detalló que existen procesos donde está incluido como testigo, respecto a los contratos de crudo y el tema de la calidad de la gasolina. Aseguró que en ambos casos ha participado. (ERBOL)

El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, informó este viernes que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, habría abandonado el país y, con ello, vulnerado la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria de las Exautoridades del Estado. Por ello, dicha cartera estatal instruyó una investigación inmediata contra los funcionarios de Migración que hubiesen facilitado su salida. “El Ministerio de Gobierno informa a la opinión pública que el expresidente de YPFB Yussef Akly habría abandonado el territorio nacional vulnerando la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales (…). En consecuencia, a través de la Dirección General de Migración, ha instruido una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a todos los funcionarios y servidores públicos que hubieran facilitado la salida irregular del exejecutivo”, se lee en el comunicado. El jueves, la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores, que investigó el origen de la gasolina de mala calidad, emitió un informe preliminar en el que identifica al Decreto Supremo 4718, del 18 de mayo de 2022, y a la negligencia de Akly como los factores que permitieron el ingreso de combustible que no cumplía los parámetros de calidad. Respecto a este último punto, el senador de Libre, Branco Marinkovic, señaló que “ha habido negligencia del expresidente de YPFB y de sus técnicos de no darse cuenta de esto; pero yo asumo que si alguien asume el cargo de presidente de YPFB debe tener un conocimiento básico de las cosas”. Agregó que los técnicos de la estatal petrolera debieron advertir que se importaba combustible con alto contenido de manganeso y goma, y que no se podía mezclar con etanol porque ello agravaría el problema. “Ha habido negligencia de los funcionarios de Yacimientos, lamentablemente, en la parte técnica. Se tomarán las medidas y vamos a sugerir que estas personas no trabajen más en Yacimientos, sabiendo que esto estaba ocurriendo con el combustible”, aseguró. Sobre el DS 4718, este fue aprobado el 18 de mayo de 2022 y, según Marinkovic, el entonces presidente Luis Arce y el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, decidieron “bajar los parámetros de calidad de los combustibles que se importan en el país mediante decreto”. (VISIÓN 360)

El diputado Manolo Rojas formalizó este jueves una denuncia penal en la Fiscalía en contra del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por las dudas existentes sobre una discapacidad laboral del 60% que el sindicalista tramitó y por la cual cobró una indemnización superior a los Bs 141.000. “Yo lo veo muy sano, lo veo muy saludable. Les garantizo que no ha ocurrido ningún milagro porque esta enfermedad, la silicosis crónica que él refiere tener, es incurable. Si lo sometemos a un estudio médico serio e independiente, realizado por el IDIF, les garantizo que eso no va a ocurrir (enfermedad); está totalmente saludable”, afirmó el legislador. Rojas presentó documentos con membretes de una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una valoración de un gabinete médico y un documento firmado por una tercera persona mediante una carta poder para favorecer al dirigente cobista, todo en el marco del trámite de indemnización por invalidez. Argollo fue elegido dirigente de la COB en octubre de 2025 y actualmente encabeza protestas contra el Gobierno en demanda de atención a un pliego petitorio, cuyo punto principal es el incremento salarial, que el Ejecutivo ya desahució. El dirigente negó las aseveraciones del diputado y las atribuyó a una “guerra sucia”. La denuncia penal fue presentada formalmente por la presunta comisión de delitos previsionales. (VISIÓN 360)

El Ministerio de Gobierno y la República Federativa de Brasil inauguraron este miércoles la 13ª Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos, un espacio clave para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, resaltó que la reunión de alto nivel es continuidad de los acuerdos alcanzados a nivel presidencial y técnico entre ambas naciones, y subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la extensa frontera común. “Es la décima tercera comisión de un mecanismo que fue creado en 1977 y cuya importancia se realza cada vez más en todo momento”, destacó el cónsul adjunto de Brasil, Carlos Leopoldo de Oliveira, durante el evento, donde participan delegaciones técnicas de ambos países en el fortalecimiento de la cooperación en seguridad. Por su parte, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, enfatizó la responsabilidad compartida en la región. “Bolivia y Brasil comparten una gran frontera, pero también comparten una gran responsabilidad”, dijo. La 13ª Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos tiene como agenda de trabajo cinco ejes estratégicos: la reducción de la oferta y desarticulación de organizaciones criminales; el control y fiscalización de sustancias químicas; el control de cultivos de coca y desarrollo alternativo; la reducción integral de la demanda; y el lavado de activos y la cooperación jurídica. Justiniano indicó que entre los resultados esperados están el nombramiento de oficiales de enlace, la ejecución de operativos coordinados, el intercambio de información de inteligencia y el fortalecimiento de buenas prácticas. “Tenemos una frontera común y tenemos que tener también una respuesta común contra el crimen organizado”, puntualizó. (ABI)