El investigador Pablo Solón advierte que solo 10% de operadores mineros tienen contratos legales y que la mayoría inicia la explotación ilegal amparados en una simple solicitud que no les otorga ningún derecho, principalmente en el departamento de La Paz.
«Con la simple solicitud de iniciar un trámite ya consideran que tienen los derechos mineros y empiezan a sacar su maquinaria o hacer acuerdos con inversionistas extranjeros o nacionales también para explotar. Y esto está generando un profundo caos”, expresó el experto en RTP Informa
Solón calificó como la «punta del iceberg» el conflicto de La Asunta, La Paz donde hubo toma de un campamento, retención de maquinaria y quema de instalaciones en el río Boopi por comunarios contra supuesta actividad minera ilegal.
Solón aclaró que el mapa minero no es homogéneo. Según sus datos hasta principios de 2025, en el país habría alrededor de 12.540 trámites mineros, desglosados en tres grupos. 10% con contrato real, 30% en Autorizaciones Transitorias Especiales, es decir derechos en proceso de adecuación “desde hace ya más de una década”. Además, de 7.400 nuevas solicitudes.
Ponderó que la Gobernación de La Paz pida a la AJAM un informe sobre quiénes son los actores mineros en cada municipio y el Estado debe transparentar esos datos a la población para conocer quienes tiene contrato real, autorización transitoria o solo trámite.
Aseveró que «este caos» se da al margen de la norma ambiental y de los derechos territoriales. “Muchas de ellas no cumplen con los trámites de una licencia ambiental, no tienen un plan de mitigación y de remediación de daños, no han realizado una consulta previa, libre e informada, o si lo han hecho ha sido de manera muy formal, sin cumplir con los estándares internacionales. Entonces esta situación es muy grave”.
Solón acotó que algunos municipios paceños tienen casi el 80% de su territorio ya solicitado. Dijo que el mismo patrón aparece en Palos Blancos y Alto Beni, La Asunta, aunque sostuvo que pueden declararse libres de actividad minera en ciertas áreas o en todo su municipio para no afectar otras actividades productivas sostenibles, como ser la producción de cacao o de café o la producción agroecológica.
Solón adviertió que el peor error sería una ley escrita solo por actores mineros ya que el resultado sería una norma permisiva contra el medio ambiente, la naturaleza y los pueblos afectados por el mercurio. Dice que la legislación actual es un “laberinto” con atajos para operar sin cumplir toda la norma.
Aseveró que la AJAM no tiene capacidad de control y depende de otras entidades, por lo que urge su autonomía con mando real y multidisciplinaria para que nadie enfrente de manera integral a la minería ilegal.
Insistió en una reforma total de la ley minera porque si no se adoptan medidas, “la situación va a continuar y se va a agravar cada vez más”.
MRCM-RTP