El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) ha presentado una querella penal contra el servidor público José Luis Magne. Esta acción se debe al uso indebido de influencias, ya que el funcionario admitió haber cobrado una patente a los organizadores del evento “Saracho Fest” sin cumplir con los requisitos que establece la normativa municipal.
El Secretario Municipal de Asuntos Jurídicos, Marco Antonio Ayllón, explicó que la normativa que regula las fiestas en las unidades educativas es la Ley Municipal 006, promulgada el 9 de mayo de 2014, conocida como “Ley de regulación horaria para fiestas que involucren la participación de niñas, niños y adolescentes”, así como la Ordenanza Municipal 32/2011.
El artículo 6 de la Ley Municipal 006 establece que las actividades festivas dentro de la infraestructura educativa de dominio municipal y de convenio solo están permitidas para tres tipos de eventos: aniversario, día del estudiante y acto de promoción.
Requisitos para autorización
Según el artículo 15 de la Ordenanza Municipal 32/2011, para llevar a cabo estas actividades en infraestructuras educativas, se debe seguir un procedimiento específico.
Este procedimiento indica que el GAMO debe recibir la solicitud de autorización con el visto bueno de la Dirección Distrital al menos 5 días antes del evento. Además, debe responder en un plazo de 24 horas por parte de la autoridad competente sobre la utilización de los espacios para actividades de aniversario, promoción y día del estudiante.
Incumplimiento de procedimiento
No obstante, Ayllón informó que el servidor público no cumplió con el procedimiento establecido en la normativa municipal. El trámite fue ingresado el 18 de septiembre y se presentó una nota al Colegio Saracho, junto con una fotocopia del carnet del responsable, una declaración voluntaria ante la autoridad competente y la solicitud de trámite.
A pesar de esto, el servidor público emitió un comprobante de caja sin seguir el procedimiento requerido por la normativa.
Asimismo, por instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), se ha decidido iniciar un proceso administrativo sancionador contra el servidor público por incumplimiento de las normativas municipales que rigen a todos los servidores públicos.
“El funcionario continúa cumpliendo con sus funciones. Una vez que se inicie el proceso administrativo, se determinará lo que corresponda en derecho, para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales ni garantías constitucionales que serán consideradas en el sumario”, concluyó Ayllón.
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