4 de enero de 2026

El 3 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de sus redes sociales que Estados Unidos había lanzado un ataque militar a gran escala contra Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Esta acción ha colocado la controversia sobre la legalidad de la “intervención militar en los asuntos internos de otro país” en el centro de la opinión pública internacional. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró el 3 de enero que China está profundamente conmocionada por el flagrante uso de la fuerza por parte de EE. UU. contra un Estado soberano y las acciones tomadas contra su presidente, y las condena enérgicamente. Tales actos hegemónicos de EE. UU. violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y la región del Caribe. Ante la falta de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y dado que el país objetivo no representa una “amenaza inmediata”, ¿qué base legal sustenta la acción militar unilateral de EE. UU.? ¿Implica esto un resurgimiento violento de la Doctrina Monroe en el siglo XXI? Lo más alarmante: ¿podría este precedente erosionar los cimientos mismos del orden internacional de la posguerra, abriendo potencialmente la caja de Pandora para que las potencias hegemónicas interfieran arbitrariamente en los asuntos internos de otras naciones? La “legitimidad” de la operación estadounidense descansa enteramente en una lógica de construcción propia. Según el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, los Estados soberanos no deben “amenazar o hacer uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, a menos que sea en “defensa propia” o con la autorización del Consejo de Seguridad. Sin embargo, Venezuela ni lanzó ataques armados contra EE. UU. ni se ha demostrado que posea “armas de destrucción masiva” o represente “amenazas terroristas”, motivos comunes para tal autorización. EE. UU. simplemente invocó “operaciones antidrogas”, pero no presentó pruebas concretas de la participación directa del gobierno de Maduro en redes internacionales de narcotráfico. Una encuesta de CBS News realizada del 19 al 21 de noviembre reveló que solo el 13% de los encuestados consideraba a Venezuela una amenaza importante para la seguridad de los Estados Unidos. Otro 48% la consideraba una amenaza secundaria, mientras que el 39% consideraba que no era una amenaza en absoluto. Cabe destacar que el 70% de los encuestados expresó su oposición a una acción militar estadounidense. A los ojos de muchos observadores internacionales, la acción de EE. UU. en esta ocasión es una variante de la “Doctrina Monroe” del siglo XIX en el siglo XXI. La “Doctrina Monroe” surgió a principios del siglo XIX, declarando inicialmente que “América es para los americanos”, pero en realidad, consideraba a América Latina como el “patio trasero” de EE. UU., prohibiendo la interferencia de las potencias europeas mientras proporcionaba un pretexto para que EE. UU. interviniera en los asuntos internos latinoamericanos. Sin embargo, a medida que avanzó la historia, este principio evolucionó gradualmente hasta convertirse en una herramienta para que Estados Unidos dominara el hemisferio occidental e interfiriera arbitrariamente en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Las estadísticas muestran que, desde el golpe respaldado por la CIA en Guatemala en 1954, que derrocó al presidente electo Jacobo Árbenz, hasta la invasión militar de Panamá en 1989 que capturó al entonces presidente Manuel Noriega, EE. UU. llevó a cabo un total de 13 operaciones de intervención en América Latina durante la Guerra Fría. En diciembre de 2025, la administración Trump dio a conocer el Informe de la Estrategia de Seguridad Nacional, que por primera vez introdujo el “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe, estableciéndolo como el marco para la nueva era de la política de “Estados Unidos Primero” (America First). El informe definió al hemisferio occidental como la “primera línea de la seguridad fronteriza, las cadenas de suministro críticas y la competencia geopolítica de EE. UU.”, enfatizando la necesidad de evitar que “adversarios externos” desplieguen fuerzas militares o controlen activos estratégicos en América Latina mediante despliegues militares, intervenciones económicas y presión política. Sin duda, esta operación militar se convirtió en un campo de pruebas para la ideología del Corolario Trump. La renovada intervención militar de Estados Unidos contra una nación soberana latinoamericana refleja la lógica de la histórica Doctrina Monroe. Este movimiento ha desdibujado inequívocamente la línea roja entre la soberanía estatal y la interferencia externa en el derecho internacional. Envía una señal peligrosa al mundo: la soberanía de una nación ya no es absoluta. Si sus asuntos internos no cumplen con los estándares de una potencia externa importante, esa potencia puede intervenir militarmente o incluso derrocar a su gobierno. Esta flagrante provocación contra todos los Estados soberanos socavará severamente la estabilidad y la seguridad global. Aún más alarmante es que este movimiento descarado de los Estados Unidos sienta un precedente extremadamente peligroso. Si una potencia global puede imponer arbitrariamente “cambios de régimen” en otras naciones a través de su propia fuerza, ignorando los marcos legales internacionales y la autoridad de la ONU, todo el orden internacional de la posguerra corre el riesgo de colapsar. Tales acciones alentarían a otras grandes potencias a seguir su ejemplo, juzgando e interfiriendo en otros países según sus propios estándares, sumergiendo al mundo en una ley de la selva de la supervivencia del más apto. Las naciones débiles nunca encontrarán la paz, ya que pueden convertirse en víctimas de la competencia entre grandes potencias en cualquier momento. Si esto continúa, el sistema internacional basado en la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos se convertirá en una mera formalidad, empujando al mundo de nuevo al borde del caos y la guerra. Si la comunidad internacional permite que Estados Unidos pisotee el derecho internacional, el costo final será la paz y el futuro de toda la humanidad. La Venezuela de hoy podría convertirse en cualquier país el día de mañana. CGTN

Estados Unidos insistió que no mantiene una guerra contra Venezuela, aunque en los hechos ejecutó la operación militar más audaz de su historia reciente en el hemisferio occidental, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos están bajo custodia federal en Nueva York. En una entrevista concedida a la cadena NBC, el secretario de Estado Marco Rubio fue categórico: “No hay una guerra. Estamos en guerra contra las organizaciones de narcotráfico, no contra Venezuela”. Rubio sostuvo que Washington aplica las leyes estadounidenses en materia de sanciones petroleras y narcotráfico, lo que incluye la incautación de buques con cargamentos ilícitos y la interdicción de embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales transnacionales. En ese marco, volvió a señalar que Maduro es, para la justicia estadounidense, el líder del llamado Cartel de los Soles y que enfrenta cargos ante tribunales federales en Nueva York. “Hicimos un gran progreso en ese aspecto”, aseguró. Hace apenas un mes, la postura de Washington era menos matizada. El 13 de noviembre de 2025, anunció el inicio de la Operación Lanza del Sur, una nueva fase de su ofensiva antidrogas tras la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo. “El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos”, afirmó entonces el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien definió la misión como un esfuerzo para “eliminar a los narcoterroristas” y frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. En ese contexto, Rubio calificó a Venezuela como “un régimen ilegítimo, básicamente una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder”, aunque aclaró que se trataba de una operación antidrogas y no de una guerra convencional. El propio presidente Donald Trump fue ambiguo en entrevistas televisivas: dijo no querer una guerra con Caracas, pero dejó entrever que los días de Maduro en el poder “estaban contados”. Maduro enfrenta una acusación sustitutiva ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. El caso está bajo supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya conocía la causa abierta en 2020. La investigación de la DEA lo señala como presunto líder del Cartel de los Soles, integrado por altos mandos militares venezolanos. En el pasado, el FBI ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura y de 25 millones por Diosdado Cabello, quien está libre. Reapareció en videos llamando a la “resistencia”. (EL DEBER)

El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ha comparecido este domingo en rueda de prensa y ha subrayado que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro la pasada madrugada en una incursión estadounidense. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar”, ha afirmado Padrino en una comparecencia ante la población. “Así que la patria continúa”, ha remachado. En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que ha avalado la declaración del estado de conmoción exterior y designa a Delcy Rodríguez como encargada de las funciones de la Jefatura del Estado. “La decisión de la Sala Constitucional (…) designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, recuerda Padrino. “Respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito”, ha remachado. Padrino ha subrayado que “el Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país” y las Fuerzas Armadas “continuarán empleando todas sus capacidades disponibles para la seguridad, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”. Así, Padrino ha emplazado a la población a “no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo” por parte de Estados Unidos y “retomar las actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días”. “La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, ha subrayado. El máximo responsable del Ministerio de Defensa ha puesto en valor que está previsto para este lunes, 5 de enero, la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional. “Desde aquí ya aplaudimos ese acto”, ha afirmado antes de elogiar este órgano legislativo como “centro democrático del debate político por excelencia, por antonomasia”. (EUROPA PRESS)

 El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este domingo que «muchos países» de América Latina «están volviendo al eje estadounidense», después de que ayer Estados Unidos atacara distintos puntos estratégicos de Venezuela y capturara en Caracas al presidente Nicolás Maduro. «Debo decir que en América Latina en general, estamos presenciando una transformación, y muchos países están volviendo al eje estadounidense y, como era de esperar, también a la relación con el Estado de Israel», expresó Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina. Asimismo, volvió a felicitar por la operación al presidente Donald Trump, encargado de ordenar los ataques y la captura de Maduro. Este último ya se encuentra en un centro de detención de Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense a partir de mañana. «Quiero expresar el apoyo de todo el gobierno (israelí) a la firme decisión y acción de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia también en esta región del mundo (…) Felicitamos al presidente Trump por su decisión y también aplaudimos a las fuerzas militares estadounidenses que llevaron a cabo una operación impecable», concluyó Netanyahu. Las palabras del primer ministro israelí van en la misma línea de los elogios que ayer mismo tanto él como el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, le trasladaron públicamente a Trump. Acusa a Maduro de liderar «red de narcotráfico y terrorismo» Al igual que había venido sosteniendo Trump en estos últimos meses cuando comenzó a atacar lanchas en el Caribe, Saar acusó ayer a Maduro de haber estado liderando «una red de narcotráfico y terrorismo» y deseó que, «con el retorno de la democracia al país», Israel y Venezuela puedan restablecer «relaciones amistosas». El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país suramericano, después de que ayer Trump apuntara a que sería ella quien tomaría las riendas de manera temporal. Desde que el difunto presidente venezolano Hugo Chávez rompiera relaciones diplomáticas con Israel en 2009, en el marco de la ‘Operación Plomo Fundido’ en Gaza (2008-2009), Venezuela se convirtió en uno de los países con críticas más severas con las políticas israelíes hacia los palestinos y en materia exterior dentro de la región de Oriente Medio. Mientras que la líder opositora venezolana María Corina Machado, que aguarda con incertidumbre el devenir político de su país y los planes de Trump para el mismo, se ha pronunciado repetidamente a favor de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, mencionando incluso su intención de establecer una embajada en Jerusalén si alcanzara el poder. (EFE)

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela aprobada por la ONU expresa una «profunda preocupación» por la situación de los derechos humanos en el país tras el ataque de los Estados Unidos de este sábado y la captura de Nicolás Maduro. En un comunicado, la misión alerta del «riesgo» de «nuevas y graves violaciones de derechos humanos» los próximos días y semanas, en un contexto de «elevada volatilidad». Añade que sigue de cerca la rápida evolución de la situación en Venezuela y el impacto en los derechos, la seguridad y la protección de la población. Y exhorta a las autoridades venezolanas y estadounidenses, así como a la comunidad internacional, a «garantizar el pleno respeto del Derecho internacional», al recordar que los derechos del pueblo venezolano han sido «vulnerados de manera sistemática durante demasiado tiempo». Por todo ello, los derechos humanos deben, sin excepción, ocupar «el primer lugar», apostilla. En este sentido, subraya la necesidad de «garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos (en Venezuela) por su gobierno». Según la nota, «estas violaciones, ampliamente documentadas por la Misión de Determinación de los Hechos, incluyen ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida». También «detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas —en su mayoría de corta duración—; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como violencia sexual y de género». Por eso, la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, Marta Valiñas, insta a mantener el foco en «las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana». La intervención de EE.UU. «no se justifica» Por su parte, Alex Neve, experto de la misión, considera que el prolongado historial de «graves violaciones de derechos humanos» del gobierno de Maduro «no justifica una intervención militar de los Estados Unidos que vulnere el Derecho internacional». Pero de igual modo, la «ilegalidad» del ataque «no disminuye en modo alguno la clara responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido el señor Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad». Y la responsabilidad por estas violaciones no se limita a Maduro, según, María Eloísa Quintero, miembro de la misión: «Otras personas que ejercieron mando o autoridad sobre las fuerzas de seguridad, o que de otro modo contribuyeron a la comisión de estos crímenes, también deben rendir cuentas». El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció en 2019 esta misión, renovada varias veces, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014. (EFE)