27 de octubre de 2025

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, alertó el domingo que el vocero del gobierno electo de Rodrigo Paz intenta instalar la idea de que el país está “en quiebra” con el propósito de justificar las medidas económicas impopulares que planean aplicar una vez que asuman el mando del Estado, el próximo 8 de noviembre. “No es cierto, no estamos en quiebra, no es un Estado en crisis. Es cierto, tenemos problemas con el dólar y con la importación de insumos por la poca disponibilidad de divisas, pero eso se está solucionando con la aprobación de proyectos de ley”, afirmó la autoridad a la estatal Bolivia Tv. Silva subrayó que los problemas coyunturales no deben usarse como excusa para aplicar políticas que afecten a la población y recordó que existen organizaciones sociales que defenderán las políticas económicas vigentes, orientadas a potenciar la producción interna y garantizar la soberanía alimentaria. El viceministro atribuyó las actuales dificultades en el abastecimiento de combustibles y el incremento de precios en la canasta familiar al bloqueo legislativo de créditos internacionales, promovido por la oposición en la Asamblea Legislativa. “Tenemos esa dificultad producto de esta acción política que influye en las tarifas de transporte y se refleja en los precios de los productos”, señaló. Desde mediados de 2023, varios proyectos de ley de financiamiento externo —destinados a infraestructura, energía y desarrollo productivo— permanecen paralizados en el Legislativo, lo que ha limitado el flujo de recursos hacia el Tesoro General del Estado y frenado inversiones públicas. Silva sostuvo que la especulación y el desabastecimiento son alentados por actores políticos y económicos que buscan generar malestar social. “Algunos sectores venden sus productos al mejor postor, como el caso del ganado, que termina siendo desviado al contrabando o exportado”, afirmó. El gobierno de Rodrigo Paz, que asumirá el mando el 8 de noviembre, ha adelantado un plan de estabilización económica que incluye la liberalización parcial de precios, cierre de empresas estatales, la reducción del gasto público, la revisión de los subsidios a los carburantes y la búsqueda de acuerdos con organismos financieros internacionales para enfrentar el déficit fiscal y la falta de divisas. El Ejecutivo saliente, en cambio, defiende que el país mantiene estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido y baja inflación, y acusa a la oposición de “fabricar una narrativa de crisis” para justificar ajustes que —según advierte— afectarían a los sectores populares. ABI