La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, informó que el Gobierno nacional deberá asumir el pago del bono de vacunación correspondiente a la gestión 2026 y anunció que se gestionará una ley corta complementaria a la Ley 1771 para garantizar el cumplimiento de esta obligación.
La decisión fue abordada durante una reunión con la ministra de Salud y representantes de los trabajadores del sector salud de Santa Cruz, en la que se acordó impulsar una normativa que establezca de manera expresa la responsabilidad del nivel central del Estado en el desembolso de este beneficio.
Aguirre explicó que la nueva disposición deberá precisar que el pago corresponde al Gobierno nacional, independientemente de la fuente de financiamiento o del origen de los ítems del personal beneficiario.
“Corresponde a los diputados y senadores que aprueben esta ley corta que refleje que todo el pago del bono de vacunación, independientemente del origen del ítem, sea TGN, ministerial, GAD, prefectural, lo tiene que pagar el Gobierno nacional”, manifestó.
Bono de vacunación 2026: el Gobierno nacional deberá cubrir el pago de julio
Uno de los puntos centrales del acuerdo es que la responsabilidad del Gobierno nacional también comprenda el bono correspondiente a la gestión 2026, cuyo pago debía hacerse efectivo en julio.
La vicegobernadora remarcó que este desembolso debe ser asumido íntegramente por el nivel central y no trasladado a las gobernaciones.
“Y que el pago del bono de vacunación de la gestión 2026 correspondiente al mes de julio, es decir, que debía efectivizarse el mes de julio, también lo paga el Gobierno nacional”, precisó.
En ese contexto, Aguirre señaló que se realizarán gestiones urgentes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para conseguir la aprobación de la normativa complementaria.
“Se ha establecido con claridad con la ministra de Salud que el Gobierno nacional debe asumir el pago del bono de vacunación 2026. Se harán las gestiones correspondientes de manera urgente y prioritaria ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación de esta ley corta”, afirmó.
La ley corta deberá aprobarse hasta el 30 de diciembre
De acuerdo con la autoridad departamental, se estableció como plazo máximo el 30 de diciembre para concretar la aprobación de la ley corta y viabilizar el desembolso del beneficio en las cuentas de los trabajadores del sector salud.
La normativa busca despejar las responsabilidades financieras entre los distintos niveles de administración pública y evitar que el pago del bono quede sujeto a interpretaciones sobre el origen de los ítems del personal sanitario.
Aguirre sostuvo que la vacunación constituye una política sanitaria nacional y que, por tanto, el bono está relacionado con competencias que corresponden al Gobierno central.
Gobernación asegura que cumplió con la Ley 1771 hasta 2025
La vicegobernadora también recordó que la Ley 1771 estableció que los gobiernos autónomos departamentales debían asumir el pago del bono de vacunación hasta la gestión 2025.
En ese sentido, aseguró que la Gobernación de Santa Cruz cumplió con esa responsabilidad durante el periodo establecido y que presentó documentación de respaldo sobre los pagos efectuados, como constancia durante la reunión con las autoridades nacionales y los representantes del sector salud.
La posición de la Vicegobernación es que las gobernaciones no deben asumir obligaciones financieras que corresponden al nivel central del Estado, especialmente cuando se trata de una política sanitaria de alcance nacional.
Aguirre pide evitar nuevas medidas de presión en el sector salud
Finalmente, la vicegobernadora exhortó a los dirigentes sindicales y trabajadores del sector salud a evitar nuevas medidas de presión que puedan perjudicar la atención médica a la población.
La autoridad argumentó que existe un compromiso institucional del Gobierno nacional para asumir el pago del bono de vacunación 2026, aunque su cumplimiento dependerá de la aprobación de la ley corta complementaria en la Asamblea Legislativa.
De esta manera, el conflicto por el bono de vacunación entra en una etapa de gestiones legislativas, con el 30 de diciembre como fecha límite planteada para aprobar la normativa que permita garantizar el pago a los trabajadores del sistema de salud.
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