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Ministerio de Justicia presenta anteproyecto de ley para que se cumpla el pago de la asistencia familiar

La jornada de este lunes, el Ministerio de Justicia presentó un anteproyecto de ley para para su evaluación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la normativa va destinada al cumplimiento de pago de asistencia familiar, según detallo Nadia Cruz, la viceministra de Igualdad de Oportunidades.

“Se van a generar, ya no solamente la cárcel, que hemos visto que no necesariamente funciona; sino una serie de restricciones previas para que este pago se pueda cumplir de forma oportuna en tiempo en que los beneficiarios y beneficiaras lo necesitan”, declaró Cruz.

Según explica la autoridad, lo que busca esta propuesta es la ejecución de medidas más estrictas para que el pago de esta obligación, entre las 11 restricciones planteadas están: la suspensión de trámites para compra y venta de bienes inmuebles, que la ‘no deuda’ sea requisito para contratos con el Estado, que los deudores sean imposibilitados de ejercer cargos públicos, congelamiento de cuentas bancarias, las entidades bancarias podrán evaluar la otorgación de créditos si la persona tiene deudas de asistencia familiar, las personas registradas como deudoras no podrán salir del país; además, no podrán contraer matrimonio nuevamente.

“Este proyecto de ley tiene como objetivo la creación del Registro Nacional de Asistencia Familiar; en este caso se va a contener información de todas y todos los obligados por una resolución judicial al pago de la asistencia familiar; y se va a lograr hacer la identificación de deudoras y deudores”, aseveró la autoridad.

Según datos brindados por Régimen Penitenciario y que detallan en una nota institucional del Ministerio de Justicia, “hasta diciembre del 2022 se tenía identificado un total de 860 personas que se encontraban recluidas en centros penitenciarios a nivel nacional por deudas de asistencia familiar; de los cuales 848 (98%) correspondía a varones y 12 (2%) a mujeres”.

Para la viceministra, estos datos han “conllevado a hacer un análisis de cuán efectiva es una resolución judicial que determine una asistencia familiar y en ese marco se ha decidido establecer un proceso de ejecución de fallo que ya no esté en las espaldas de las víctimas, que esté, de alguna forma, asegurado por el Estado”.

Por: Alejandra Sánchez Bustamante, con datos del Noticiero Popular y el Ministerio de Justicia.

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