El especialista en movilidad urbana Freddy Koch expresó su rechazo ante cualquier proyecto de ley que busque regularizar los vehículos indocumentados en Bolivia. Advirtió sobre las graves implicancias técnicas, económicas y sociales de esta medida.
“Estos vehículos han sido descartados en sus países de origen por dos motivos: no cumplen reglas técnicas de seguridad o sus niveles de contaminación son excesivos”, expresó el experto en una entrevista con RTP Informa.
Según Koch, el costo aproximado para legalizar un vehículo indocumentado rondaría los 2.000 dólares (19.560 bolivianos al tipo de cambio). Sin embargo, advirtió que esta cifra no sería un incentivo suficiente para que muchos propietarios regularicen sus vehículos.
“Yo no estoy seguro si esta gente del campo tiene los 2.000 dólares que costaría legalizar ese vehículo. Van a preferir quedarse nomás en la clandestinidad”, sostuvo. El especialista explicó que actualmente los vehículos indocumentados siguen cargando combustible sin mayores restricciones, lo que reduce la posibilidad de que sus dueños decidan pagar y regularizar.
Koch identificó varios riesgos importantes si se avanza con la regularización como el aumento de la contaminación, congestión, riesgo vial, competencia desleal con los importadores formales de vehículos y el transporte que opera legalmente. Además de un bajo beneficio fiscal real. “llegarán a pagar Bs 100 al año. Se debería indexar el tributo al grado de contaminación”.
Criticó que cada vez que se anuncia una posible regularización, el precio de los vehículos indocumentados sube entre 5.000 y 7.000 dólares, Dijo que incluso vehículos que aún están fuera del país podrían ingresar aprovechando la medida.
Freddy Koch considera que la medida realmente efectiva sería implementar un control estricto en la carga de combustible. Solo los vehículos legalmente registrados deberían poder abastecerse.“Si los controles fueran fuertes en temas de carga de combustible, entonces sí habría un incentivo real para que estos vehículos se nacionalicen. Lastimosamente, hoy no existe”, concluyó.
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, declaró que si se avanza con la nacionalización de autos chutos “esta debería ser la última vez” y que se aplicarán condiciones estrictas: no se nacionalizarán vehículos robados ni vinculados a ilícitos, y los propietarios deberán pagar tributos omitidos y multas.
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La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia rechazó de forma contundente cualquier proyecto de ley para regularizar vehículos indocumentados o autos chutos y advirtió que no aceptará la medida, aunque se apruebe. Los transportistas recordaron que existe una norma que prohíbe nacionalizar vehículos con más de tres años de antigüedad y que las calles del país ya están saturadas.“Ya no hay espacio ni para trabajar ni para estacionar. Además, nos han dicho que saquemos los vehículos antiguos porque contaminan. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar que se regularicen?”.
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Bolivia realizó tres procesos de nacionalización de autos chutos mediante decretos en los gobiernos de Jorge Quiroga (1998) y Carlos Mesa (2004), y con una ley impulsada por Evo Morales en 2011,según un recuento de Bolivia Verifica. Se informa que estos procesos generaron ingresos extraordinarios para el Estado, pero también críticas por fomentar la ilegalidad. Según la Cámara Automotor Boliviana (CAB), el contrabando de vehículos evita una recaudación anual de entre 460 y 500 millones de dólares.
De acuerdo con una publicación de Visión 360, la directora de la Administración Tributaria Municipal de La Paz Noemí Lastra informó en 2024 que un estudio determinó que, para 2023, cerca de 750.000 vehículos indocumentados circulaban en los nueve departamentos del país.
El diputado Reinaldo Seas, de Alianza Libre, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen extraordinario de regularización y nacionalización de vehículos indocumentados y maquinaria agrícola.
La iniciativa ya fue enviada a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. Según Seas, en el país circulan entre 800.000 y 1.200.000 vehículos indocumentados que podrían regularizarse y generar una recaudación superior a los $us 6.000 millones.
El documento dice que solo podrán acogerse a la medida los vehículos sin denuncia de robo —en Bolivia ni en países vecinos— y que hayan ingresado al país hasta el 1 de mayo de 2026. De concretarse, los recursos se distribuirían 50% para carreteras de la Red Vial Fundamental y 50% para los municipios, a través de la UPRE.
MRCM-RTP
