Sectores sociales en la urbe alteña observan que por diez años el Control Social no funcione en ningún nivel del Gobierno, las dificultades se deben a capacitación y reglamentación de la Ley 341.
Así se refirió Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) El Alto a la Ley 341 de Participación y Control Social, a más de 10 años de su vigencia, y las dificultades se deben en los tres niveles de Gobierno nacional, departamental y municipal.
El dirigente reconoció que aún falta información efectiva para causar incidencia política y económica sobre las autoridades para mejorar la gestión pública y la transparencia según el análisis sobre la aplicación efectiva de la ley promulgada el 5 de febrero de 2013 por el expresidente Evo Morales.
La dirigencia nacional de Control Social identifica la falta de una reglamentación en favor de la Ley 341, anunció que el próximo 6 y 7 de septiembre se realizará un encuentro nacional en la ciudad de El Alto para presentar un diagnóstico y trabajar en un marco normativo de reglamentación.
POR YENNY TICONA
