Al promediar el mediodía de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle la ley del debate público obligatorio: esta normativa, que modifica la Ley 026 del Régimen Electoral, obliga a candidatos a la presidencia y vicepresidencia a debatir con otros candidatos de cara al pueblo.
Entre las sanciones por evadir esta ley nacional estarían las económicas: el candidato deberá pagar el costo del debate que fue transmitido a nivel nacional, además de que se levantaría toda la publicidad que genera ese postulante en medios de comunicación. Para el diputado del MAS Sandro Ramírez este es un paso que fortalece la democracia en el país.
Para la diputada de Comunidad Ciudadana Lissa Claros, este debate público también regirá para candidatos subnacionales. El Senado ya tiene dos leyes que fueron propuestas por el TSE: la ley del TREP y la ley del debate obligatorio, normativas que deben ser sancionadas por tratarse de leyes que se debatieron en la Cámara de Diputados como cámara de origen.
