María Rita, Juana, Nelly, Rocío y Daniela enfrentan el mismo infierno: la desaparición de sus hijas a manos de redes de trata y tráfico de personas. Todas comparten una lucha solitaria. En lugar de recibir apoyo institucional, denuncian extorsión, malos tratos y revictimización. Ellas se han convertido en detectives rastreando pistas, pegando fotos, recorriendo calles. Su amor materno es el motor de búsqueda de justicia.
Cada 23 de abril, María Rita Hurtado compra una torta, prende una velita y publica un video en redes pidiendo ayuda para encontrar a Dayana Algarañaz Hurtado. Es su hija mayor y lleva 10 años buscándola. Ella desapareció cuando tenía 20 años del parqueo de la Universidad Udabol, donde estudiaba.
Desde entonces, Rita se convirtió en detective y fundó un movimiento de madres y familiares de desaparecidos que es un referente como organización civil. La Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp) nació como una necesidad, pues no había nada similar en la ciudad. Actualmente, brindan apoyo legal y emocional a las familias que son víctimas de este flagelo. Su asociación tiene personería jurídica y cuenta con un abogado que apoya a las familias.
En los videos y entrevistas Rita repite siempre: “A mi hija Dayana quiero decirle: te pido perdón por no darme cuenta de que estas redes (de trata) estaban cerca tuyo. Te seguiré buscando hasta el último aliento de vida que tenga. A las personas que la tienen, por favor, se apiaden para poder encontrarla».
La vida de Rita nunca volvió a ser la misma. Recuerda cómo la gente le decía que no se obsesione con eso. pero ella no podía dejar de pensar en su hija día y noche. Por eso, comenzó a organizar su propia investigación y organizaba búsquedas semanales junto con otras madres. Pasó años así. Vivir en ese limbo de mostrar una foto en todas partes se convirtió en su rutina. Perdió su matrimonio y su trabajo.
“Muchas veces me han dicho que ya me calle, que canso con estas noticias pasadas, pero son seres humanos que están detrás de estos afiches, son nuestras hijas que estuvieron en nuestro vientre y fueron parte de nuestras vidas. Creo que hay gente en altos cargos que están metidas en estas redes de trata porque parece que el gobierno y la misma Policía quisiera tapar los casos y minimizar este problema con cifras irreales».
Los casos que registra la Fiscalía son mínimos ante lo que vemos en la realidad, hay números maquillados y nadie sabe la cantidad real de familias que sufren buscando a sus hijas, dice Rita en una reunión con al menos una quincena de madres y padres que vienen por casos de desaparecidas de hace una semana, un mes, un año o mucho más.
Juana camina a buscar a su hija de 12 años del colegio. Al llegar recibe la peor noticia: la niña no asistió a clases y nadie sabe de su paradero. Rebeca está desaparecida. La palabra cae pesada, como una sentencia de muerte.
Juana sienta denuncia ante la Policía en Trinidad, Beni. Aconsejada por otras madres, lleva una foto reciente de su hija, hace fotocopias y comienza a pegarlas por su barrio y en lugares estratégicos. Según la ley, cuando se reporta una menor desaparecida y tras tomarse la declaración debería activarse el protocolo de la “alerta Juliana”, una app que conecta instituciones con sociedad civil para dar celeridad en la búsqueda de menores desaparecidos, víctimas de trata y tráfico.
Pero, eso no pasó. A esta madre la mandaron a su casa a esperar que su hija vuelva, los policías que debían salir a buscarla le dijeron que “normalmente a esa edad se van con algún noviecito y vuelven solas” o “debe estar enojada por alguna pelea, ya se le pasará”. Juana no recibió ayuda. Se volvió víctima de una serie de negligencias, revictimización y extorsión policial.
“Yo iba todos los días a la comisaría a preguntar, lloraba, gritaba, pedía ayuda. Me decían que me calme y me vaya a mi casa. Me dijeron que seguro iban a averiguar si yo le pegaba y por eso se escapó. Un policía me dijo yo tenía que llenar su camioneta de gasolina y darle viáticos. Sino nadie se mueve porque no hay presupuesto”, recuerda. Juana en su desesperación, se prestaba dinero, pero no encontró una pista que le devuelva a su hija.
Juana escuchó historias de jovencitas raptadas y llevadas a Chile o a Paraguay por redes de trata que las obligan a hacer trabajo sexual. En un intento desesperado por evitar que eso le pase a su hija pagó a un policía 3500 bolivianos (entonces equivalente a unos 500 dólares) para la búsqueda. El oficial tenía información de que la niña fue vista en la terminal de buses con un hombre mayor que la llevó a Cochabamba. Pero las cámaras se habían roto hace un tiempo y no consiguieron los videos de seguridad.
“La corrupción dentro de la Policía está a niveles tremendos, ellos esperan dinero para moverse. Es cierto lo que cuentan las compañeras. Y ahora con la escasez de gasolina y diésel, piden dinero diciendo que no tienen cómo moverse, incluso te dicen que no hay vehículos», expresa Letty Tordoya, abogada experta en género y miembro de Mujeres Creando.
Acota que nunca cumplen los plazos ni respetan el protocolo. «El Estado te vende que hay una prioridad para búsqueda de menores, pero no es cierto. Las unidades de trata y tráfico y todas las que investigan delitos de la Ley 348 (sobre violencia a la mujer) no tienen las condiciones ni los recursos. Eso es una negligencia Estatal de designación de fondos”, afirma
Una sargento, que prefirió mantener su identidad en reserva, relata cómo fue la experiencia en esta área. “Yo trabajé ahí más de 15 meses y pedí mi traslado. Es la peor unidad, la que más te deprime porque de verdad no podemos hacer nada, no tenemos cómo activar búsqueda en fronteras, para acceder a las cámaras de cualquier terminal se tardan semanas y hasta eso la víctima ya está en otro lugar. No hay presupuesto, los superiores abusan de la desesperación de los familiares y se hacen pagar. La corrupción no es nueva, está en todas las áreas, pero jugar con estas familias es otro nivel de maldad”.
Nelly Flores viajó a Cochabamba. Ella busca a su hija María Fernanda de 15 años. “Me dijeron que acá traen a las niñas para explotación sexual y mi niña es de cuerpo bonito, creo que por eso se la llevaron, porque ella tiene retraso mental, casi no habla, tiene edad mental de cinco años. Vine a los medios, me hacían esperar en la lluvia, estoy enferma, ya no tengo fuerza para seguir”.
Otra mamá que lleva tres años de búsqueda es Daniela. Ella perdió a su hija de 16 años que fue raptada por una red de trata. En su caso, la Policía identificó que dos personas la llevaron al exterior del país. Los videos fueron encontrados en la terminal de Santa Cruz de la Sierra, pero eran de tan mala calidad que no se pudo identificar a la mujer que, por la fuerza, la hizo subir a un bus con destino desconocido.
“Una de las cosas que más pedimos es que se mejoren los controles y las cámaras en las terminales de buses. Las cámaras son un desastre, y eso obstaculiza la investigación, son áreas transitadas por las redes de trata y no se da prioridad a esto”, se queja Daniela.
Rocío, es otra mamá que lleva dos años buscando a su hija y que es parte de la Asociación de Madres y Familiares de Beni. La rutina de Rocío se enfoca entre Beni y Santa Cruz. Un día va a la reunión de madres en una iglesia para tomar fuerzas. Otros acude a la terminal de buses de Santa Cruz para pedir a distintas empresas de buses las listas de pasajeros y ver si encuentra algún registro de su hija en el último año.
Ella reconoce que incluso tuvo que sobornar a un par de empleados para conseguir este documento. “Esto es algo que la policía debería exigir por ley, pero aquí las mamás nos volvemos detectives por desesperación”.
Acota que en las terminales de pasajeros deberían tener control policial a diario. «Hemos denunciado casos donde los choferes del bus llevan a jóvenes dentro de los maleteros sin que haya un pasaje a su nombre. Eso se logra fácilmente con pagar a los choferes y nadie hace nada. El tema de las bimodales a nivel nacional está muy descuidado y no hay el interés del gobierno para hacer un control real”.
En la terminal de Santa Cruz, cualquier adulto puede comprar hasta cinco boletos a nombre de terceros sin verificación. No se controla a quienes viajan con menores. Durante esta reportería, se constató que dos madres viajaron con hijos y sobrinos sin presentar permisos. Esta práctica se repite en distintas zonas del país.
Otra mamá habla entre sollozos: “Mi hija se llama Jessica Arauz, desapareció el 4 de agosto del 2024. No sé si está viva, si está muerta. Para mí lo más difícil es la espera, esa incertidumbre. Cada día uno siente morirse en vida. La verdad, muchas veces quise suicidarme. Uno quiere llorar, gritar, morirse, y encima no puedo porque mis hijitas me están mirando”.
Según Naciones Unidas, la trata de personas tiene repercusiones psicológicas muy fuertes porque muchas veces las víctimas no se identifican como tales y sienten culpa por haber aceptado las ofertas engañosas. Lo mismo pasa con sus familiares que se sienten responsables por la desaparición de sus hijas e hijos.
Solo en 2023 se denunció la desaparición de 3.409 personas. Según un informe de la embajada de EEUU “el Gobierno no cumplió las normas mínimas en áreas clave. Los funcionarios no informaron sobre la derivación de víctimas a centros de atención, y los servicios especializados continuaron siendo escasos. El gobierno no informó sobre cuántas personas procesó por delitos de trata”, señala parte del documento.
De acuerdo a datos publicados por la Fiscalía General del Estado, en 2024 hubo 197 personas encarceladas por delitos de trata de personas y tráfico de migrantes y entre enero y noviembre de 2023 se abrió 1.169 posibles casos de trata. Sin embargo la información de esta instancia estatal no precisó cuántas personas fueron enjuiciadas, solo se conoce que se sentenció a siete personas, pero no hay más detalles de los casos.
Jessica Echevarría, fiscal de Materia de Delitos en razón de género en Santa Cruz dice que los fiscales están accediendo a cursos para capacitarse, pero “siempre hace falta más esfuerzo”, especialmente para entender el calvario que viven estas madres.
“Yo creo en una justicia que debe ir acompañada de la empatía. Nosotros no podemos seguir manejando los casos como si solamente fueran cifras. Detrás de cada historia, de cada denuncia, existe una mamá, existe un sufrimiento y pienso que muchas veces lo que falta es empatía. Todos los funcionarios deben recordar que estás hablando con una mamá que vive la peor pesadilla. Como funcionarios nos falta ponernos en el lugar del otro y brindar esa calidez”, explica.
Paola Tapia, vocera de la Defensoría del Pueblo, reconoce que hay falencias en el cumplimiento de los protocolos y que no se activa la “alerta Juliana” en muchos casos. “La Policía Boliviana debe registrar la desaparición de la o el menor de forma inmediata y comenzar el proceso de búsqueda pues las primeras horas son críticas para encontrarlos”.
Sin embargo, son más frecuentes las denuncias de que los policías piden dinero a las madres para iniciar la búsqueda y en su persistencia son maltratadas por los oficiales.
“Estas falencias muchas veces ocurren porque las Divisiones de Trata de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) no cuenta con recursos suficientes para desplazarse. Hay poco personal y también existe mucho rote de parte de los servidores policiales”, explica la vocera defensorial.
La incertidumbre, el dolor de una hija desaparecida las atraviesa y las une en una misma herida. Pensaron en quitarse la vida o lo intentaron alguna vez. Quizá gritar ese dolor entre ellas es lo único que las sostiene en la lucha y en la vida.
Nathalie Iriarte
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP).