“Estamos en vías de una desinstitucionalización”, remarcó y dijo que se nombraron 46 vocales para todo el país y que el TCP tiene 8.000 causas pendientes.
El ministro de Justicia, Iván Lima, reapareció este viernes para fijar postura sobre la prórroga de los 23 magistrados, además de los tres consejeros del Órgano Judicial. Responsabilizó a la Asamblea Legislativa por las demoras en la selección de candidatos para las elecciones judiciales.
“Nuestra posición es que se hagan elecciones judiciales lo más pronto posibe”, aseguró Lima en una rueda de prensa y destacó el proyecto de ley que presentó el jefe de bancada del MAS-‘arcista’, Jerjes Mercado. Aseguró que se trata de una nomativa que debe respetar la Constitución.
Rechazó las protestas que se instalaron en Sucre, donde se pide la renuncia de los magistrados que se prorrogaron en su cargos. Señaló que esas acciones fueron promovidas por “intereses personales”.
“Estamos en vías de una desinstitucionalización”, remarcó y dijo que se nombraron 46 vocales para todo el país y que el TCP tiene 8.000 causas pendientes.
“La elección judicial en Bolivia es un mandato de la Constitución Política del Estado. Podemos estar de acuerdo o no, pero la Constitución nos señala que la única manera en la que puedan ser sustituidos los 26 magistrados y consejeros es con la preselección por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa y el voto del pueblo boliviano. Este es el principio. Y como Gobierno lo hemos sostenido permanentemente”, resaltó el ministro en conferencia de prensa.
Aseguró también: “No vamos a emitir un decreto y no puede haber leyes cortas. La Constitución se la respeta y el Gobierno ha jurado respetarla en todo momento.
Cronología del fracaso en las elecciones judiciales
Recordó que el mes de marzo “se inicio un camino tortuoso que marca un problema de fondo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea no quiere respetar la Constitución. Y a través de sus comisiones mixtas de constitución, de justicia plural, permanentemente ha estado emitiendo reglamentos y determinaciones que son contrarias a la Constitución”
Acusó que el primer reglamento que salió para la preselección y elección de magisgtrados tenía una característica: que vulneraba la libertad de expresión y el derecho a ser elegido de las diferentes autoridades que actualmente conforman la justicia boliviana en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de la Magistratura y el Agroambiental.
“Una de las causales para excluir a los candidatos era que los aspirantes a estas altas investiduras hubieran emitido una opinión política, que hubieran hablado con los medios de comunicación y emitido un criterio político. Eso es claramente inconstitucional. Todos los bolivianos tenemos derecho de hablar con los medios de comunicación, de expresar, de comunicar, de reflejar nuestras ideas. No es causal para excluir a uno de los abogados que tiene el país el haber hablado con la prensa. Eso no es admisible”, espetó.
La otra observación en el recuento de Lima es que se expulsó del ordenamiento jurídico que se prohiba la posibilidad de un magistrado que está en un tribunal, de ir a otro tribunal.
Esos dos elementos (la vulneración a la libertad de expresión y el prohibir a un magistrado el postularse a otro tribunal) suspendieron la elección judicial, desde una sala constitucional en el Beni. Con ese argumento el ministro de Justicia remarcó que no fue el Gobierno nacional el que definió tal suspensión.
Siguiendo en su cronología, explicó que en abril de 2023 un diputado, Leonardo Ayala, presentó contra el segundo reglamento una acción de institucionalidad abstracta “demandando algo que también señala la Constitución y que se insiste en desconocer de parte de algunos diputados y senadores. Todo el proceso de preselección de magistrados y consejeros debe realizarse por dos tercios de votos. Y la Asamblea Legislativa ha insistido en aprobar un reglamento de preselección sin respetar los dos tercios de votos”.
Lima acusó al Legislativo: “Si ellos, al principio, en marzo, respetaban la libertad de expresión, si luego respetaban los dos tercios no estaríamos en este problema. Son ellos los que insisten en aprobar un reglamento sin dos tercios de votos de aprobación y por eso se emitió una sentencia constitucional que dejó sin efecto ese segundo reglamento”.
Luego protestó contra “el famoso proyecto de ley 144”, de agosto del 2023, que surgió después de la sentencia del Tribunal Constitucional que dispuso que la preselección sea por dos tercios. “Nuevamente vuelven a incurrir en una serie de inconstitucionalidades manifiestas. En agosto del 2023 los vocales del Tribunal Electoral ya le decían a la Asamblea Legislativa que faltaba muy poco tiempo para llegar al 31 de diciembre y entonces cortan plazos y eliminan condiciones, incluso deciden que ya no va a haber examen ni entrevistas y empiezan a plantearle al país, inclusive, posibilidades tan curiosas como sortear a los que van a ser magistrados o consejeros. Entran en una situación que no puede permitir un Estado de derecho”, sentenció.
Explicó que ese proyecto de ley 144, el diputado Juan José Jáuregui, de la Comisión de Constitución, lo remitió a consulta al Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía, Ministerio de Gobierno y al Órgano Judicial. ¿Por qué? “Porque estaban planteando nuestros asambleístas que se cierren los tribunales de justicia, por lo tanto, que no haya justicia para el pueblo boliviano que tendría que esperar el tiempo de este debate de los políticos. Eso es inadmisible”.
De esa forma, Lima identificó cuatro momentos en que el Legislativo no quiso, según él, ir conforme a la Constitución y que “no es que exista un sabotaje a las elecciones judiciales o se quiera impedir el trabajo de la Asamblea Legislativa, lo que se quiere es el respeto a la Constitución”.
EL DEBER, con video del Noticiero Popular de RTP.
