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La justicia absuelve a Castellanos por el caso “puente caído”

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La justicia absolvió el miércoles al exalcalde Edwin Castellanos, del MAS, del caso “puente caído”, por el colapso de la plataforma del desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia que demandó una inversión de Bs 11 millones y se desplomó a 10 meses de su inauguración, según fuentes cercanas al caso.

El proceso se desarrollaba en el Tribunal de Sentencia No. 3 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y llegó a juicio después de más de cinco suspensiones.

  La Alcaldía denunció el caso en 2015 a Castellanos, dos funcionarios jerárquicos, la empresa Álvarez y al supervisor de obra por un presunto daño económico de Bs 11 millones, que emitió la Contraloría General del Estado.

Castellanos estaba acusado de la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes.

En tanto, la empresa Álvarez y el supervisor Nelson Vega se acogieron a la justicia restaurativa y reponen la plataforma del puente.

“En este momento, el Gobierno Municipal desconoce los motivos concretos que llevaron a esta absolución. Estos motivos los vamos a conocer cuando nos notifiquen con el texto de la sentencia y es a partir de allí que va a correr el plazo para interponer los recursos de apelación restringida”, indicó el director de Asuntos Judiciales de la Municipalidad, Elías Rocha.

Además, desde esta cartera de gobierno se informa que el proceso judicial del caso no fue iniciado durante la gestión del actual alcalde Manfred Reyes Villa, sino que viene de gestiones pasadas. Pero que, sin embargo, se pretende aducir con la prestación del servicio de la Alcaldía para llegar a un acuerdo de justicia restaurativa en esta causa.

“La sentencia emitida no se puede aplicar todavía porque no está ejecutoriada. Hay un recurso de apelación que se pude interponer y después hasta un recurso de casación”, añadió Rocha.

En el desarrollo de este proceso judicial participa el Gobierno Municipal, la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia en el que se falla en contra de Castellanos y de otros tres acusados, de los cuales dos se acogieron a un programa de justicia restaurativa, para la reparación de los daños causados. Los otros dos involucrados fueron los beneficiados con esta sentencia absolutoria, que todavía no está determinada legalmente.

“Nosotros estimamos que por mandato de la Constitución se tienen que defender los intereses del Estado y se van a presentar su apelación también estas instituciones”, añadió el director de Asuntos Judiciales del Gobierno Municipal indicando que esta sentencia puede cambiar y dejarse sin efecto por una autoridad superior que en este caso será el Tribunal Departamental por medio de sus vocales.

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