Para el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, Maximiliano Dávila es “un número más”. Según sus datos, por año 40 personas son extraditadas, solicitadas por otros países por delitos de narcotráfico. Será la justicia de Estados Unidos la que determine lo que sucederá con Dávila. Del Castillo afirmó que la cooperación con otros países es constante, y Estados Unidos no es la excepción, esto en referencia a los cuestionamientos “evistas” por la extradición de Dávila. “Ya no queremos que Bolivia sea vista como un paraíso para los narcotraficantes, donde se benefician con documentos como en otras gestiones”, dijo en referencia a Sebastián Marset.
Ante la consulta de por qué Dávila no fue investigado por delitos de narcotráfico, el ministro afirmó que “si es que existió alguna investigación o informe, lo eliminaron”. Señaló que solo se conoció el proceso por Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), que existe toda la información para que Dávila sea condenado en Estados Unidos por los delitos que se le acusa.
El proceso por LGI continuará su camino debido que por delitos de corrupción, independientemente del lugar en el que se encuentre la persona procesada; esta será enjuiciada y de ser condenada, deberá cumplir la sentencia en territorio nacional. Según se reportó, Dávila ostentaba propiedades que estaban a nombre de palos blancos en Següencoma. Se habría detectado que el exdirector de la Fuerza Antinarcóticos realizó movimientos bancarios con jueces, registradores de Derechos Reales y fiscales para poder adquirir los bienes inmuebles. “Quisieron argumentar que era una herencia de su padre, hemos demostrado que esto falta totalmente a la verdad; vamos a seguir trabajando para que, luego de que rinda cuentas ante la justicia norteamericana, también lo haga en nuestro país”, señaló del Castillo.
Maximiliano Davila ya se encuentra en Estados Unidos, enfrenta un proceso por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y conspirar para usar y portar ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína y puede enfrentar desde 20 años de cárcel hasta una cadena perpetua.
RAMIRO CHARCAS
PERIODISTA DEL SISTEMA RTP
