El juez Víctor Hugo Claure (foto), la fiscal Mónica Von Borries, el intervento del Banco Fassil, Alberto Colodro y el diputado Edmundo Salazar murieron en el ejercicio de sus funciones públicas. Cuatro nombres que recuerdan que, en Bolivia, enfrentarse a lo ilegal sigue siendo mortal.
Bolivia despertó el 1° de Mayo con la noticia de que un sicario asesinó a Víctor Hugo Claure, magistrado decano del Tribunal Agroambiental, en un barrio residencial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Según Mongabay, el juez recibió cuatro disparos cuando estaba en el interior de un vehículo de servicio público cerca de la medianoche. La Policía Boliviana y la Fiscalía General del Estado investigan el hecho-
El medio señala que las autoridades presumen que el asesinato estaría vinculado a decisiones del magistrado en torno al conflicto de tierras que se extiende en Bolivia. El magistrado fue interceptado cerca de la medianoche del jueves por dos hombres en una motocicleta.
Uno de los atacantes bajó del vehículo y de inmediato le disparó. Luego, el sicario huyó con su cómplice, según quedó registrado en cámaras de seguridad.
“No se puede vivir en un país donde el sicariato le dobló el brazo al Estado”. Es la dura frase que lanzó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien dijo sentir “impotencia y bronca” al denunciar una “ausencia de Estado” en temas de seguridad“. expresa ese medio.
Además, informó que la Policía Boliviana intensificó los operativos en todo el departamento de Santa Cruz para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato. Claure fue elegido como magistrado del Tribunal Agroambiental en las elecciones judiciales de 2024. Por su trayectoria y antigüedad, fue designado como decano de la institución.
Un decano en Bolivia es el segundo al mando después del presidente o presidenta de un tribunal. Sus funciones incluyen la supervisión institucional, monitoreo de juzgados agroambientales y apoyo en la labor jurisdiccional.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, también se refirió a este hecho y pidió evitar especulaciones y esperar los resultados de la investigación. “Tuvimos una conexión directa con el ámbito de seguridad para que me den la información, y de ahí pedí todas las garantías al sistema judicial, pero además todas las garantías en la investigación”, escribió el mandatario en sus redes.
Sobre el tema, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia condenó el asesinato del magistrado Claure y pidió que se efectúe una investigación «pronta y exhaustiva» para identificar a los responsables del crimen. El organismo internacional también expresó sus condolencias a la familia de la víctima.
Carlos Alberto Colodro, interventor del Banco Fassil, apareció muerto el sábado 27 de mayo de 2023.En ese entonces, se dijo que el interventor “cayó” del piso 15 de su oficina en el edificio Ambassador, en la zona de Equipetrol de Santa Cruz.
“El médico forense de turno establece como causas directas del fallecimiento con carácter inicial: shock traumático; segundo, laceración múltiple de órganos internos; y tercero, politraumatismo por precipitación”, había expresado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Por su parte, el abogado de la familia de Colodro, Jorge Valda, manifestaba que existían muchas preguntas en torno a esta tragedia. Había señalado que el interventor era amenazado y se sentía atemorizado.
“Ahora toda la familia está con mucho temor y eso se tiene que investigar. Al presente tenemos múltiples hipótesis no podemos descartar ninguna, pero no podemos asumir una posición simplista de que habría sido un suicidio”.
El Gobierno boliviano concluyó que la muerte del interventor del banco Fassil, Carlos Colodro, fue un «suicidio» y descartó la participación de otras personas en ese suceso, según publicó EFE
«Hemos investigado todas y cada una de las hipótesis» y «todos los elementos periciales técnicos han demostrado que ha sido un suicidio», declaraba el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, la esposa del interventor del Banco Fassil indicó que él murió preocupado por cumplir con los funcionarios de la entidad. “Él era una persona muy responsable, ustedes saben. Cumplió con su trabajo hasta el último momento y ha fallecido en la preocupación de poder honrar a los funcionarios del Banco Fassil”.
Antes del fallecimiento del interventor, se descubrió que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó a más de 50 empresarios y empresas que accedieron a Bs 2.068.261.565 en créditos del exbanco Fassil y que fueron desviados, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, a la cuenta de Santa Cruz Financial Group.
Se identificaron a las siguientes empresas: Ferrotodo, Compañía Industrial Hermanos Vicente SRL, Manzana 40 Plaza Empresarial, Import Export Las Lomas Ltda, Conserso, Empresa Serebo, Mecpetrol, Empresa Saltos, Grupo Macororo, Caramelos Watts, Urbanización Celina, Paper King, Empresa ESE, Sempar SRL y Ms Inversiones.
Caso Diodato
Según el portal web Inmediaciones, el caso de la fiscal Mónica Von Borries, fue el primer atentado contra una autoridad del Ministerio Público en Bolivia. Ella falleció el 27 de febrero de 2004 tras la explosión de su vehículo. Investigaba al empresario italiano Marco Marino Diodato.
Esta historia, según Opinión, inició mediáticamente el 17 de junio de 1999, cuando fue detenido por la Policía. Una semana después fue acusado de espionaje telefónico, funcionamiento de casas de juego de azar clandestinas, tráfico de armas y lavado de dinero.
También se dijo que Diodato hizo campaña electoral a favor de Banzer, lanzándose en paracaídas con un letrero que decía “voten por ADN”, y que tenía amigos en el Gobierno de aquel entonces, se lee en el portal web.
El asesinato ocurrió cuando la fiscal salió de su residencia rumbo a su oficina en el Ministerio Público de Santa Cruz. Subió a su automóvil que se encontraba estacionado frente a su puerta. Pocos segundos después, se produjo la explosión.
El vehículo quedó destrozado y envuelto en llamas. El estruendo de la explosión se escuchó a varias cuadras de distancia.
La agencia EFE publicó en marzo de 2006, un tribunal boliviano declaró inocente al español Javier Villanueva del asesinato de la fiscal Von Borries. Durante el juicio oral, que duró alrededor de dos años, se absolvió a Villanueva y a Freddy Hurtado, ciudadano boliviano acusado de complicidad. Sin embargo, el brasileño Ricardo Borba fue condenado a quince años de prisión por el mismo delito.
Borda cumplió más de la mitad de su sentencia y se acogió al beneficio de libertad por buen comportamiento. Isabel Lea Plaza, juez del caso, señalaba en 2013. “Ha estado condenado por el delito de complicidad en el asesinato, ha sido la única persona que ha sido condenado en ese caso específico y él ha cumplido no la condena pero ha salido con el incidente de libertad condicional”.
Se afirmaba que el grupo estaba liderado por el italiano Marco Marino Diodato y también incluía al brasileño Sandro de Carvalho, prófugos de la justicia.
Marco Marino Diodato fue sentenciado a 12 años de cárcel por el delito de narcotráfico, pero escapó el primero de febrero de 2004 de la clínica Bilbao de Santa Cruz, donde permanecía internado desde 2003. Burló a tres escoltas, que fueron procesados y desde entonces fue declarado prófugo por la justicia.
El periódico El Deber publicó en 2018, que familiares del también paracaidista italiano, acudieron a un Juzgado público de la capital cruceña para pedir la declaratoria de muerte presunta. En ese entonces, el fiscal Freddy Larrea aseguró que no correspondía el pedido ya que esos bienes fueron confiscados en una sentencia.
Caso Huachaca
Caso Huanchaca
Edmundo Salazar Terceros, diputado del FRI, fue asesinado en 1986 mientras investigaba el caso Huanchaca, tras el asesinato del científico crucelo Noel Kempff Mercado en la meseta de Caparuch, en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz.
El legislador de izquierda repartía su labor entre La Paz y la capital oriental y presumía la existencia de una nexo entre una red de narcotráfico vinculada a sectores del poder político, en ese entonces bajo el gobierno de MNR.
Su muerte, a fuego de metralleta truncó una investigación clave y dejó a su esposa, María Elena Oroza, y a sus tres hijos en una situación de vulnerabilidad. Ella dedicó ocho años a buscar justicia, llevando siempre consigo documentos del caso, hasta que en 1994 murió atropellada en circunstancias sospechosas.
La familia quedó marcada por una cadena de fatalidades: los hijos crecieron huérfanos, la madre de Edmundo murió sin ver justicia, y los procesos judiciales se dilataron durante más de dos décadas. Aunque hubo sentencias contra algunos responsables, la impunidad prevaleció.
En Bolivia, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción ha cobrado vidas de quienes se atrevieron a desafiarla. Las familias quedan marcadas por el dolor, la ausencia en una herida abierta.
Con datos de El Deber, EFE, Mongabay, Eju tv, ANF, Correo del Sur, Inmediaciones y RTP
