Héctor Castellón, abogado del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, lamentó que en 11 años de este desfalco se utilizó como bandera política, espera que tras la muerte del que denunció este hecho, el único detenido, procesado y encarcelado con procesos penales en todo el país, se pueda dar con los responsables, procesarlos y que se devuelva los recursos destinados a proyectos productivos.
El Fondo Indígena se habría convertido en la caja de recursos políticos con un total de 1.100 proyectos destinados a la agricultura, el riego, la construcción de puentes, la compra de maquinarias para la cosecha de tierras productivas, la crianza de animales y otros con un daño económico de 1.400 millones de bolivianos un aproximado de 200 millones de dólares en su tiempo y afectando a 4.400 personas a las que tenía que llegar y que hoy por hoy continúan en la pobreza, las comunidades del área rural.
Castellón señaló que el Gobierno deberá impulsar y fiscalizar que la Fiscalía realice un trabajo de investigación en base a lo que Marco Aramayo denunció con una auditoría profunda y viendo que los responsables gozan de una fortuna.
