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La Fiscalía de La Paz informó que este lunes se inicia el juicio oral en el denominado caso gases lacrimógenos y que el Ministerio Público pedirá la pena máxima de 30 años de prisión para los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, por los delitos de tráfico Ilícito de armas e incumplimiento de deberes.
El caso incluye también a la exministra de Comunicación de la gestión de Jeanine Añez, Roxana Lizárraga, al excomandante de la Fuerzas Armadas, Sergio O.C., al excomandante de la Policía, Rodolfo M.T., y otras siete personas.
“Hemos sido notificados por el Tribunal 2° de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, que dispuso la apertura de juicio oral público, continuo y contradictorio por la internación de agentes antidisturbios (gases lacrimógenos y otros) en calidad de préstamo desde la República de Ecuador al país en la gestión 2019. El juicio fue programado para el lunes 6 de mayo a horas 14:00 de manera virtual, donde los fiscales expondrán la acusación formal que se presentó con más de 115 pruebas documentales y 48 testificales, entre otros, y se pedirá la máxima sentencia”, dijo el fiscal de La Paz, William Alave, citado en una nota de prensa de la Fiscalía.
El fiscal anticorrupción, Bladimir Bolívar, informó que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, en el que viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los químicos de ese país, “lo que hace presumir la participación de los acusados en la internación ilícita al país de granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance, durante la crisis social de 2019”.
De acuerdo con la Fiscalía, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría llevado adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, con el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar el préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.
“Según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador”, dice la nota de la Fiscalía.
(VISIÓN 360)
