El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, denunció que «a espaldas de las víctimas» se aprobó en Diputados el proyecto de ley orientado a restituir funciones, antigüedad , salarios a policías y militares procesados por los hechos de 2019. Alertó que esta medida constituye una «vía directa hacia la impunidad»
«El compromiso de la diputada Catherine Pinto era que iba a ser socializado con todas las organizaciones sociales y solo socializaron con militares y policías, eso es grave, no nos han llamado, no nos convocaron«, expresó
lamentó que con esta normativa los parlamentarios ignoran por completo el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Dicho documento internacional exige textualmente al Estado boliviano garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral para los familiares de los fallecidos.
Anunció que solicitará formalmente a la Cámara de Senadores que frene de manera inmediata el tratamiento de este proyecto. Adelantó que acudirán ante la Defensoría del Pueblo para interponer los recursos necesarios y exigir que esta institución del Estado intervenga en defensa de los derechos de las víctimas.
El informe del GIEI estableció que en 2019 se cometieron graves hechos de violencia, masacres y ejecuciones extrajudiciales en el país por parte de las fuerzas del orden.
Diputados
La Cámara de Diputados aprobó el 9 de septiembre en grande y detalle un proyecto de ley cuyo objetivo es restituir a la Policía y las Fuerzas Armadas a los efectivos que fueron sancionados o dados de baja debido al conflicto de 2019.
La norma ahora pasa al Senado para su consideración.
Las sanciones y bajas se dieron durante el último Gobierno del MAS, contra policías y militares por diferentes razones como amotinarse en 2019 y cometer actos de ultraje a símbolos patrios.
La norma aprobada en Diputados plantea que los tribunales policiales y militares revisen los casos y, de encontrar irregularidades como en el debido proceso, determinen absolver a los efectivos.
La restitución, de darse curso, debe respetar los años de antigüedad, escalafón, y otros aspectos, incluso con los sueldos de los afectados.
Los diputados que propusieron la norma argumentan que ayuda a desmontar el relato del presunto «golpe de Estado», que impuso el MAS sobre los hechos de 2019, además de cumplir una deuda histórica con los uniformados que se arriesgaron en esa coyuntura.
En 2019, el motín de policías estalló durante las protestas que denunciaron fraude electoral. Entonces, los altos mandos policial y militar se sumaron al pedido de renuncia Evo Morales.
RTP-ERBOL