Cuando Yashir Salvatierra tenía siete años, su familia ya peleaba por su territorio. “Querían sacarnos del centro castañero. Nos hicieron correr con armas. Tenía siete años”, relata.
Ese episodio, como tantos otros, permanece vivo en la memoria colectiva de las comunidades que conforman la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD)
Tras 24 años de lucha persistente, el 20 de agosto recibieron oficialmente los documentos de titulación colectiva de su territorio, que abarca una superficie de 272.379 hectáreas. Con ello, se consolida la seguridad jurídica sobre sus tierras y se garantiza la continuidad de su forma de vida, basada en la caza, pesca, agricultura y recolección, en armonía con el monte y sus derechos ancestrales. 900 personas son las beneficiadas.
“Hubo un momento en que pensamos que el título no llegaría, pero ahora es una realidad y lo que viene adelante es sobre todo defender el territorio de tantas amenazas que hay. Nuestra organización ha tenido mucho que ver con este avance, porque organizaron asambleas, reuniones para hablar del tema y continuar la pelea. Es una organización sólida”, destacó Yashir Salvatierra, ahora convertido en el principal dirigente de la comunidad de Puerto Pérez.
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la colaboración del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), se superaron los últimos obstáculos. La partida de reconocimiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fue emitida en febrero. Sin embargo, al documento le faltaba la firma del presidente Luis Arce.
El 11 de julio de 2025 por fin se hizo entrega del tan anhelado título de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II, con el que culminaron más de dos décadas de resistencia y reivindicando el derecho histórico del pueblo Tacana sobre su territorio. Por temas de socialización previa, no fue hasta este 20 de agosto, que se hizo pública la información de titulación.
La determinación tacana
Tacana II guarda una historia que refleja la fuerza de sus habitantes, allí, donde el río Madre de Dios y los bosques parecen interminables. Son más de 208 familias, alrededor de 900 personas, que aprendieron de sus abuelos a vivir en equilibrio con el monte: a sembrar sin arrasarlo, a cazar con respeto, a tomar lo justo de sus aguas.
Su historia también está marcada por la herida del despojo. Durante el auge del caucho, fueron arrancados de sus chacos y obligados a trabajar en barracas gomeras, sometidos a un régimen que rozaba la esclavitud. Décadas más tarde, la extracción maderera repitió la historia: concesiones forestales que se adueñaron de los árboles y de la gente. La castaña, fruto emblemático de la Amazonía, tampoco estuvo libre de abusos, pues recolectaban bajo condiciones laborales injustas, cargando sobre sus hombros un peso que no se traducía en bienestar para sus comunidades.
En los años 80, la Central Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB) abrió el camino para que los indígenas reclamaran el derecho a sus territorios. Inspirados por esa lucha, en el 2001 las comunidades de Puerto Pérez, Las Mercedes, Toromonas y El Tigre presentaron formalmente su demanda territorial. La batalla no fue sencilla: debieron enfrentarse a los dueños de las barracas, a quienes finalmente lograron expulsar de sus tierras tras años de resistencia.
“Nosotros siempre vivimos aquí. Teníamos derechos y hemos luchado para que esta tierra sea nuestra. Cada uno de nuestros hijos ha visto desde distintos tiempos todo lo que hemos tenido que pasar para defender lo nuestro”, recuerda Rolando Salvatierra, exdirigente de la CITRMD. Las vivencias que ha tenido de vida en el territorio, en su boca, se convierten en historias que parecieran haber sido sacadas de un libro de aventuras.
Edgar García, el primer presidente de la CITRMD, recordó todo el trabajo que costó cumplir con los requisitos que se pedían para la titulación. “Gracias a Dios hemos conseguido apoyo para nuestros trámites y tantas otras cosas que encaminamos. Pero la verdad que no nos podían atender por el tema de la titulación (…). Entonces, presentamos los informes del INRA y decían que no se podía porque no estaba seguro en los territorios. fueron muchos obstáculos”, recordó.
Mientras tanto, la vida cotidiana de las comunidades refleja las dificultades de habitar en estas tierras aún sin servicios básicos. Ninguna de las cuatro comunidades cuenta con electricidad instalada y dependen de generadores que funcionan a gasolina. Su transporte en barcazas también depende de este combustible, que actualmente los indígenas consiguen a precios que superan los 20 bolivianos cada litro.
“Todos los comunarios siempre esperamos la titulación. Ha habido mucha lucha de por medio, hemos salido en marcha hasta La Paz. Defendemos nuestra tierra porque en ella vivimos, de ella nos alimentamos. También nos han apoyado diversas organizaciones, pues gracias a ellas pudimos hacer las gestiones para realizar este trámite. Sabemos que tenemos mucho por delante, pero estamos preparados para defender nuestro territorio”, afirmó Tania Rosales, de la comunidad Toromonas.
Tampoco tienen acceso a agua potable, sin embargo, aprendieron a armonizar el uso del recurso que les llega a través de las vertientes, que cuidan y utilizan con moderación. Una gran mayoría también tiene instalados servicios sanitarios ecológicos. Respecto a los residuos, también aprendieron a gestionarlos y en su mayoría se recicla.
“Estamos mejor que años anteriores. Tenemos lo que tanto hemos anhelado. Ya lo hemos logrado. Las mujeres, en todo este proceso, han estado acompañando la lucha. Ahora tenemos el reconocimiento sobre nuestro territorio y lo vamos a transmitir a las nuevas generaciones”, sostuvo Silvia Aguirre, de la comunidad El Tigre.
Hoy, más de veinte años después de iniciar la demanda, el pueblo Tacana II celebra un hito histórico: la consolidación jurídica de su territorio ancestral. No es solo un papel con un número de hectáreas; es la garantía de que sus hijas e hijos podrán seguir pescando en los ríos, caminando por los senderos del monte y recolectando castaña bajo sus propias condiciones, sin patrones ni concesionarios imponiendo reglas.
“Esta lucha ha trascendido varios gobiernos. Es un hito en beneficio de la juventud que ahora está llegando. Para nosotros nuestro territorio es nuestra vida. Tenemos diversidad de fauna y bosques casi intacta y así queremos mantenerlo para todas las familias de nuestras comunidades”, finalizó Mejía.
Y mientras ellos armonizaron su vida con la naturaleza, en el camino por su titulación, se enfrentaron a la oposición de madereros, empresarios, castañeros y, más recientemente, a la amenaza de la minería ilegal. Pese a las adversidades, las autoridades indígenas mantuvieron una posición firme, respaldadas por el apoyo inquebrantable de las familias y organizaciones aliadas, entre ellas, la Fundación TIERRA, que jugó un papel estratégico durante estos últimos años.
El territorio Tacana II está ubicado en el municipio de Ixiamas de la provincia Abel Iturralde, en el norte de La Paz, en la región del río Madre de Dios. Limita al oeste con el Parque Nacional Madidi; al norte-oeste con la Reserva Natural de Vida Silvestre Manuripi, y colinda con el vecino país de Perú. Su ubicación lo convierte en un corredor ecológico para fauna amazónica y modos de vida de caza, pesca, recolección y agricultura tradicional. La organización tiene cuatro comunidades: Puerto Pérez, Las Mercedes, Toromonas y El Tigre.
Solo se accede por vía fluvial desde Cobija (Pando). El trayecto incluye cinco horas por carretera de tierra hasta Chivé y luego media hora en bote por el río Madre de Dios hasta Puerto Pérez. Desde allí, se llega a Las Mercedes en moto (20 minutos por senderos) o en bote por el arroyo Asunta. El Tigre y Toromonas requieren entre ocho y diez horas de navegación, desviándose por afluentes y arroyos amazónicos.
La extensión total demandada en 2001 estaba sobre las 368.583 hectáreas. En 2021, el gobierno, mediante la resolución administrativa INRA RA-ST N° 0026/2021, reconoció 272.379 hectáreas. Sin embargo, el trámite para culminar con la emisión del certificado oficial nuevamente se estancaría cuatro años más, por la suposición de la existencia de pueblos no contactados en la región.
FUNDACIÓN TIERRA
