El abogado Rodrigo Herrera advirtió que el artículo 152 de la propuesta del nuevo Código Minero permite actividades en cuerpos de agua de forma previa y restringe si el Estado central declara la zona de importancia hídrica.
Según el experto, esa postura contradice el artículo 376 de la Constitución, que ordena evitar cualquier acción en las nacientes y tramos intermedios de los ríos en detrimento a la vida y a la sociedad.
«Esa formulación deja fuera a municipios, comunidades indígenas y otras entidades estatales. Las operaciones cerca de tomas y nacientes quedan habilitadas mientras el nivel central no declare la zona protegida», expresó en RTP Informa.
El abogado ilustró el riesgo de labores mineras cerca de fuentes de agua con el caso del proyecto múltiple Misicuni. Recordó que la Ajam y el Ministerio de Minería no informaron ni frenaron las actividades y solo reaccionaron luego de una denuncia pública de una diputada.
Aseveró que el artículo 34 de la Constitución faculta a autoridades ambientales, policiales y fiscales a actuar de oficio ante atentados a los recursos naturales.
Herrera advirtió sobre la carga de metales en el agua que ya afecta a la población y envenena a comunidades indígenas como en el norte de La Paz, entre ellas, los Esse Ejja, donde se registran enfermedades y muertes vinculadas al uso de mercurio.
Herrera remarcó que este proyecto de Código Minero no corrige la inacción, relega la fiscalización ambiental a un lugar secundario y condiciona la protección de los cursos de agua a una decisión del nivel central.
MRCM-RTP