Sandra Sánchez Calderón, Gerente Sectorial de Fiscalización Financiera de Contratos de Yacimientos de Litio Bolivianos, señaló que, tras tres años de negociaciones, el Gobierno busca concretar contratos para la construcción de plantas industriales. Las autoridades advierten que retrasar este proceso significaría perder tiempo y oportunidades de inversión.
Uno de los principales desafíos del proyecto es el uso del agua, debido a la alta demanda de la industria. Sin embargo, estudios técnicos han confirmado su viabilidad, con un consumo estimado de 2 millones de metros cúbicos anuales frente a una recarga de 18 millones. Esto garantiza que no se afectarán las cuencas hídricas, ya que solo se utilizará el 10% de la recarga anual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
El Estado se encargará de supervisar y fiscalizar todas las operaciones para asegurar un desarrollo sostenible y maximizar el beneficio económico para Bolivia.
El presidente de la cámara de diputados, Omar Yujra, ha advertido que, si la Asamblea Legislativa no aprueba los contratos para la industrialización del litio por razones políticas, el país podría perder ingresos millonarios y el proyecto se retrasaría al menos una década.
WILMA CATARI
PERIODISTA DEL SISTEMA RTP
