El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural, ha iniciado una investigación para identificar irregularidades en la cadena de comercialización de carne de res, tras el sostenido incremento en los precios de este producto básico. Según denuncias oficiales, al menos diez familias estarían controlando el mercado, generando una situación de especulación que afecta directamente a los consumidores bolivianos.
Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural, informó que, pese a múltiples reuniones con diversos sectores, no se ha logrado reducir el precio del kilo de carne a un nivel justo para las familias. Señaló que el sector ganadero no está contribuyendo a la baja del precio de la carne en pie, lo que repercute directamente en los altos costos observados en frigoríficos y mataderos.
“El pueblo boliviano no puede ser perjudicado por decisiones empresariales que priorizan las ganancias antes que el acceso a los alimentos”, advirtió Flores. Aseguró que, una vez concluida la investigación, se darán a conocer los resultados y se aplicarán las sanciones correspondientes si se comprueba algún delito económico.
Por su parte, Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, denunció que al menos diez familias estarían monopolizando la comercialización de carne de res, provocando diferencias de hasta 14 bolivianos por kilo entre distintas regiones. Mientras el kilo gancho se comercializa a 30 bolivianos en algunos frigoríficos, en zonas como Villa Fátima o Sucre puede alcanzar hasta los 44 bolivianos.
Silva explicó que estas ganancias desproporcionadas estarían beneficiando a intermediarios que, en muchos casos, prefieren exportar carne a países vecinos como Brasil, Argentina o Perú, dejando al mercado interno con precios similares a los del exterior.
Ante este panorama, el Gobierno plantea la creación de un comité interinstitucional con participación de gobernaciones y municipios, para frenar el agio y la especulación. Se busca replicar experiencias exitosas, como la del municipio de Guayaramerín, donde mediante una ley municipal se fijó un precio máximo de 30 bolivianos por kilo.
Además, se propone la elaboración de un estudio técnico para establecer precios justos, que no vulneren la libre oferta y demanda, pero que sí limiten los abusos del mercado.
WILMA CATARI
PERIODISTA DEL SISTEMA RTP
