El Comité Multisectorial anunció un conjunto de medidas para presionar a las autoridades a derogar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que, según sus integrantes, afecta el abastecimiento de alimentos.
Entre estas acciones destaca la convocatoria de una marcha desde Patacamaya a La Paz, programada para marzo, sin especificar la fecha, en la que se unirán organizaciones cívicas y gremios de diversas regiones.
En un comunicado emitido este martes tras una reunión en Oruro, el Comité Multisectorial señaló que, tras los ampliados multisectoriales celebrados en Santa Cruz, La Paz, Sucre, Tarija y Potosí, se ha evidenciado la incertidumbre y el riesgo que genera la aplicación de dicha disposición en la estabilidad del suministro alimentario.
Criticaron la “falta de voluntad” del Gobierno para derogar esta norma que, sumada a intervenciones que no han logrado resolver la escasez de productos, ha impulsado a los sectores afectados a tomar medidas de presión.
El comunicado establece que se exigirá al Órgano Ejecutivo y Legislativo la inmediata derogación de la disposición, y se convocará a una reunión entre los comités cívicos departamentales y el Comité Multisectorial para definir estrategias de acción conjunta.
Además, se prevé la realización de ampliados multisectoriales en el Beni y Cochabamba para ampliar el alcance del diálogo.
El presidente electo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, señaló que esta medida no tiene “ni un milímetro de política”, como acusa el Gobierno, sino que busca dar certeza al sector productor que se encuentra en emergencia.
“Nos han ofrecido soluciones parciales, pero el pueblo necesita respuestas integrales. No podemos permitir que decisiones unilaterales y mal informadas generen conflictos que perjudiquen a la sociedad”, concluyó el comunicado, haciendo un llamado a la participación de todos los sectores para enfrentar esta situación y defender la economía nacional.
El Comité Multisectorial enfatiza que, a través de estas medidas, se busca salvaguardar el derecho de la población a contar con un suministro estable de alimentos, promoviendo la unidad y el diálogo entre las diferentes organizaciones y sectores productivos del país.
(LA RAZÓN)
