Sociedad

La Aduana Nacional determinó el alejamiento inmediato de los servidores públicos que cumplían funciones en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru durante el ingreso irregular de 32 maletas. El presidente de la entidad, Alberto Soto de la Vía, confirmó la participación de la institución como parte querellante en el proceso penal. Esta decisión busca facilitar las tareas de fiscalización y asegurar que no existan obstáculos en el esclarecimiento de los hechos. El ejecutivo de la fiscalizadora manifestó que existe una política de cero tolerancia frente a conductas que vulneren la normativa vigente. Según el boletín oficial, la institución entregará toda la documentación técnica y las grabaciones de seguridad necesarias para identificar a los responsables de este ilícito. La entidad considera que los eventos registrados superan las faltas administrativas y entran en el ámbito de delitos penales como incumplimiento de deberes y encubrimiento. El proceso judicial avanza tras el hallazgo de sustancias controladas en un inmueble vinculado a un administrador de justicia, quien permaneció bajo custodia policial en las últimas horas. La Fiscalía sostiene que el cargamento guarda relación con el equipaje que evadió los filtros aduaneros en días pasados. Se espera que en la audiencia cautelar se defina la situación jurídica de los principales investigados, mientras la Aduana ratifica su compromiso con la transparencia institucional. (LA PRENSA)

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la anulación del pasaporte diplomático otorgado a la exdiputada suplente Laura Rojas Ayala y anunció el inicio de acciones penales en su contra por el presunto uso irregular de documentación oficial. La Cancillería precisó que el Pasaporte Diplomático Nº DE01266 fue emitido en septiembre de 2022 a solicitud de la Cámara de Diputados y que su uso estaba condicionado al ejercicio del cargo parlamentario. Pese a las gestiones formales y al compromiso de devolución, la exautoridad no restituyó el documento, incurriendo en una irregularidad administrativa. El pasaporte fue anulado de oficio el 13 de noviembre de 2025 y reportado ante INTERPOL y Migración, por lo que ya estaba inválido antes del ingreso de 32 maletas al país el 29 de noviembre. “El uso de un pasaporte diplomático anulado, así como la invocación de supuestas prerrogativas estatales para evadir controles aduaneros, constituyen hechos que deberán ser investigados y sancionados conforme a Ley”, señala el comunicado. La Cancillería instruyó el inicio de procesos penales contra la exdiputada y exhortó al Ministerio Público y a la Policía a profundizar la investigación sobre el ingreso de las maletas por el aeropuerto internacional Viru Viru. En paralelo, la Policía confirmó que entre el 28 y 29 de noviembre ingresaron más de 30 maletas al país. Posteriormente, la Fiscalía allanó un galpón vinculado inicialmente a un presunto caso de tráfico de armas, donde se hallaron 76 kilogramos de marihuana, derivando en una investigación por tráfico de sustancias controladas. AGENCIAS

Según el organismo estatal Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, el Gobierno iraní ha emitido un comunicado informando del primer balance de víctimas en el marco de las protestas que vive el país en las últimas semanas. El texto reconoce la muerte de al menos 3117 personas. Del balance total de víctimas, 2.427 son civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, desglosa la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán. Este organismo no ofreció información acerca del resto de fallecidos, pero el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, indicó que 690 de los muertos eran “terroristas, amotinados y aquellos que atacaron bases militares”. Esta justificación se corresponde con la explicación oficial de las muertes: la República Islámica acusa a mercenarios infiltrados apoyados por Estados Unidos e Israel de la violencia y la mayoría de muertes en las protestas. Por su parte, organizaciones de derechos humanos denuncian una brutal represión. De esta manera, la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán asegura que muchos de los muertos eran transeúntes que fueron asesinados a tiros, mientras que otros eran manifestantes “que fueron blanco de disparos de agentes terroristas organizados entre la multitud”. Muy distinta es la versión de organismos de derechos humanos de fuera de Irán, que denuncian que miles de manifestantes han muerto a causa de la represión estatal y dan cifras más elevadas de víctimas. (URGENTE.BO)

El Concejo Municipal de La Paz promulgó de oficio este martes una ley que deja sin efecto el servicio de parqueos tarifados implementado por la Alcaldía paceña. El Ejecutivo edil, sin embargo, aseguró que el sistema continuará en funcionamiento. “Estamos muy felices de anunciar una victoria que es victoria de la gente, de la ciudadanía, de las juntas de vecinos, de las actividades económicas, de los cuidadores de autos y de la paceñidad”, dijo la concejala Roxana Pérez del Castillo, en conferencia de prensa. Una de las principales observaciones al servicio señala que, a criterio de sus detractores, este impulsó concesiones de espacios públicos sin consulta previa a la población. “Estamos de acuerdo con las alianzas públicos privadas, con las concesiones y por supuesto hay que establecer una solución para la falta de parqueo en nuestros municipios, pero no a espaldas de la población paceña y no beneficiando solamente a unos cuantos a costa del trabajo honesto y muchas veces del día a día de la población paceña”, dijo Pérez del Castillo. Alcaldía afirma que el servicio se mantiene El director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, aseguró que el servicio de parqueo tarifado seguirá vigente, debido a que la ley promulgada por el Concejo no puede situarse por encima de un auto constitucional. Recordó que en noviembre del año pasado un fallo “modulado” de la Sala Constitucional Cuarta dispuso la restitución del funcionamiento del parqueo tarifado. “Hay una decisión de una sala constitucional. Cuando una sala constitucional emite un fallo, tiene el rango de la Constitución Política del Estado, por lo tanto se tiene que cumplir de manera obligatoria todos estos autosconstitucionales y las decisiones de las salas constitucionales, es de cumplimiento obligatorio”. Pendiente de publicación El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Jorge Dulon, informó que la norma fue promulgada debido a que el Ejecutivo municipal no lo hizo dentro del plazo establecido. “Lo que corresponde al Concejo Municipal, mediante su presidente, es que se pueda promulgar de oficio y eso es lo que ha sucedido”. No obstante, aclaró que la publicación de la norma corresponde al Ejecutivo municipal y que se aguardará dos días para ese trámite. “Es muy probable que el Ejecutivo no vaya a publicar la ley y entonces, en un par de días nosotros la deberíamos publicar en el Concejo”. El servicio de parqueo tarifado opera bajo el esquema de una alianza público-privada en seis zonas de la ciudad: Calacoto, San Miguel, Obrajes, Miraflores, Sopocachi y el Casco Urbano Central. (BRÚJULA DIGITAL)

Tras la salida de los medios de comunicación TELESUR y RUSIA TV de la grilla de canales de ENTEL por temas administrativos, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia expresó su preocupación y pidió respeto al derecho que tiene la ciudadanía de informarse mediante el medio el medio de comunicación que decida. En ese sentido, la presidenta de la ANP recordó que con el anterior Gobierno los medios de comunicación recibieron muchas restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión y esperan que en este nuevo ciclo no se repita. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Las víctimas de Senkata presentaron una queja formal ante la GIEI-Bolivia, luego de conocerse que la Asamblea Legislativa analizará un proyecto de ley que busca resarcir derechos a militares y policías sentenciados por los hechos de 2019. El representante legal de las víctimas, David Inca, lamentó que se pretenda “lavar la imagen de las Fuerzas Armadas” pese a que en El Alto murieron más de diez ciudadanos que defendían la democracia. Inca explicó que, en contacto directo con la GIEI, se entregó un documento que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa, advirtiendo que la iniciativa vulneraría los derechos de las víctimas fallecidas en Senkata, Sacaba y El Pedregal, quienes salieron a las calles tras la salida de Evo Morales para exigir la restitución democrática. En 2021 el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis de 2019, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual, y recomendó al Estado boliviano avanzar en acciones de reparación integral, justicia y reformas institucionales. ROSSÍO VÍA-RTP