Seguridad

La canciller de Bolivia, Celinda Sosa, convocó a los diplomáticos de las diferentes embajadas en nuestro país para solicitar que su gobierno envíe ayuda externa para atender los desastres naturales provocados por las intensas lluvias e inundaciones. La semana pasada, el Gobierno nacional declaró al país en emergencia nacional por las lluvias y de acuerdo a los últimos reportes los daños se registraron en los nueve departamentos y se estima que el monto total para atender todas las demandas sobrepasa 720 millones de bolivianos. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La audiencia del caso Golpe de Estado I, en la que se juzga al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, fue suspendida hasta el jueves 10 de abril. La decisión se tomó después de que la defensa de Camacho desistiera de convocar a declarar a los ex presidentes Evo Morales y Álvaro García Linera, así como al actual presidente Luis Arce. Según informó el abogado Jorge Nina, la defensa de Camacho decidió prescindir de la convocatoria de estos testigos y en su lugar presentó a otros dos testigos para declarar en favor de Camacho. La audiencia se reinstalará el 10 de abril, cuando la defensa del Ministerio de Gobierno presentará sus alegatos. La suspensión de la audiencia ha generado expectación y especulación sobre el desarrollo del caso. (LA PRENSA)

Este lunes 31 de marzo, el Consejo Nacional de Autonomías se reunió con la participación de autoridades de distintos niveles del Estado, incluyendo a ocho de los nueve gobernadores del país. Durante el encuentro, se acordó la creación de mesas de trabajo para coordinar la respuesta ante los efectos de los fenómenos climáticos y fortalecer la gestión de emergencias. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que la reunión concluyó con la firma de un acta que establece medidas clave. Entre ellas, se declaró como prioridad nacional la atención inmediata y coordinada de desastres en todo el territorio, en el marco de la Ley 602 de Gestión de Riesgos. Asimismo, se determinó la conformación de comisiones ad hoc en cada departamento, integradas por gobernadores, asociaciones de municipios, representantes indígenas y campesinos, además de ejecutivos regionales y equipos técnicos. Estas instancias estarán acompañadas por ministros designados y especialistas del Órgano Ejecutivo, con el fin de diagnosticar la situación, identificar necesidades y definir el destino de los recursos. Las comisiones también deberán coordinar acciones de respuesta, reconstrucción y prevención, priorizando la seguridad de la población. Un aspecto central del acuerdo es la solicitud de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el objetivo de disponer de fondos para enfrentar la emergencia climática. (CORREO DEL SUR)

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, informó que la mujer que conducía la vagoneta que el domingo atropelló a un adulto mayor en Pampahasi será sindicada por los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas. “El Ministerio Público, conforme la Policía boliviana haya procedido a la aprehensión de esta ciudadana, se emitirá la imputación formal por el delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Será el Ministerio Público quien solicitará la aplicación de medidas cautelares”, informó.  El accidente de tránsito ocurrió el 30 de marzo alrededor de las 06:40, cuando una vagoneta Toyota Rush, con placa de control 5755 HYD, se subió a la acera y atropelló a una persona de la tercera edad que caminaba por en la avenida Ciudad del Niño, a la altura de Samapa, en la zona de Pampahasi. Instantes después, se estrelló contra la pared de un inmueble La víctima, un hombre de entre 60 y 65 años que fue atropellado y falleció de forma instantánea, aún no ha sido identificada. Tórrez indicó que la sindicada se presentó para brindar su declaración informativa, pero se acogió a su derecho al silencio. “Estamos sujetos a los elementos de convicción, si efectivamente ha sido una falla técnica, humana o ha sido algo intencional, debemos descartar todo a efecto de emitir un pronunciamiento”, afirmó.  Además, indicó que el test de alcoholemia realizado a la conductora del vehículo arrojó un resultado de 0% de grado alcohólico. (BRÚJULA DIGITAL)

En una audiencia de medidas cautelares, la Justicia ordenó este domingo la detención preventiva del fotoperiodista Álvaro V. L. en el penal de Patacamaya, por el lapso de seis meses, por la acusación que pesa en su contra por violación a la periodista Nadia A. O, quien se quitó la vida el viernes. La audiencia cautelar se realizó la tarde de este domingo en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto. Este domingo, los familiares y amigos de Nadia A. O. enterraron a la joven periodista y le dieron el último adiós. La abogada de la familia de la víctima, Abril Zapata, precisó a Brújula Digital que la detención del acusado fue ordenada dentro del proceso que estaba pendiente en su contra, por violación. Acotó que el acusado permanece en calidad de aprehendido por los delitos de homicidio suicidio, los mismos que se dieron a raíz de que el proceso por violación no avanzaba. El viernes, la joven periodista se quitó la vida, debido a una depresión que sufrió después de ser víctima del delito, en septiembre de 2024. Según testimonio de sus familiares, Nadia presentó denuncias ante autoridades policiales y jurisdiccionales, pero no encontró ayuda, ya que su caso no avanzó. Según la carta póstuma que dejó la joven, la suboficial Delia Parra no la colaboró dentro de la denuncia, al igual que el fiscal Luis Alberto Bayón. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz pidieron sancionar a operadores de justicia y a los policías que no atendieron el caso de violación de la víctima. “Exigimos justicia y la aplicación de sanciones para las y los servidores públicos que menospreciaron la vida y dignidad de la periodista Nadia A.O.”, se lee en un pronunciamiento de los gremios periodísticos. “La Suboficial Sgto. 2do Delia Delmira Parra Yapita, al afirmar que la denuncia de Nadia “no procedería porque es su culpa”, no sólo la revictimizó, sino que despreció su dignidad al reducir su sufrimiento a una cuestión de “culpa” personal”, se indica en el pronunciamiento. En el caso del fiscal Bayón, los gremios periodísticos señalaron que “incurrió en grave negligencia al dilatar la imputación del presunto violador Álvaro V. y soslayar la verificación de pruebas, por tanto, no actuó en el marco de las funciones que establece la ley 260 que exige garantizar justicia a las víctimas”. (BRÚJULA DIGITAL)