Los asambleístas de Somos Pueblo, Israel Alanoca y Fernando Condori, presentaron ayer un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el que demandan tres acciones inmediatas. El cese de los magistrados autoprorrogados, el inicio de una auditoría jurídica a todas sus sentencias, resoluciones y autos que emitieron, además de la apertura de una denuncia penal por los delitos de Prolongación y Usurpación de Funciones y Resoluciones Contrarias a la Constitución y la Ley. “Ya existe en el Tribunal Constitucional al menos cuatro magistrados electos y legítimos, el memorial está dirigido a los magistrados que tienen la legalidad y legitimidad del pueblo boliviano. (Pedimos) primero decretar el cese inmediato de los cinco magistrados autoprorrogados. No puede ser que los nuevos magistrados, que el pueblo boliviano ha elegido este 15 de diciembre, puedan convivir con estos sinvergüenzas autoprorrogados que siguen en el Tribunal. Por eso lo primero que estamos pidiendo, en el marco del código procesal, es que ellos puedan decretar el cese de funciones de los cinco autoprorrogados, segundo estamos pidiendo que de oficio pueda iniciar una demanda penal por los delitos de prolongación y usurpación de funciones”, manifestó Alanoca. En el documento, dirigido a los magistrados posesionados Boris Wilson Arias López, Ángel Edson Dávalos Rojas, Amalia Laura Villca y Paola Verónica Prudencio Candia, los legisladores departamentales señalaron que el mandato constitucional de los magistrados electos en 2015, cesó el 2 de enero de 2024. Sin embargo, mediante la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, ellos mismos dispusieron su continuidad, una “autoprorroga de facto”. “La Constitución Política del Estado, en su artículo 183, establece de manera clara y categórica que el mandato de las autoridades judiciales es de seis años improrrogables. Este plazo culminó el 2 de enero de 2024, sin que existiera norma válida que justificara su continuidad en el cargo, empero, los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Karem Lorena Gallardo Sejas e Isidora Jiménez Castro, excediendo sus competencias prolongaron de facto su mandato mediante la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 y la SCP N” 0770/2024, decisiones contrarias al texto constitucional que generaron una crisis de legitimidad y desvirtuaron el principio de independencia judicial”, se lee en el memorial. Alanoca y Condori argumentaron que dicha resolución vulnera los principios fundamentales de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece límites claros para los mandatos judiciales y prohíbe su extensión indefinida. Además, citaron estándares internacionales como la Opinión Consultiva OC-028/2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que enfatiza la necesidad de plazos definidos para garantizar la independencia e imparcialidad judicial. Alanoca sugirió que los nuevos magistrados del TCP propongan una ley al Legislativo nacional, que habilite al suplente más votado para tener quórum mientras se elige a los magistrados que hacen falta. “¿Vamos a tener una Sala Plena con personas que ya no tienen ni funciones ni mandato?”, cuestionó el legislador departamental y advirtió que uno de los riesgos es que los magistrados electos y legítimos deban someterse a una mayoría ilegal, que ha demostrado responder a “intereses políticos”. RTP
