Internacional

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner solicitó al tribunal permiso para que no sólo pueda recibir visitas de sus familiares directos, abogados y médicos en la vivienda donde cumplirá los seis años de arresto domiciliario tras ser condenada por corrupción, un día después de que los jueces autoricen que puede salir al balcón. Según Fernández, las normas actuales contemplan un margen excesivamente limitado de visitas. «El resto de mis relaciones con el mundo exterior —amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida— cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización», denunció en la red social X. Por ello, sus abogados presentaron un nuevo escrito ante el Tribunal Oral en lo Penal Federal Número 2 para plantear una revisión de las «reglas de conducta» sobre visitas, alegando que «quienes cumplen su pena» en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley» y que la expresidenta «no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana». «Se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos», plantean los abogados en su escrito, compartido por la propia Fernández, que de esta forma busca seguir modificando los requisitos iniciales planteados por los jueces para autorizar el arresto domiciliario. En virtud de la condena, ya firme, la antigua mandataria también ha quedado inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. «De mis derechos políticos, mejor ni hablemos», expresó este viernes en su mensaje, en el que se ha preguntado si habrá una Constitución y Código Penal redactados «únicamente» para ella. (EUROPAPRESS)

Cristina Kirchner, dos veces presidenta de Argentina y hoy principal dirigente de la oposición, está desde este martes presa en su casa. Los jueces que la condenaron a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria y dieron inicio formal a la condena. También decidieron comunicarle su decisión con un escrito, ahorrándole el traslado hacia los tribunales federales, previsto para este miércoles. Neutralizaron así los efectos de “la manifestación popular más grande de la historia”, como había prometido el peronismo para acompañar a su dirigente hacia su destino judicial definitivo. El peronismo, principal opositor al Gobierno de ultraderecha de Javier Milei, había convocado para el miércoles a sindicatos, gobernadores afines y movimientos sociales a sumarse a una gran marcha que debía recorrer los cinco kilómetros que separan la casa de la expresidenta, en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, con el edificio de Comodoro Py, sede de los tribunales federales. “Queremos que no tenga inconvenientes con su prisión y vamos a ser garantía con una movilización permanente en las calles, hasta que vuelva a estar en su casa para cumplir la injusticia de esta condena”, dijo ante periodistas internacionales la secretaria general del Partido Justicialista (PJ), Teresa García. Los organizadores advirtieron de que habrá marcha aunque Kirchner finalmente no saldrá de su domicilio. Pausa a las guerras internas Se trata, en el fondo, de enviar un mensaje de advertencia a la Casa Rosada, pero también a las múltiples corrientes internas que hoy dividen al partido fundado por Juan Perón hace 80 años. Kirchner se atribuye para sí la responsabilidad de una reorganización tras el varapalo electoral de 2023 ante Milei, pero choca con las aspiraciones de aquellos que piden una renovación, como el gobernador de la poderosa provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La prisión de la expresidenta puso en pausa la guerra fratricida, sin que esté claro aún la solidez de la tregua. La justicia argentina condenó a Kirchner en la llamada causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, a favor de un empresario llamado Lázaro Báez, ya preso por corrupción. Báez era un humilde cajero de banco cuando se convirtió en millonario como empresario de la construcción de la mano de Néstor Kirchner, por aquel entonces gobernador. La semana pasada, la Corte Suprema rechazó todos los reclamos de la defensa de la expresidenta y dejó la condena en firme, sin posibilidad de apelación. La defensa de la expresidente sostuvo desde el primer día que estaba ante un caso de lawfare, es decir, el uso de la justicia como arma para perseguir políticos opositores. Su abogado, Carlos Beraldi, adelantó que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es un fallo que afecta al sistema democrático. La Corte ha establecido como criterio de imputación que se condene a un presidente por actos en los que no intervino, por estar separados de sus funciones”, como es la ejecución de obra pública, dijo. Desde el entorno de Kirchner ya daban por hecho que los jueces le concederían la prisión domiciliaria, un derecho que tiene por ser mayor de 70 años, pero que no es automático. En el sistema penitenciario federal argentino hay 12.000 presos, de los cuales solo 900 son mujeres. De todas ellas, solo una está en una cárcel común, condenada por trata de personas. Beraldi advirtió que la defensa no aceptaría “ningún tipo de humillación ni falta de respeto hacia una exmandataria y además mujer”. “Esperamos un trámite breve y que vuelva a su domicilio”, dijo ante corresponsales. Los jueces establecieron las condiciones de la detención en un fallo de 19 páginas. Kirchner “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”, dice el texto. También “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Este punto es especialmente importante. La defensa había pedido que no se le impidiese el uso del balcón desde el cual cada día Kirchner saluda a los manifestantes que se congregan en la calle para darle su apoyo. El texto no menciona nada al respecto, pero deja abierta la puerta a que su uso dependa de “la tranquilidad” de los vecinos. Por último, la expresidenta tendrá dos días para presentar “una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan”, quienes podrán acceder a su casa “sin necesidad de autorización judicial”. Cualquier dirigente político que pretenda hablar con ella tendrá que pedir permiso a los jueces. De lo que no hay dudas es que Kirchner seguirá haciendo política. (EL PAÍS)

Israel e Irán preparan nuevas agresiones que amenazan con agravar el conflicto. En una medida ya aplicada por las tropas israelíes en Líbano y Gaza, y que es ilegal según la legislación internacional, el ejército del Estado judío ha emitido una orden “urgente” dirigida a los ciudadanos de Teherán, en concreto del distrito 3, para que se vayan de inmediato porque van a lanzar bombardeos. “En las próximas horas, el ejército israelí actuará en esta zona para atacar la infraestructura […]. Su presencia en esta zona pone en peligro su vida”, ha amenazado a través de redes sociales un portavoz castrense habitual en este tipo de mensajes contra libaneses y palestinos y a los que ahora se suman iraníes. Como medida adicional, las fuerzas israelíes han atacado la televisión pública iraní. En una especie de juego del ratón y el gato, Teherán ha respondido, como hace con el lanzamiento de misiles, emitiendo a través de la Guardia Revolucionaria una orden de desalojo para los habitantes de una zona de Tel Aviv. Se refieren a Bnei Brak, un bastión de judíos ortodoxos cerca de donde ya cayó un proyectil, que mató a una mujer y destruyó un edificio el pasado sábado. En paralelo a esas amenazas, ambos países siguen lanzando ataques que mantienen cada vez más alejada la posibilidad de enfriar el conflicto a corto plazo. En las últimas horas, han muerto ocho israelíes: cuatro en Petah Tikva (afueras de Tel Aviv), tres en Haifa (norte) y otro en la zona de Bnei Brak. A ellos hay que añadir un centenar de heridos. Los tres de Haifa murieron por inhalar humo tras un ataque sobre una refinería ubicada en la estratégica bahía que acoge el mayor puerto del país y que Teherán lleva varios días asediando. Los cuerpos tardaron varias horas en ser rescatados. Tras el incidente, Yona Yahav, alcalde de Haifa, la tercera ciudad de Israel, ha declarado al Canal 12: “Nos alegraría que cerraran y se fueran”, en alusión a la instalación petrolífera. Entre los objetivos alcanzados por los bombardeos israelíes este lunes se encuentran también las instalaciones de la televisión estatal iraní. En redes sociales se ha publicado incluso un vídeo en el que una presentadora se ve obligada a abandonar el plató en el momento del impacto. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha confirmado la acción con un mensaje en su cuenta de X: “La autoridad de difusión de propaganda e incitación del régimen iraní fue atacada por las Fuerzas de Defensa de Israel tras una evacuación a gran escala de la zona circundante. El dictador iraní está paralizado en todas partes”. Poco después, el ejército iraní ha amenazado con ataques contra las sedes de los canales 12 y 14 de Israel y ha pedido a las personas que se encuentran en ellos que se alejen 500 metros. La República Islámica está lanzando contraataques diarios desde el inicio el pasado viernes de la ofensiva israelí. Desde entonces, los israelíes muertos son 21 y los heridos 631, según los servicios de emergencia. En Irán, los fallecidos superan los 220, entre ellos una veintena de altos mandos de las fuerzas de seguridad y científicos del programa nuclear. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha defendido la decisión de lanzar esta ofensiva —que define como preventiva— contra el que considera su mayor enemigo. Y ha afirmado que se encuentra en la senda de lograr sus “principales objetivos”, que son eliminar la capacidad iraní de obtener la bomba atómica y acabar con la amenaza que suponen sus misiles, según ha comentado durante su visita a unas instalaciones militares. La Fuerza Aérea Israelí afirma que ha logrado destruir un tercio de los lanzamisiles de Irán, según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Effi Defrin. “Desde el inicio de la operación, se han destruido más de 120 lanzamisiles, lo que representa un tercio del total de lanzamisiles del régimen iraní”, calcula. Asimismo, el ejército ha informado del asesinato de varios altos funcionarios de la Fuerza Quds, que forma parte de la Guardia Revolucionaria, incluido el jefe de la división de inteligencia de este cuerpo y su adjunto. Por su parte, el Gobierno de Irán insiste en que sigue siendo contrario a las armas de destrucción masiva, pero apunta, como medida de presión, a su posible abandono del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), según ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei. Esa medida eleva el temor a que Teherán avance en un programa que le permita desarrollar el arma atómica en un futuro. El organismo atómico de la ONU (OIEA) acusó a Teherán la semana pasada de no respetar los términos de ese acuerdo. Nueva noche en vilo Como en días anteriores, decenas de misiles lanzados por el régimen de los ayatolás alcanzaron territorio israelí en plena noche. Algunos burlaron la defensa antiaérea, según pudo observar EL PAÍS en Tel Aviv, a orillas del Mediterráneo. Sosteniendo a su perra por la correa, Marina dejó atrás su apartamento en el centro de la ciudad en la madrugada de este lunes. Siguiendo el protocolo, acudió a una zona segura cuando saltaron las alarmas. Poco después, un misil impactó a unos 100 metros del bloque en el que habita junto a su pareja. “Sonaron las sirenas sobre las tres o las cuatro, no me acuerdo, y corrí al refugio subterráneo, donde llevo la última hora. Mi edificio está en pie, pero mi departamento no tiene ventanas y está con todas las cosas caídas”, explica, refiriéndose a los efectos de la onda expansiva, esta mujer que llegó de Argentina hace tres años. Tras la cinta policial que marca el perímetro del impacto, se observan, al menos, tres inmuebles con graves daños a apenas dos centenares de metros de la playa. La elevada amenaza iraní mantiene a Israel en estado de emergencia. La principal compañía aérea, El Al, ha ampliado una semana más la suspensión de sus vuelos, hasta el 23 de junio. Decenas de miles de personas se han quedado atrapadas sin poder salir y esperan la reapertura

El Ejército israelí anunció este viernes el lanzamiento de misiles por parte de Irán contra su territorio en medio de la escalada entre ambos países, según un comunicado castrense. «Hace poco el Ejército identificó misiles lanzados desde Irán a territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están actuando para interceptar la amenaza», recogió el comunicado. (EFE/CORREO DEL SUR)

La inflación continúa desacelerando en Argentina. Los datos oficiales informados este jueves señalan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un alza del 1,5% en mayo último. La inflación interanual fue del 43,5% y, en lo que va de 2025, los precios aumentaron un 13,3%. Se trata del mismo valor mensual alcanzado en mayo de 2020, al inicio de la pandemia. “La inflación más baja de los últimos cinco años”, celebró el Gobierno de Javier Milei. El mandatario y su ministro de Economía, Luis Caputo, no ahorraron elogios mutuos. “Tenemos el mejor presidente del mundo”, señaló el segundo en sus redes sociales. Mientras culmina una gira internacional que ahora lo lleva de Israel a España, Milei le respondió también en la red X: “Luis Caputo, el mejor ministro de economía de la historia argentina… por lejos”. Funcionarios y seguidores del Gobierno ultraderechista celebraron en términos similares. En marzo pasado, el IPC había trepado a su valor más alto en siete meses y había tocado el 3,7%. Pero ya en abril, después del levantamiento parcial de las restricciones cambiarias —el llamado cepo— y de un nuevo rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación había descendido al 2,8%. Este jueves, el Instituto de Estadísticas argentino (INDEC) confirmó la desaceleración que preveían la mayoría de las consultoras económicas y el propio Gobierno. El freno fue producto, en gran medida, de rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y transporte (0,4%), donde se registraron las menores variaciones de precios en mayo. Por el contrario, los rubros con aumentos superiores fueron comunicación (4,1%) y restaurantes y hoteles (3%). “La inflación en el mes fue la más baja desde mayo de 2020. Si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de la pandemia, la inflación mensual fue la menor desde noviembre de 2017”, destacó el Ministerio de Economía. “La variación interanual del IPC nacional fue de 43,5%, registrándose trece meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual fue la menor desde marzo de 2021″, añadió la cartera encabezada por Caputo, quien a título personal destacó que el resultado se obtuvo “sin cepo, corrigiendo precios relativos y con la economía creciendo al 6% anual”. Desde una perspectiva crítica para con el Gobierno, el centro de estudios CEPA advirtió que la inflación de mayo es “el reflejo de las políticas orientadas a ‘planchar’ el tipo de cambio’, la moderación en el precio de la carne”, la baja en los precios de frutas y verduras estacionales, así como de “un consumo que no repunta” y de los topes fijados por el Ejecutivo a las subas de salarios, tarifas de servicios, combustibles y medicamentos. La merma del índice de inflación es el principal objetivo de la política económica de Milei. Con eso en la mira, esta semana su Gobierno anunció un paquete de medidas para alcanzar el nivel de reservas internacionales pactado con el FMI, como parte del programa de facilidades extendidas por 20.000 millones de dólares que el organismo le otorgó en abril pasado. Entre esas medidas, destacan nuevas tomas de deuda que podrían alcanzar los 7.000 millones de dólares este año y la flexibilización de los controles para el ingreso y el egreso de divisas en el país. El propósito del Ejecutivo es conseguir fondos que fortalezcan las reservas del Banco Central, pero sin comprar moneda extranjera en el mercado de cambios, para mantener controlada la inflación con el ancla cambiaria —la apreciación del peso argentino frente al dólar—, al menos hasta las elecciones legislativas nacionales de octubre. El FMI celebró este jueves los medidas de Milei. “Apoyamos las recientes medidas anunciadas esta semana por el Banco Central y el Ministerio de Economía, ya que representan otro paso importante en los esfuerzos por consolidar la estrategia de financiación del Gobierno para la desinflación y la reconstrucción de reservas”, afirmó la portavoz del multilateral, Julie Kozack. “Se espera que el exitoso reingreso del Tesoro a los mercados de capitales y otras medidas para movilizar financiación para Argentina impulsen las reservas y la estabilidad general del país”, dijo Kozack, en una conferencia de prensa. Además, la directora de comunicación del FMI confirmó que “una misión técnica visitará Buenos Aires a fines de junio para evaluar el progreso en las metas y objetivos del programa y también para discutir la agenda de reforma futura”. De la evaluación que haga el board del Fondo depende la erogación del siguiente tramo del rescate: el desembolso inicial fue de 12.000 millones de dólares y el siguiente debería ser de 2.000 millones. (EL PAÍS)

La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial y política.  «Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley», agrega.  La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días. La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado. El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre. Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra. La causa por la que fue condenada, conocida como ‘Vialidad’, investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).  La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.  En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo. En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan «libres» por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad». (CORREO DEL SUR/EFE)

Alemania pidió a Rusia que respondiera a la propuesta de alto el fuego antes de la medianoche del lunes o se enfrentaría a nuevas sanciones, según declaró el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius, durante una sesión informativa celebrada a primera hora del día. Berlín advirtió a Moscú de que si el Kremlin no acepta la propuesta de Ucrania y sus aliados europeos, se prepararán e introducirán nuevas sanciones más duras. «El reloj sigue corriendo: aún nos quedan 12 horas hasta el final del día « , declaró Kornelius hacia el mediodía, añadiendo que Berlín está coordinando con sus socios europeos la imposición de sanciones adicionales. Durante el fin de semana, el presidente ruso, Vladímir Putin, no respondió al plan de alto el fuego y, en su lugar, ofreció a Ucrania mantener conversaciones directas en Estambul el jueves. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió que está dispuesto a viajar él mismo a Turquía para reunirse con Putin. Reiteró la propuesta de Ucrania de un alto el fuego completo e incondicional a partir del 12 de mayo antes de las negociaciones. El Kremlin no ha respondido a la propuesta de Zelenski de celebrar una reunión cara a cara entre ambos líderes. (EURONEWS)